La ex alcaldesa Victoria Espinoza García habría abandonado la ciudad antes que el Juez del Segundo Juzgado Unipersonal de Chimbote dictara sentencia condenándola a cuatro años de prisión efectiva, en otra palabras habría fugado a decir de la información que ha proporcionado el Jefe de la Policía Judicial.
Mientras tanto, el actual alcalde encargado de la comuna provincial del Santa, Julio Cortez Rojas, quien remplazó en el cargo a Victoria Espinoza por la decisión de este de postular al gobierno regional, ha decidido ocultarse para eludir una aprehensión en la medida que está incurso en la misma condena dictada la semana pasada en la Corte del Santa.
Paralelamente, dos altos funcionarios de la misma Municipalidad. Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez, también han quedado en calidad de prófugos de la justicia porque recibieron la misma pena y la orden de internamiento al penal de Cambio Puente.
Así las cosas cualquiera se podría preguntar ¿cómo queda la Municipalidad con el alcalde y los dos funcionarios responsables del área de obras ocultos y eludiendo el mandato judicial de captura? ¿Se pudo evitar esto?
Es evidente que muchos dirán ahora, a estas alturas, que era previsible, empero, cuando se dio el caso somos muy pocos lo que advertimos el serio riesgo que representa que un cargo público se encuentre a merced de quienes arrastran procesos judiciales por delitos que se han cometido en agravio de las mismas o similares entidades a las que aspiran.
Esto es parte de la gran polémica que existe a la fecha y que no se puede dilucidar a lo largo de los últimos años, es decir, cómo permitir que una persona que se encuentra procesada por delito de corrupción o en agravio del estado y entidades públicas puedan ser nuevamente candidatos a los mismos o similares cargos.
Decimos esto porque la ex alcaldesa y el alcalde Julio Cortez ya se encontraban investigados por los delitos que ahora vienen siendo materia de sentencias drásticas de condena a prisión efectiva cuando postularon a la alcaldía provincial del Santa allá por el año 2014, estos antecedentes no era desconocidos por el electorado.
Y desde entonces se afianzaba la polémica generada por los intentos de las organizaciones de lucha contra la corrupción por impedir que aquellos que cuenten con procesos penales puedan postular a cargos públicos, empero, jamás consiguieron nada, si no se pudo impedir que sentenciados por delitos de corrupción que hayan impugnado el fallo puedan presentar sus candidaturas, menos se podría hacer algo con quienes estaban siendo penalmente procesados en el Poder Judicial.
Esto se sustenta en la vigencia del principio de la presunción de inocencia, aquel que determina que a nadie se le puede acusar de algo mientras no haya sido condenado, por lo tanto quien está sujeto a un proceso penal, por mucho que existan pruebas fehacientes, sigue siendo un sospechoso mas no está inhabilitado para ejercer su derecho a elegir y ser elegido que dicta la Constitución Política del Estado.
Hace solo unos días se ha vuelto a poner en el tapete estos casos en la medida que la organización Transparencia ha detectado que hay algunos ciudadanos que han sido condenados por delitos contra el ejercicio de la función pública pero que están inscribiendo sus candidaturas porque alegan que la pena que se les impuso es por un delito de complicidad y no de autoría mediata o inmediata, algo que no contempla la ley cuando hace alusión a los requisitos para postular.
Esto quiere decir que mientras se busca la manera de eliminar sobre quienes recaen sospechosas de corrupción, aquellos consiguen hallar la manera de estar metidos en la parrilla electoral y son conscientes que apuntalando campañas en base al dinero pueden conseguir volver al mismo lugar en donde han presuntamente delinquido.
De allí que a la luz de los hechos, teniendo en cuenta que no solo Victoria Espinoza o Julio Cortez han merecido condenas judiciales sino muchísimos otros alcaldes, gobernadores o funcionarios de todo el país, es pertinente que los legisladores revisen las normas relacionadas con las compatibilidades para ser candidato a un cargo público y reconsideren aquella situación que viene permitiendo a muchos postular hasta desde un presidio, como ocurrió con el caso del ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos y como lo pretendía hace poco el ex titular de Ancash César Álvarez Aguilar.
Los ancashinos tenemos penosas experiencias en relación a estas candidaturas que llevan el sello de la duda y la incertidumbre, recordemos que en las elecciones pasadas la mayoría votó por el encarcelado ex gobernador Waldo Ríos Salcedo a sabiendas que arrastraba no solo procesos penales que podrían llevarlo a la cárcel, sino porque en ese momento se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado años antes por sus vínculos con el fujimontesinismo, pues fue acusado de ser uno de los congresistas topos que votó con la mayoría fujimorista a cambio de dinero.
Lo cierto es que Waldo Ríos ganó las elecciones y no pudo juramentar por una consideración legal, permitió con ello que quien asuma la responsabilidad fuera el inexperto Enrique Vargas Barrenechea quien no había tenido peor idea que engañarnos a todos los ancashinos al momento de postular al indicar que tenía estudios internacionales de cocina cuando se estableció que eso no era cierto.
Sabido es que tanto la ex alcaldesa como el alcalde Julio Cortez Rojas han gritado a los cuatro vientos su inocencia, han desafiado a la autoridad judicial a que investigue y seguramente censurarán el fallo del magistrado Efer Díaz Uriarte, empero, los resultados y la realidad nos dice otra cosa, que los procesos penales terminan en condenas.
La ex alcaldesa fue condenada por Enriquecimiento Ilícito, en proceso penal que la llevó a ocultarse once meses hasta que se anuló el fallo en medio de gran polémica, mientras que el caso “Nehalem” fue anulado y deberá retomar su fase de juicio oral en el curso de los próximos días, es decir, que sigue pendiendo allí una amenaza de nueva condena. Al margen de la forma como concluyan los juicios contra la ex alcaldesa, se tiene que convenir que en la legislación se debe cerrar la ventana por donde están ingresando aquellos que deben primero saldar cuentas con la justicia antes de demandar el apoyo de los electores a un cargo público. Esto se hace cada vez más evidente.