PLAZO
Ya han transcurrido 12 días desde que el Gobierno solicitara un plazo de solo 10 para pronunciarse respecto a los contratos de adjudicación petrolera suscritos por Pedro Pablo Kuczynski apenas cinco minutos antes de dejar Palacio de Gobierno y hasta el momento no se dice nada al respecto. Muchos deben recordar que la congresista María Elena Foronda anunció que en 10 días el gobierno anulaba los contratos petroleros, empero, muy pronto la aclararon y le indicaron que el plazo era para que evalúe que hacer con esos contratos, su viabilidad, su legalidad y su compatibilidad. Justamente, anteayer jueves el flamante Vice Ministro de Energía y Minas, Eduardo Guevara, estuvo en el Congreso de la República y repitió el mismo tenor que ya conocemos, es decir que el gobierno sigue evaluando los cinco decretos que dejó PPK y que representan no solo una papa caliente sino una bomba para la gestión de su sucesor Martín Vizcarra. Ello porque la Contraloría General de la República ha emitido un informe respecto a la adjudicación de los lotes petroleros a la empresa Tullow Oil y en ellos señala que no se ha hallado ninguna irregularidad en su emisión, con lo cual no existe algún argumento del cual se pueda coger el Ejecutivo para dejarlos sin efecto o, por lo menos, en suspenso ante las protestas de los pescadores artesanales de todo el litoral. Lo más grave es que ante esta incertidumbre ha entrado a tallar la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que reúne a los grandes barones de la minería del país y que ha emitido un pronunciamiento presionando al ejecutivo en el cual emplaza al Gobierno a no poner trabas a este asunto. “Suspender o derogar los decretos supremos que autorizan la suscripción de los contratos será una mala señal que generaría gran temor y sembraría dudas entre las empresas interesadas en invertir en hidrocarburos en nuestro país” señala el comunicado del gremio. Claro, a estos grandes señores les interesa un comino el medio ambiente, por ello si es que quieren que exista estabilidad que también cumplan con los requerimientos de la ley y acrediten los estudios de impacto ambiental y los planes de contingencia que garanticen que no habrá un colapso ecológico en el mar. Veremos que sucede porque el plazo (y nuestra paciencia) ya se agotó.
INDICIOS
El congresista Carlos Domínguez Herrera llegó ayer a la sesión de la Comisión de Salud en nuestra ciudad y, al margen de los debates relacionados principalmente con la obra del hospital La Caleta, fue entrevistado por la prensa local entorno a una serie de encuentros que ha sostenido con el gobernador regional Luis Gamarra Alor. Mucho más diplomático y absolutamente distante de la vehemencia en el vocabulario que se transmite en sus nota de prensa, Domínguez no quiso responder cuales eran los actos de corrupción que endilga a la gestión de Luis Gamarra y que fueron la razón por la cual se nombró una comisión investigadora en el congreso de la república. Los periodistas fueron claros al preguntarle cuales eran los casos de corrupción específicos por los cuales trataba a la gestión de Luis Gamarra al mismo nivel que la de César Álvarez (eso es lo que hemos escuchado todos) y solo respondió que se trata de “indicios”, hay documentación que ha recibido en su despacho sobre actos en la gestión de Gamarra que se tienen que investigar, al extremo que señaló que el Gobernador debe responder y si consigue explicar el asunto queda allí. Bueno, ahora nos viene con indicios cuando siempre se refirió a pruebas, incluso, en la comisión de salud habló en ese tono y por ello designaron una comisión investigadora.
VILCATOMA
Precisamente, la comisión investigadora que se encargará de este caso de la región Ancash la presidirá la congresista Yeni Vilcatoma según ha señalado ayer el congresista Domínguez, incluso, en Huaraz afirman que es una garantía porque ella ya investigó a la corrupta gestión de Álvarez y conoce el tema de Ancash. Que sepamos la congresista Yeni Vilcatoma jamás se ocupó de casos de corrupción del gobierno regional, cuando fue Fiscal Provincial adjunta en Chimbote estuvo a cargo del Caso La Centralita, cuando estaba aún en ciernes y fue ella quien denunció que era víctima de amenazas y de acoso por parte de gente vinculada a los investigados, fue ella quien remitió la carpeta a la Fiscalía de la Nación para que se investigue a nivel de la Fiscalía de Crimen organizado que no existía aun en Chimbote pero el ex Fiscal de la Nación José Peláez Bardales (amigo de Álvarez) le devolvió el expediente. Justamente sus denuncias entorno a la falta de garantías de los magistrados fue lo que finalmente decidió a las autoridades trasladar la competencia de este proceso a la Sala Penal Nacional. Recuerdan o no?