El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil.
Esto es lo que expresa la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del propio Ministerio Público cuando define cuáles son sus funciones y atribuciones, de allí que es importante destacar el rol de este organismo a quien la carta magna le otorga la titularidad de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular
De allí que basta conocer la esencia de un organismo como el Ministerio Publico para colegir que sus miembros o integrantes deben responder a requisitos muy precisos y necesarios, no solo en lo que se refiere a la edad y su naturaleza peruana de nacimiento, sino a un atributo que señala la ley con precisión y es el que se refiere a “gozar de una conducta intachable”.
En efecto, llevar la medalla del Ministerio Público en el pecho responde a una condición sumamente importante y que exige suma responsabilidad por parte de quien la ostenta, determina que ese profesional que ha recibido la investidura es un magistrado que debe responder a la altura del rol que cumple en la sociedad.
Por ello es que preocupa que en los últimos tiempos los magistrados han perdido nivel y calidad en el campo personal y profesional, hoy por hoy los magistrados no cuidan esta condición y se han sucedido una serie de casos en los cuales la institución ha debido responder con celeridad para disponer su alejamiento de la institución.
Uno de estos caso se ha registrado la semana pasada en Huaraz, en donde en el marco de una celada ha sido detenido un Fiscal Provincial que labora en esa ciudad, en circunstancias que había cobrado una coima de dos mil soles que había solicitado a un litigante con la finalidad de mediar en una denuncia que había formulado.
Se trata del fiscal Danny Iván Llerena Huamán, de la Sexta Fiscalía Penal de Huaraz, quien fue intervenido por la fiscal superior Azucena Mallqui, de la Fiscalía de Control Interno, con apoyo de la Policía Nacional en una celada que se realizó en el interior de la empresa de transportes El Rápido a donde llegó el magistrado para recibir el dinero personalmente.
La denuncia en su contra fue de un ciudadano de la provincia de Mariscal Luzuriaga a quien el fiscal le pidió el dinero a cambio de no archivar la investigación en la denuncia que presentó contra el alcalde de Musga.
De acuerdo a lo que fue materia de información, este ciudadano había denunciado al alcalde por uso indebido de los vehículos ediles para el proselitismo electoral, el caso había pasado de prevención del delito a la Fiscalía anticorrupción, empero, cuando acudió a averiguar cuál era el estado de la pesquisa se enteró que la denuncia sería archivada y fue entonces que aparecieron los pervertidos de la corrupción.
Un abogado le dijo que podía llegar al Fiscal a través de un colega suyo, de tal suerte que tras haberse supuestamente entrevistado con el magistrado responsable, el abogado le informó que su conocido, el Fiscal Danny Llerena Huamán, señalaba que pedían 20 mil soles para dar curso a la denuncia pues supuestamente el alcalde denunciado estaba ofreciendo 25 mil para archivarla.
Lejos de buscar la manera de hallar el dinero o de someterse a este pueril manejo de corrompidos, el denunciante asqueado por la manera como se trafica con las resoluciones que deben emanar de un organismo impulsor de la acción penal como es la Fiscalía, decidió dirigirse a los organismos superiores para denunciar este hecho.
En la Fiscalía de Control Interno lo instruyeron para montar una celada, a efectos de seguirle el plan de los corruptos y poder pescarlos con las manos en la masa y así se hizo, fue el propio Fiscal Danny Llerena quien abandonó las celebraciones de su onomástico en su domicilio para dirigirse a cobrar la coima, por ello la Policía y la Fiscalía lo capturaron en delito flagrante.
Por estos hechos ha sido ya confinado en el penal de Huaraz, el Juez anticorrupción ha dictado la prisión preventiva y asumimos que se le seguirá un proceso penal inmediato al haber sido detenido en flagrancia de delito, al margen del proceso disciplinario que se debe haber instaurado en el Ministerio Público a efectos de determinar su destitución como corresponde.
Es lamentable que tengamos que informar casos de esta naturaleza, de la presencia de sujetos con inclinaciones delincuencias que se han infiltrado en el Ministerio Público aprovechando una condición profesional que no se entiende como se obtuvo pues es evidente que esta gente carece de valores y, por el contrario, son individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo para beneficiarse del cargo.
Afortunadamente en el Ministerio Publico de Huaraz se han mostrado dispuestos a no entregarle un centímetro de ventaja a estos malos profesionales que lo único que consiguen es sembrar de dudas la credibilidad de la institución, no se puede soslayar que ha sido una Fiscal Superior la que se encargó de realizar la celada, se mostró dispuesta a sorprender al individuo aun cuando se encuentre delante de un colega que ha delinquido aprovechando la investidura que ostenta.
Llerena Huamán no es el primer magistrado que cae en flagrante delito de corrupción y seguramente no será el último, por ello es primordial alentar a los litigantes y abogados que denuncien a los magistrados corruptos pues para ellos la ley tiene reservada una drástica sanción, no solo se le tiene que desterrar de lPa función pública, sino que el responsable debe pagar con la restricción de su libertad este atrevimiento y promover la corrupción en desmedro de su propia institución por haber contribuido a dejar una imagen desdibujada del Ministerio Público. La justicia tiene que se implacable contra estos pésimos elementos.