Los abogados defensores de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y Julio Cortéz Rojas reunieron a la prensa con la finalidad de denunciar ciertos vínculos que habrían hallado al Juez del segundo juzgado unipersonal, Efer Díaz Uriarte, quien condenó a sus patrocinados el pasado 04 de Julio a cuatro años de pena efectiva, y, dejaron entrever que existiría lo que consideran un trasfondo político en la expedición de este fallo.
Los letrados Roger Reyes García y Augusto Cruz Rosell han denunciado penalmente al magistrado y señalan que, a su criterio, detrás de la sentencia del proceso conocido como “semáforos Inteligentes”, existirían motivaciones políticas, se ha tratado de montar un escenario en el que estarían de por medio personajes de la política que tratarían de sacar de carrera a sus patrocinados que son candidatos en los próximos comicios.
En tal, sentido, aun cuando no mostraron mayores evidencias, señalaron que el juez Efer Díaz Uriarte fue compañero en la universidad del congresista Carlos Domínguez de Fuerza Popular y de Lady Camones, quien es candidata a la gobernación de Ancash, por el mismo partido que el congresista, “por eso la especulación acá es que había habido una influencia para decidir el fallo”, es lo que señalaron los abogado.
Insistieron en este sentido en que es mucha coincidencia que se haya accionado de esa manera, contra dos líderes políticos que ya estaban confirmados como candidatos a la gobernación y la alcaldía provincial por Rio Santa Caudaloso.
Inclusive, para ellos lo que daría más fuerza a esta acusación, es que el juez en mención habría postulado por Fuerza Popular para la alcaldía de la Esperanza en la ciudad de Trujillo en elecciones anteriores.
Pero además de ello los letrados han manifestado que existen cuestionamientos de índole jurídico también al fallo expedido y por estas razones han planteado ante la oficina de Control de la magistratura una denuncia por delito de prevaricato en el que habría incurrido el magistrado al tomar una drástica decisión respecto a hechos en los cuales ya no era competente para avocarse.
Al respecto señalan que el juez ha incurrido en delito de prevaricato al haber dictado una sentencia respecto a este hecho que ha sido materia de juzgamiento, “ya era una cosa juzgada”, señaló Cruz Rosell, recalcando que no se puede fallar de algo que ya tiene firmeza.
Sobre lo último en realidad no sabemos cuándo ha sido ya materia de juzgamiento este caso de los semáforos inteligentes pues si la memoria no nos traiciona se iniciaron por intervención de oficio del ministerio Público que recogió los cuestionamientos que se hicieron a través de los medios de comunicación y solo cuando se realizó un peritaje a la obra es que se iniciaron las pesquisas a nivel de Fiscalía y luego de Juzgado.
Desde entonces este caso dio muchas vueltas, se extendió demasiado en los plazos de investigación pero finalmente el Ministerio Público expidió su requerimiento acusatorio y los funcionarios ediles fueron llevados al banquillo de los acusados, en todo caso si los letrados cuentan con pruebas de esta afirmación se hará valer ante la instancia correspondiente.
Lo que nos llama poderosamente la atención son los cuestionamientos de tipo político que se formulan sobre una sentencia judicial, pues lo uno no tiene nada que ver con lo otro, de allí que habría que ver hacia donde apuntan los abogados de la defensa.
De primera intención habría que ver si es que un Juez que ha accedido a la magistratura en mérito a sus condiciones académicas y méritos profesionales, puede haber tenido en su pasado una trayectoria de tipo político, puede haber militado en alguna agrupación y hasta pudo ser candidato, empero, cuando un profesional del derecho accede a una investidura como el nombramiento de una judicatura, deja todo ese pasado de lado, no puede anteponerlo como parte de su actividad jurisdiccional.
Menos aún se puede deslizar alguna conveniencia de este tipo por el hecho que el magistrado haya sido compañero de estudios en la Universidad con un actual congresista de la república y una candidata regional, ambos del mismo signo político en razón que ello no prueba o demuestra nada que no sea una insinuación sin mayor respaldo que la mera versión proporcionada por los denunciantes.
Justamente, lo que habría que advertir es que los mismos abogados denunciantes tuvieron el cuidado de no lanzar una piedra al aire y se cuidaron en señalar que las precisiones que se hicieron respecto al pasado universitario del magistrado es una especulación respecto a la cual consideran que habría influenciado al momento de expedirse sentencia.
Y es que esa especulación estaría dada por las pretensiones de personajes vinculados a una candidatura de sacar del camino a quienes ostentaban las mejores opciones, según ellos, de ganar los comicios.
Pero esta especulación no tiene mucho asidero si se tiene en cuenta que los aludidos son políticos vinculados al fujimorismo, un movimiento que dejos de ser un contrincante o un adversario de la agrupación Rio Santa Caudaloso vendría a ser para la mayoría de pobladores un aliado o un movimiento amigo y cercano.
Ello porque el líder de Rio santa Caudaloso, el ex alcalde Guzmán Aguirre Altamirano es un personaje estrechamente vinculado al fujimorismo, formó parte de esta agrupación con la cual llegó al congreso de la república. De la misma manera la actual congresista y alta dirigente del fujimorismo, Rosa María Bartra, ha sido funcionaria en la gestión de Victoria Espinoza y ha caminado junto a Julio Cortez por mucho tiempo, la pregunta que se cae de madura es ¿Qué razones tendrían ellos para perjudicar a quienes han sido siempre aliados de los fujimoristas?¿porque una especulación de esta naturaleza nos debe llevar a sospechar de la entereza de la sentencia condenatoria dictada contra la ex alcaldesa y el suspendido alcalde provincial?
Creemos que los abogados denunciantes cuentan con suficientes argumentos de índole jurídico como para hacerlos valer en el contradictorio del recurso de apelación que han formulado ante la sala penal de apelaciones, de allí que no entendemos como es que distraen la atención de la opinión pública en general con esta clase de acusaciones que, mal que les cueste, no tiene sentido alguno. Una impugnación sin fundamentos jurídicos no tiene derrotero alguno, de allí que si los letrados cuentan con argumentos sólidos que los hagan valer y que no pierdan el tiempo en especulaciones que no cambian en nada la delicada situación jurídica de sus patrocinados. La Sala Penal tiene la palabra.