Esta vez no la pudo auxiliar ni el “Chapulin Colorado”. La congresista Yessenia Ponce Villarreal, quien para infortunio de los ancashinos lleva la representación de nuestra región, deberá hacer frente a un pedido de suspensión de 120 días sin goce de haber pues así lo ha dispuesto la comisión de ética del parlamento Nacional.
La semana pasada la mencionada comisión se reunió para debatir el informe final preparado luego de escucharse por varias semanas las declaraciones de las personas involucradas en el escándalo generado tras conocerse que la congresista hizo un depósito de 10 mil soles en la cuenta de un docente que es el mismo que le expedió un certificado de favor, así como para evaluar los documentos en la medida que los docentes que aparecen en ese certificado no existen.
Como prolegómeno, en la sesión anterior el país fue testigo del melodrama que hizo Ponce Villarreal luego de escuchar las declaraciones de quienes aparecen firmando como sus docentes cuando en realidad ni siquiera forman parte del magisterio, es una situación similar a quienes figuran como sus supuestos compañeros de aula pues no aparecen en el padrón del Reniec y ni siquiera se sabe quiénes son.
La congresista se puso a llorar diciendo y repitiendo que era una campaña en su contra, alegando que era muy pobre y por eso no puede demostrar que había estudiado y repitiendo una serie de lugares comunes que solo avergonzaron hasta los mismos colegas de su bancada que se cansaron de esperar una justificación de su parte.
Simple y llanamente, Yessenia Ponce nunca pudo demostrar la existencia de sus estudios porque no existen, ella apeló al fácil argumento de falsificar un certificado y lo hizo pagando a un docente sin pensar que las personas a las cuales utilizó para montar esta mentira no estarían dispuestas a seguir mintiendo ante las autoridades y la descubrirían en hechos que tienen innegables características delictivas.
La comisión de Ética, la misma que hizo un tremendo papelón hace algunos meses atrás cuando archivó la primera denuncia contra aquella por la falsedad de los documentos que mostró para justificar la falsa declaración contenida en su hoja de vida, esta vez llegó a la conclusión que los descargos que hizo la parlamentaria son inconsistentes, ni siquiera los documentos que ella esgrimió, como el oficio de una empresa de transportes en el que se indicaba que el día del depósito había viajado a Huaraz, pudo ser compulsado en la medida que cuando solicitaron el manifiesto de pasajeros se advertía que ella no figuraba por lo que no era cierto que estuvo fuera de Lima.
De la misma manera, las declaraciones de quienes aparecen como docentes fueron más que elocuentes, bastaba observar a quienes fueron llevados a declarar, no solo no eran profesores como lo indicaron ante los miembros de la comisión y no conocían ni en fotografía a la congresista, sino que por la edad que ostentaban era imposible que hayan sido profesores de la parlamentaria, a lo mucho pudieron ser compañeros de aula.
El fraude en el que se embarcó la congresista había quedado al descubierto hace mucho tiempo, por ello es que la comisión de ética no ha podido pasar por alto estas ilicitudes y ha decidido remitir los autos a la sub comisión de acusaciones constitucionales a efectos que califique la conducta de la congresista y determine si existen delitos que deben ser investigadas para los efectos de establecer su desafuero.
Este informe debe ser sometido a debate en el pleno para que se haga efectiva la sanción, empero, tras difundirse el acuerdo multipartidario que sella la suerte de la representante parlamentaria la pregunta que se cae de madura es ¿es esa propuesta la sanción que realmente se merece la congresista fujimorista?
Uno de los primeros que puso el grito en el cielo y que no vaciló en exponer públicamente sus diferencias ha sido el obispo de la ciudad, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, quien considera que Yessenia Ponce debe ser expulsada del Congreso de la República, no debe permanecer un minuto más en la representación nacional porque ha demostrado que no tiene la suficiente entereza moral para ostentar la investidura.
Y no se equivoca nuestro pastor en la medida que una persona que miente al país sobre sus calidades personal, que es capaz de adulterar una declaración jurada para aparentar que tiene estudios que no ha realizado y que, fundamentalmente, luego trata de justificar esa falacia fraguando documentos, no merece estar un minuto más sentada en un escaño de un parlamento nacional.
No entendemos como es que los congresistas de la mayoría fujimorista han podido “blindar” hasta la fecha a Yessenia Ponce que llegó al hemiciclo en base a mentiras y porque formaba parte de un movimiento político que arrasó con los votos en muchas jurisdicciones y por ello pudo colocar a gente sumamente descalificada.
No se puede soslayar, por ejemplo, que el ex gobernador de Ancash en este mismo periodo de gestión, Enrique Vargas Barrenechea, ha sido condenado a cárcel efectiva por mentir en su hoja de vida, por consignar datos que no son verdaderos y que ni siquiera estuvo en condiciones de justificar.
Es decir, se trata de la misma figura que hoy protagoniza Yessenia Ponce y el ciudadano de a pie se pregunta ¿Por qué no la denuncian si ha cometido el mismo ilícito penal? ¿Por qué solo se le impone una suspensión sin goce de haberes si ha faltado dolosamente a la verdad como lo hizo el ex gobernador de Ancash con la única intención de ganar votos y asumir una investidura que realmente no le correspondía?.
Los ancashinos estamos decepcionados de este parlamento nacional, no solo por las posiciones verticales e intolerantes que pone de manifiesto en otros temas de actualidad nacional, sino por la descarada protección que ha venido brindando a esta congresista que se ha burlado del país, especialmente de los ancashinos que expidieron un voto cerrado pensando que tenía calidades para asumir el cargo.
Como lo ha expresado el Obispo de la ciudad, la verdad es que estamos frente a una sanción insuficiente, un pedido de suspensión que involucra que después de cumplido el plazo volverá a sentarse a una curul parlamentaria. Esto es terrible, si hay un ex gobernador que ha pisado la cárcel por ello, no se entiende porque no se pone a la congresista en manos de la misma justicia que sabe cómo condenar realmente esta clase de actitudes avezadas y dolosas como la consignación de datos falsos en una hoja de vida. Esperemos se entregue a la embustera ante la justicia.