Editorial

EDITORIAL ::UNA FASE DECISIVA::

Hace dos meses, cuando el plazo legal estaba por vencerse, el Fiscal Supraprovincial Elmer Chirre Castillo, quien tiene a su cargo la investigación del emblemático caso La Centralita, presentó su requerimiento acusatorio y los medios de comunicación dieron a conocer solo algunos detalles del mismo en la medida que se trataba, hasta entonces de un documento reservado.

Por ejemplo se pudo conocer que para el principal implicado en este proceso, como es César Álvarez Aguilar, se estaba solicitando se le aplique una pena de 30 años de cárcel como cabecilla de esta organización y que el documento era tan pero tan extenso que contenía nada menos que millar y medio de folios.

Por ello es que, por entonces, todo eran especulaciones, no existía información oficial que pudiera entregarse con responsabilidad y sin sensacionalismos, hasta que la semana pasada se pudo conocer que recién, sesenta días después de haber sido entregado, este documento ha sido finalmente notificado a las partes.

El dictamen acusatorio del representante del Ministerio Público ha llegado a manos de las partes con la finalidad de poner en marcha la fase intermedia del proceso, es decir, aquella en la cual los abogados defensores pueden plantear observaciones y cuestionamientos al trabajo realizado por el Ministerio Público, pueden plantear medios de defensa y hasta pueden añadir, como última oportunidad, algún medio probatorio que no se cuente en el expediente.

De allí que se entiende entonces el tiempo que se ha tomado el Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo de la Juez María de los Ángeles Álvarez Camacho, para tramitar este documento que, por mandato de la ley, se debe entregar a cada una de las partes involucradas y si se tiene en cuenta que se trata de 81 investigados, ya se podrán imaginar cuantas copias han debido trasladarse en el acto de la notificación.

Por ello es que la última semana se ha podido conocer con certeza que finalmente el Fiscal ha formulado acusación a quienes se consideran “el cogollo” de la organización criminal y que acompañaron a César Álvarez en esta aventura llamada “Centralita”, como por ejemplo, el ex congresista Heriberto Benites Rivas; el ex gerente regional Hernán Molina Trujillo y el ex asesor, el mayor PNP en retiro, José Luis Carmen Ramos., para quienes igualmente está solicitando se les imponga 30 años de carcelería.

De la misma manera, están comprendidos en este documento acusatorio el ex alcalde del Santa Luis Arroyo Rojas, el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de Ancash, Dirsse Valverde Varas, el ex asesor y camarógrafo Jorge Burgos Guanilo, la ex gerenta de la Sub Región El Pacífico, Verónica Bermúdez Rodríguez, quien se encuentra prófuga de la justicia y quien tiene una acusación de 23 años de cárcel.

Además el empresario Martín Belaunde Lossio, el ex congresista Víctor Crisólogo Espejo quienes tienen un pedido de 22 años de prisión efectiva, el hermano del ex gobernador regional, Ángel Javier Álvarez Aguilar y el miembro de seguridad, Antonio Jesús Rodríguez Meyzen a quienes solicita con 20 años de prisión efectiva, mientras que el abogado “comando” y actual prófugo de la justicia que purga una condena de cinco años, Luis Arroyo Guevara registra un pedido de 18 años de cárcel.

El ex chofer del ex gobernador, Abel Ramírez Huayaney y el ex jefe de imagen de la Sub Región El Pacífico, Felipe Bermúdez Mendieta también han sido comprendidos al igual que la comunicadora Kelly Pineda Bermúdez, el ex miembro de seguridad, Hugo Raúl Mayo Cortez y el ex consejero regional Martín Espinal Reyes no podían faltar en esta acusación kilométrica del representante del Ministerio Público.

Entre muchos otros aparecen en la misma relación el ex dirigente de construcción civil Víctor López Padilla, el contratista Binci López Sánchez la esposa del ex presidente regional, Milagros Asián, quien se encuentra en la clandestinidad y los periodistas “comandos” Juan Espinoza Linares, Nelson Vásquez Baca, Rosa Alicia Olivares de la Cruz y Miguel Revilla Yengle fueron acusados con 11 años de pena privativa de la libertad.

La lista es interminable en la medida que son 61 investigados a los cuales el Fiscal ha encontrado pruebas suficientes como para sostener los cargos delictivos, mientras que otras 20 personas podrían quedar al margen de este caso en la medida que el magistrado ha solicitado para ellos se dicte un auto de sobreseimiento, es decir, que se les archive la causa por los delitos que se les imputaban.

Este extremo aún deberá ser materia de debate en la audiencia de control de acusación en la cual el Juez evaluará los argumentos del Fiscal y decidirá si estos 20 investigados quedan definitivamente separados de la causa o dispone que se eleve este extremo al Fiscal superior porque considera que existe alguna circunstancias por la cual deben pasar a Juicio oral que es la siguiente fase de este proceso.

Lo cierto es que con la voluminosa acusación de la Fiscal, el caso La Centralita ha encontrado la ruta a seguir, ciertamente con mucha lentitud pero con la certeza que este caso no ha sido olvidado y responde a la sed de justicia que clama un pueblo como el de Ancash que se vio desbordado por la actuación pública de funcionarios que orquestaron un bunker político desde el cual se direccionaron los psicosociales para atacar o acosar y perseguir a los enemigos políticos del ex presidente regional.

Obviamente, seguiremos escuchando los “cantos de sirena” de abogadas que creen que los chimbotanos nos chupamos el dedo y siguen sosteniendo que la centralita es una leyenda urbana o un invento de los enemigos del ex presidente regional, esa es solo una necesidad, quien más que los chimbotanos que quedamos como mudos testigos en este juicio penal sobre la efectiva existencia de este enclave político desde el cual se compraron muchas conciencias y se manipuló a varias instituciones.

Esperemos que las siguientes actuaciones consigan una tramitación mas diligente, por lo pronto ya corren los plazos para las observaciones de ley y seguramente en las próximas semanas ya debe fijarse fecha para la primera audiencia. Allí estaremos.