Los ancashinos hemos sido testigos de la manera tan relajada y ventajista como se ha manejado el proyecto especial Chinecas desde que este fue transferido al gobierno regional y cuando fue tomado por las huestes del ex presidente regional César Álvarez Aguilar.
No por nada hay hasta tres exgerentes que se encuentran como prófugos de la justicia y otros tantos ex funcionarios que han pisado los presidios o escamotean las ordenes judiciales de captura, todo ello consecuencia de un manejo corrompido de sus recursos virtualmente dilapidados sin que se haya avanzado nada en la ejecución del proyecto irrigador en sus casi 40 años de existencia.
Esta es una terrible verdad de Perogrullo y por ello es que hasta la fecha no dejaremos de presenciar como la justicia viene ocupándose de todos aquellos que optaron por el escandaloso aprovechamiento y orquestaron toda clase de acciones vedadas para enriquecerse de manera ilícita.
Uno de estos casos ha sido resuelto la semana pasada por el Juez Efer Díaz Uriarte, quien había venido tramitando el juicio oral contra los ex funcionarios acusados de haberse coludido con una empresaria para sobrevalorar la compra de un lote de calaminas en perjuicio de la institución.
Ellos son César Antonio Ucañán Ibañez, Daud Miki Chávez Miranda, José Edwin Zúñiga Pereda y a la empresaria Rosy Mery Borda Ascón, todos los cuales han sido condenados a cinco años de prisión efectiva, luego que el magistrado diera a conocer los lineamientos de la sentencia que será leída íntegramente en una nueva audiencia.
El Juzgado ha expedido de inmediato las ordenes de captura para los sentenciados en la medida que ninguno de ellos se hizo presente a la diligencia y solo están apersonados a través de sus abogados que serán los encargados, asumimos, de impugnar el fallo a la espera de poder revertirlo en la instancia superior.
En este juicio también es procesado el ex gerente del proyecto irrigador, Arnulfo Moreno Corales, sin embargo, la situación de éste es de reo contumaz y se le reserva la condena hasta ser capturado, inclusive, este acusado se encuentra involucrado también en el Caso La Centralita en donde afronta otra grave acusación y tiene desde hace casi tres años atrás una orden de prisión pendiente de ejecutarse.
De acuerdo a los hechos se han sido materia de este juzgamiento, los imputados, ex integrantes del comité de adjudicaciones del Proyecto Especial Chinecas y la empresaria cómplice, Borda Ascón, el año 2010 se coludieron en la compra de calaminas de once canales a un valor de 85 soles cada hoja cuando su costo real en el mercado era de 22 soles, es decir, que sobrevalorizaron la compra casi 400%.
Este solo hecho nos da una idea de la manera como actuaban en la época de la red de corrupción de Ancash, no se detenían ante nada y ni siquiera reparaban en que estos movimientos escandalosos podrían ser objeto de una acción de fiscalización y tener que responder ante la justicia, como ha ocurrido ahora que la Contraloría revisó estos procesos de selección y detectó esta grosera colusión.
Por si fuera poco, ante los descargos de inocencia de los involucrados, la representante del Ministerio Público demostró con documentos ante el Juez que la misma empresaria había vendido las mismas calaminas a otros clientes del sector privado y todos ellos pagaron la suma de 32 soles por unidad, evidenciándose con ello la escandalosa sobrevaloración.
Pero la prueba fundamental en este caso se obtuvo del testimonio de la propia empresaria involucrada en este contubernio, quien ante el interrogatorio de la Fiscalía llegó a reconocer que este precio inflado fue propuesto por funcionarios del proyecto Chinecas, fueron ellos los interesados en pagar el exceso, evidentemente para sacar provecho del diezmo que se solía aplicar en estos procedimientos.
Así como estos se denunciaron una serie de hechos ilícitos en la gestión del hoy preso César Álvarez Aguilar, muchos deben recordar cómo la prensa independiente lidiaba sola contra los arranques y embates de quienes defendían ese régimen de corrupción y cómo es que se archivaron escandalosamente muchos de esas denuncias porque existía toda una red que se encargaba de blindar la corrupción.
Inclusive, paralelamente a este proceso de la venta sobrevalorizada de calaminas se encausaron otros, uno de los cuales fue el caso COFI Master de cuya secuela virtualmente nadie conoce porque la característica de estos procesos en los cuales se encuentra como agraviado el estado es que no existe quien defienda esos intereses.
Si los delitos fueron cometidos en agravio del proyecto Chinecas, quienes se encuentran en esta institución poco o nada les interesa la secuela del mismo, el Ministerio Público tiene una carga procesal inmensa y los involucrados consiguen muchas veces convencer a quienes tienen a su cargos esos juicios para que los dejen bien librados.,
Por ello es que no se conoce mucho sobre ellos, hasta que nos encontramos con este caso de las calaminas compradas en Chinecas y que ya ha sido materia de una condena que, nos imaginamos, llegaron en apelación a instancias superiores a pesar que los procesados se encuentran prófugos de la justicia.
Por lo menos, el brazo largo de la justicia no ha olvidado hechos de corrupción y de escándalo que matizaron la historia negra de la administración pública de Chimbote, está castigando a los responsables como corresponde y se espera que lo haga con todos los que aún están agazapados con la esperanza que tiempo haga olvidar a los ancashinos esa ominosa etapa que nos tocó vivir y obligue a los magistrados a tener que archivar las acusaciones por efecto de una prescripción.
Anhelamos que no se permita que esto último ocurra, entendemos que la justicia viene saldando cuentas con aquellos que hicieron escarnio de la honradez y moralidad, que está hurgando en viejas arrugas que nadie debe olvidar. Los que se burlaron de la buena fe de los ancashinos en la cárcel deben terminar.