Atendiendo a las legales atribuciones que le confiere la ley, la Fiscalía anticorrupción de Chimbote incursionó la semana pasada en la vivienda del alcalde del municipio Distrital de Nuevo Chimbote, según dijo su titular, con la finalidad de valorizar el inmueble en el marco de la investigación que realiza por delito de Lavado de Activos.
La diligencia sorprendió a propios y extraños y no pudo pasar desapercibida en la medida que se realizó un generoso despliegue de seguridad a efectos no solo de dar cumplimiento a la misma, sino para impedir que nada perturbe a la misma.
Esto es lo que llamó la atención en razón que una diligencia de valorización de un predio no requiere mayores aspavientos, cercos policiales o despliegue de efectivos, salvo que existan razones fundadas de la autoridad para sospechar que las partes comprometidas pudieran adoptar alguna acción de violencia o de cualquier clase que pudiera perturbar el desarrollo de la misma.
Esto se hizo más extraño aun cuando el alcalde Valentín Fernández Bazán, quien es investigado por la Fiscalía junto a sus familiares por presunto delito de Lavado de Activos, declaró a los medios que estaban colaborando con la investigación y se había franqueado el ingreso de las autoridades en la medida que alega que no tiene nada que ocultar respecto a su patrimonio, inclusive, advertía que esta misma diligencia se había cumplido en la ciudad de Trujillo en una propiedad de sus padres que no tenían absolutamente nada que ver con él y con esa investigación, pero que permitieron que se realice a efectos de no interferir en la actuación de la autoridad.
Sin embargo, esta no fue la misma posición del representante del Ministerio Público, quien unos días después revelaría que esto no había sido así, que debieron apelar al despliegue policial y una orden judicial de descerraje porque no existía colaboración por parte del investigado y que antes demandaron solicitar el ingreso a la vivienda pero se lo denegaron por las vías regulares, de allí que aun cuando no necesitaron usar la fuerza si debieron demandar el apoyo policial por las circunstancias en la que se desarrollaba la diligencia.
De esta manera se desarrolló por espacio de 4 horas la intervención en la que tomó parte el Fiscal y peritos adscritos al Ministerio Público, quienes ingresaron a la vivienda con la finalidad de revisar cada uno de los ambientes y con ello el perito estaría en condiciones de poder realizar un informe en el que dará a conocer el estimado del valor que tiene el inmueble que forma parte del patrimonio del investigado.
Pero si la memoria no nos traiciona, esta investigación ya lleva muchísimos años inclusive se dio a conocer que antes ha sido archivada de manera definitiva y el alcalde sureño salió exento de responsabilidad.
Y es que ello obedece a que inicialmente el Ministerio Público la inició una investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito, se alegaba que el desmesurado incremento patrimonial del alcalde y su entorno de familiares no se conciliaba con sus ingresos legalmente registrados como profesional de la medicina, primero, y como funcionario público y alcalde distrital luego.
Esto fue materia de una serie de publicaciones que indicaban que la investigación alcanzaba a los bienes de los progenitores y los hermanos del alcalde en la vecina ciudad de Trujillo, tal como ocurre ahora que un colegio ha sido materia de una valuación por parte del Fiscal Laureano Añanca.
Pero si esa investigación fue archivada ¿como es que a la fecha se siguen realizando diligencias como la registrada la semana pasada?, es lo que muchos se preguntan. Ello es posible en razón que luego de haberse culminado las pesquisas a cargo de la fiscalía anticorrupción se inició una nueva investigación contra el alcalde ya no por delito de enriquecimiento ilícito sino por delito de lavado de activos, bajo los mismos argumentos y basados en la existencia del mismo patrimonio tanto en Chimbote como en Trujillo.
Como ocurrió con la primera pesquisa, esta se viene dilatando desde hace varios años y el Fiscal ha reconocido que ello es así por la falta de colaboración de la parte investigada, una actitud que es propia en cualquier pesquisa de índole penal pero que no justifica que se prolongue demasiado, más aun cuando no se entiende realmente la naturaleza de la última diligencia que se ha realizado en función al delito que se investiga.
Ello porque la naturaleza de una valoración de un predio se realiza en función a la materia que se investiga, si estanos ante un delito de enriquecimiento ilícito es necesario establecer el costo de los predios que forman parte del patrimonio de una persona porque se requiere establecer si es que existe un desbalance patrimonial.
Si estamos en un proceso judicial que deriva en el remate de un bien inmueble, es indispensable realizar una tasación del bien en la medida que se necesita saber cuál es el valor que se tomará en cuenta para la realización del bien.
Sin embargo, en un delito de lavado de activos no tiene mayor relevancia los montos o cantidades sino el origen y la naturaleza de los bienes que forman parte de la masa patrimonial respecto a la cual surgen dudas para quienes acusan la presunta comisión de un delito de ocultamiento patrimonial o blanqueo de capitales.
Si es que existen demasiadas perturbaciones bastaba al magistrado demandar las tasaciones convencionales del valor de un bien a la luz de las declaraciones del propietario para realizar un estimado y demandar las justificaciones respecto al origen de los bienes, porque lo que se requiere en este caso no son pruebas relacionadas al valor de un patrimonio.
No decimos con ello que la prolongada incursión del Ministerio Publico en la vivienda del alcalde y en otra ubicada en el Jirón Coishco del mismo distrito de Nuevo Chimbote fuese abusiva o arbitraria, de ninguna manera, lo que creemos es que a la luz de las pesquisas y el objeto de la misma es una diligencia redundante que, a decir del testimonio del magistrado, ha venido dilatando la pesquisa cuando ella ha debido concluir hace mucho tiempo. Esperemos conocer cuál es el resultado de la misma ahora que la Fiscalía ya no tiene plazo sino para acusar o renunciar a los cargos incriminatorios.