La denuncia de un padre de familia sumamente mortificado por el accionar de efectivos de la División Policial de la DIVIAC, por haber utilizado a su hijo menor de edad en una investigación en la cual lo expusieron ante bandas de traficantes de drogas, nos lleva nuevamente a un escenario relacionado con la legitimidad de las pruebas que consigue la Policía para hacer frente a la delincuencia.
Y es que lamentablemente, la DIVIAC no solo ha cometido uno sino muchos errores que han llevadlo a descubrir que proceden de manera contraria a la ley únicamente con la finalidad de conseguir sus objetivos o justificar los ingentes gastos que realizan en sus intervenciones, tal como lo ha denunciado públicamente un ex oficial de la Policía.
Basta recordar que ha sido acusado hasta por dos Sub Oficiales brigadieres de haberlos involucrado en las mafias delincuenciales de Casma por el único hecho de no haber aceptado que se hagan seguimientos y escuchas ilegales a jueces y magistrados de nuestra provincia, como se lo habían propuesto los responsables.
Ahora se ponen en evidencia estas malas artes en las intervenciones que han realizado para la captura de los delincuentes de la banda conocido como “los Sapos Blancos de Casma”, una organización que fue desmembrada en el marco de uno de los operativos gigantes que se han emprendido a nivel nacional.
Desde hace varias semanas se ha venido denunciando la existencia de manejos indebidos, especialmente de sujetos que han sido utilizados para denunciar y acusar a efectivos policiales con la finalidad que sean involucrados en estas mafias, una actividad que a pesar que se ha puesto al descubierto no se ha castigado y sancionado como corresponde.
Inclusive, se desconoce si es que a raíz de las revelaciones de sujetos que han servido como informantes de estos Policías pero que han terminado revelando que los indujeron a mentir, los altos mandos y los operadores judiciales han iniciado acciones contra los responsables no solo de la DIVIAC sino de la Fiscalía de crimen organizado.
Por ello no ha llamado la atención que aparezcan estas nuevas y escandalosas denuncias que implican a efectivos de la DIVIAC en procedimientos que, a estas alturas resultan vedados por la ley, como la que ha formulado este padre de familia que ha comprobado que su hijo ha sido usado por estos agentes a pesar que es un menor de edad.
La denuncia fue formulada por Flavio Colonia Ramírez, padre del menor, el pasado 26 de Julio después de haber tomado conocimiento que Luis Anderson Flores Roque, alias “Cejas”, mencionó a su vástago cuando declaró en un programa periodístico de un canal de televisión de Lima, revelando que fue usado también por la DIVIAC para comprar droga de los microcomercializadores de Casma y luego fue incluido como testigo de reserva de “Los Sapos Blancos”.
El progenitor refirió que luego de tomar conocimiento de los alcances del reportaje televisivo al tal “cejas” conversó con su hijo y este le confirmó lo dicho por ese sujeto, precisando que fue éste quien lo presentó ante un grupo de efectivos de la DIVIAC el pasado tres de marzo.
En la denuncia el progenitor da a conocer las identidades de todos los Policías que utilizaron a su hijo y precisa cuál de ellos fue el que le entregó la suma de veinte soles para comprar droga a un tal “Shipibo” en la zona de Huaquilla Baja cerca de la losa deportiva Maracaná. Según la denuncia esta compra fue filmada desde un auto por los efectivos policiales para mostrarla a su jefe.
Seguramente que los agentes tienen sus estrategias para poder recabar pruebas contra las organizaciones mafiosas, empero, se trata de oficiales que tienen pleno conocimiento de las leyes vigentes y de las normas que protegen a los menores de edad, aquellas que los alejan de cualquier contacto que pudieran tener con delincuentes o con acciones delincuenciales que no son propias para ellos.
Se supone que la Policía recopila pruebas de las actividades ilícitas que realizan las mafias dedicadas a la venta de droga, no tiene porque promover esta actividad ilícita a través de la inducción a la compra por parte de un menor con dinero que ellos mismos entregan. Ese es un craso error que deben reparar.
TRAICIONANDO LA CONFIANZA
Tal como viene ocurriendo en varias ciudades del país, Chimbote está acogiendo a cientos de ciudadanos venezolanos que han emigrado de su país en busca de mejores oportunidades y porvenir ante el hambre y la necesidad que les deja la dictadura de su país, sin embargo, no solo están llegando buenos elementos sino gente del lumpen.
Y es que en la capital de la república se han registrado varias intervenciones de delincuentes de esa nacionalidad que, lejos de agradecer la hospitalidad de un país que los acoge, se han dedicado a delinquir y no vacilan en utilizar armas para ello.
Uno de estos casos tuvo lugar en la urbanización Bellamar, en donde tres venezolanos fueron detenidos pocos minutos después de haber ingresado a robar a una vivienda y, tras ser sorprendidos por el propietario, amenazaron con cuchillos a quienes los descubrieron antes de darse a la fuga.,
La inmediata reacción de los vecinos para llamar a la Policía y Serenazgo, así como el efectivo accionar de estos permitió capturar a los maleantes y decomisar los cuchillos que llevaban entre sus prendas, con los cuales amenazaron a sus víctimas.
Ya un Juzgado de investigación preparatoria ha determinado el internamiento de estos tres sujetos en el penal de Cambio Puente y, asimismo, otros ciudadanos que radican en nuestra ciudad y que se ganan la vida lícitamente, explicaron que estos son casos aislados de compatriotas que no saben respetar a la tierra que los acogieron.
Ratificaron que ellos solo tienen un gesto de agradecimiento para los peruanos y rechazan a estos malos compatriotas que están desmereciéndolos, por ello expresaron sus excusas públicas en nombre de sus coterráneos. Lamentablemente, “hay de todo en la viña del señor” de allí que se entiende que los delincuentes son solo un pequeño grupo que ha traicionado la confianza que se les hizo llegar. Mano dura con ellos.