PASERO
Conocido es que las mafias buscan la manera de infiltrarse en los estratos sociales con la finalidad de afianzar su accionar, y, fundamentalmente, para conseguir la impunidad. Esto es lo que hace el tráfico de drogas que trata de comprar a funcionarios para seguir accionando en su ilícito negocio, por ello se han procesado hasta oficiales de la Policía que alertaban los operativos, se capturó a un Comandante con 119 kilos de Clorhidrato de Cocaína y muchos efectivos cayeron transportando estupefaciente. En estos últimos meses la Policía y la Fiscalía ha desmembrado mafias en las cuales están involucrados hasta alcaldes y Fiscales, pero lo que no nos imaginábamos era que un Teniente Gobernador podría estar inmerso en estas actividades. Por lo menos esto es lo que se ha revelado el fin de semana cuando se ha detenido a un segundo sujeto con decenas de ketes de PBC las cuales había adquirido a un sujeto conocido como “Colorao”, a quien han identificado como el Teniente Gobernador de Tres de Octubre. La Subprefectura tiene mucho que explicar al respecto, no es posible que uno de sus agentes, de aquellos que se supone deben afianzar la labor enÂÂÂ la lucha contra la delincuencia, resulte siendo uno de ellos. Así las cosas que se puede esperar en la comunidad de la persecución a la delincuencia, estamos ante un hecho sumamente grave que tiene responsables y ellos son los que entregaron al referido Teniente Gobernador una representación que debe haber utilizado para afianzar su delincuencial negocio. Nos maginamos que esta información ya ha llegado al Ministerio del Interior, pues el último domingo se informó del captura de un sujeto con droga que hacía mención a la vinculación del Teniente gobernador y ayer martes se conoció de otro caso similar. No creemos que los “paqueteros” se hayan puesto de acuerdo para perjudicar a una autoridad, de allí que estos hechos ameritan la inmediata intervención de las autoridades porque urge “separar la paja del trigo”.
DESCUENTOS
Para la gran mayoría de ancashinos quedó una sensación de impunidad en el caso de la congresista Yessenia Ponce Villarreal, quien a fines del pasado mes de agosto fue sancionada con 120 días de suspensión sin goce de haber. Ello quiere decir que cumplida la sanción esta parlamentaria que defraudó al país volverá a su curul como si no hubiera pasado nada. Ello a pesar que los hechos por los cuales ha sido sancionada implican la comisión de un delito, el pleno del congreso acordó que se remita el caso a la comisión de acusaciones constitucionales, se supone para levantar el fuero y remitir el caso al Ministerio Público pero “no se oye padre”. En medio de estas mecidas congresales, ahora surge la intervención del Ministerio Público, pues el caso de las falsedades e incongruencias en su hoja de vida, aquella en la que declara haber culminado sus estudios secundarios cuando no fue cierto, fue remitida por el Jurado Nacional de Elecciones a la Fiscalía de Turno de Huaraz que inició una investigación preliminar. Ocurre que el fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz, Renato Arapa, ha culminado las investigaciones preliminares con todas las ampliaciones que el caso requería para recoger los testimonios de la denunciada y otros cómplices de los hechos, pero no se presentó a las citaciones fiscales, razón por la cual ha decidido iniciar la Investigación preparatoria contra la aun congresista precisando que su despacho no requiere el levantamiento de la inmunidad por cuanto ha concluido que los hechos delictivos que ha cometido se han cometido antes de ser congresista. Al parecer ahora si se le viene la noche a la controvertida legisladora.
EXCLUSION
El miembro del Jurado Electoral de Huaraz, Marco de la Cruz Espejo, quien es Fiscal superior titular, sorprendió a propios y extraños cuando señaló que las exclusiones aún están vigentes y pueden darse en el caso de aquellos candidatos que tengan sentencia condenatoria pero que la han apelado y estén en suspenso. Afirma que si la instancia superior confirma esa condena hasta 24 horas antes de las elecciones, la autoridad electoral procederá a retirar al candidato de manera automática. Bueno es evidente que si existe una sentencia de vista que confirma una condena hay una descalificación del candidato aun cuando seguirá apareciendo en la cedula, empero, la mención que hace el referido miembro del jurado electoral tiene nombre propio y no es otro que el de Victoria Espinoza García, la ex alcaldesa de Chimbote que tendrá una sentencia de segunda instancia el día de mañana jueves. No existe otro candidato regional que se encuentre en esa condición.