Por una cutra:
Rommel Meza al banquillo otra vez
El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, Romel Meza, así como seis exfuncionarios ediles quienes se habrían coludido con un contratista familiar de la Jefa de Contabilidad serán procesados por el delito contra la administración publica en la modalidad de colusión agravada, luego que el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa amparara el requerimiento fiscal en su contra por haberse favorecido con 18 adjudicaciones.
Se trata de la máxima exautoridad edil casmeña, Romel Alfonso Meza Cerna (45), su exgerente municipal, Víctor Anatolio Montesinos Lomparte (47), el exgerente de Presupuesto, José Baltazar Jiménez Sánchez (54), el exgerente de Administración y Finanzas, Richard Williams Dávida Barbaran (41), la exjefa de Contabilidad, Elizabeth Rosario Ventura Santoyo (37), el extesorero, Jorge Luis Chala Paroy (41) y el exasistente de Logística Boris Olinsser Farro Milla (33), quienes durante el año 2013 habrían concertado ilegalmente para beneficiarse con el otorgamiento de 18 contratos de locación de servicios a nombre de Alan Jhonson Benites Castillo, quien además era familiar de la Jefa de Contabilidad, a través de diversos requerimientos que habrían generado un perjuicio de S/180 mil soles a la comuna.
Entre los contratos que habrían sido ganados específicamente por el postor se encuentran la Elaboración de Procedimientos para Transparencia y Acceso a la Información Pública, Elaboración de Proyecto de Mantenimiento de Limpieza Pública, Sistema de Seguridad Ciudadana, Reglamentos Internos de Altas y Bajas, Procedimientos para Gestión de Convenios, Directiva para la Atención Preferente a mujeres embarazadas, Subvenciones y Donaciones, Asesoramiento Multianual, Mantenimiento de Parques y Jardines, entre otros, resultando siempre ganador el postor que elaboraba las propuestas por S/10 mil soles y a quien se le pago de manera inmediata entre el 11 y 13 de diciembre del año 2013, pese a que los proyectos ni siquiera contaban con certificación presupuestaria antes de su adjudicación.
Tras advertir que se habrían presentado una gran cantidad de documentos falsificados y ante la declaración de un colaborador eficaz quien habría confirmado los pagos irregulares, el juez Jorge Chávez Tamariz, capacitado en el Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial, dispuso que el proceso sea llevado a juicio oral, siendo el Juzgado Anticorrupción el que conocerá esta causa por ser especialidad.