Muchos chimbotanos deben recordar aun los serios cuestionamientos que se formularon en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar en la ejecución de obras consideradas emblemáticas por su volumen de inversión y que terminaron siendo un fiasco por los resultados que dejaron.
Por entonces no solo se acusó de direccionamiento de los concursos de selección, sino de sobrevalorización, festinación de trámites y pago indebido de valorizaciones, pues todo estaba amarrado a partir de la entrega de la buena pro bajo la garantía de un diezmo que representaba el factor principal al momento de calificar las propuestas.
Una de estas obras fue la rehabilitación total de la avenida Industrial, una vía de doble carril que une la panamericana norte con el terminal portuario, incluso, por entonces los funcionarios “comandos” se llenaban la boca señalando que era la primera pieza de un anillo vial que debería consolidarse con la vía de Circunvalación, de tal suerte que permitiría llevar la carga de los muelles al terminal marítimo para su embarque.
Lo cierto es que la famosa avenida Industrial demoró años en ejecutarse y cuando terminó no representaba el volumen de inversión que se había aplicado, por ello se denunciaron a los funcionarios y empresarios pero en aquel tiempo, con una justicia sometida, se archivaron los procesos penales.
Sin embargo, tras la intervención de la Contraloría General de la Republica se revisaron estos casos “enterrados” a nivel de Ministerio Público y se estableció que en el caso de la avenida Industrial como el proyecto de electrificación de Cascajal, hubo manejos turbios que deberían ser investigados.
Por ello es que ahora, después de 8 años de haberse ejecutado el Fiscal de la causa ha expedido su requerimiento acusatorio y está solicitando al Juez que se encargará de conocer este caso, que pase los actuados al Juzgado competente a efectos de llevar a los responsables del banquillo de los acusados.
Es la famosa fase intermedia que permite, previamente, que las partes observen los términos del requerimiento acusatorio o hagan valer medios de defensa para impedir la continuidad del proceso penal que, en este caso, debe registrarse tras conocer la acusación del representante del Ministerio Público.
La semana pasada el Fiscal Anticorrupción del Santa, Alejandro Martín Galloso Asencio formuló acusación por delito de colusión en las licitaciones de “Mejoramiento Vial de la Avenida Industrial de Chimbote” y “Electrificación rural en el Centro Poblado de Cascajal” que ejecutó la Sub Región El Pacífico, solicitando penas de 6 años de prisión efectiva en contra del ex presidente regional César Álvarez Aguilar y otros siete de sus exfuncionarios así como 4 años de prisión en contra de tres empresarios de la construcción.
Junto a César Álvarez Aguilar han sido acusados del delito de colusión los ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico, Luis Humberto Arroyo Rojas, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, Cecilia del Rocío Alfaro García, Oscar Edward Salgado Olivo, Enrico Castañeda Casanova, Jorge Eduardo Meléndez Iberico y Yony Rhoel Benites Saldaña.
Además, la Fiscalía acusó en calidad de cómplices a los empresarios Juan Carlos Aguilar Alva, Gonzalo Alfredo Trujillo Rosales y Antonio Jesús Rodríguez Meyzen, el primero por la Avenida Industrial y los dos últimos por la licitación de electrificación en Cascajal, a cuatro años de prisión efectiva.
No se trata de dos casos más, por el contrario, está en juego más de 40 millones de soles que desembolsó el gobierno regional de Ancash por dos obras que se ejecutaron en medio de serios cuestionamientos.
La primera de ellas es el “Mejoramiento de la Avenida Industrial, Malecón Grau y Prolongación Av. Bolognesi” valorizada en 37 millones 64 mil 421 nuevos soles, se otorgó la buena pro a “Consorcio Avenida Industrial” representada por Juan Carlos Aguilar Alva, el pasado 18 de mayo del 2010, luego de declarar nulo un primer proceso para modificar el procedimiento de licitación y otorgarle la buena pro de manera irregular con una serie de vicios.
La segunda es la obra de “Mejoramiento del sistema de electrificación rural del centro poblado de Cascajal” valorizado en 3 millones 499 mil 854 nuevos soles, se habría favorecido con la buena pro a Consorcio Montegrande I, representado por Gonzalo Alfredo Trujillo Rosales el pasado 7 de agosto del 2009, en base a una serie de irregularidades, tanto en la etapa de licitación como en la misma fase de ejecución.
La Fiscalía ha conseguido establecer su teoría del caso, ha encontrado las pruebas necesarias como para demandar un castigo al Poder Judicial, de allí que en solo dos semanas las partes involucradas deben absolver el traslado que ha dirigido el juez a cada uno de ellos y estará en condiciones de poder señalar una fecha parar la audiencia de control de acusación, una pieza clave para decidir el futuro de esta causa.
Lo importante es que este proceso penal fue virtualmente rescatado del archivo, en la época de la red de corrupción hallaron la maña para poder “enterrar” las principales acusaciones que se formulaban a través de los pocos medios de comunicación independientes que quedamos tras la arremetida de quienes ostentaban el poder e hicieron tabla rasa de las normas y procedimientos.
Fue el ex procurador nacional Christian Salas quien llegó aÂÂÂ Chimbote el año 2014 junto al Contralor General y el Fiscal de la Nación, lo hicieron atendiendo a la indignación de un Pueblo como el de Ancash que les achacaba la responsabilidad de haber permitido que gente acostumbrada a violar la ley y que se enriquecieron con los miles de millones que llegaron por canon minero, hagan de las suyas.
De allí que si han transcurrido 8 años desde que acontecieran los hechos, es alentador que pese al tiempo transcurrido las autoridades mantengan firme su decisión de castigar a quienes violentaron la ley, se trata de “casos pendientes” que no pueden quedar en la impunidad a la luz de los escándalos suscitados en su momento, esperemos que pese al tiempo transcurrido no opere finalmente la prescripción.