El día de mañana jueves la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa, dará a conocer su fallo en relación a la condena de cuatro años de carcelería que se le impuso a la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, el suspendido alcalde Julio Cortez Rojas y dos funcionarios ediles en el marco del proceso penal que se les ha seguido por delito de Colusión en el caso denominado “semáforos Inteligentes”.
Es evidente que todas las miradas y la atención estará concentrada en esta audiencia que determinará la suerte de la condición jurídica de ex autoridades y funcionarios que se encuentran escondidos y en calidad de prófugos de la justicia, empero, todos ellos, los mismos sentenciados, deberán afrontar un nuevo juicio por delito de colusión que se ha iniciado la semana pasada.
Se trata del caso conocido como “Nehalem”, el tercer proceso judicial que arrastraba la ex alcaldesa Espinoza García al iniciar su mandato el año 2014 y en el cual inicialmente fue absuelta por una juez supernumeraria, sin embargo, la Sala Penal anuló la sentencia por inconsistente y falta de fundamentos, razón por la cual se dispuso que se realice un nuevo juicio oral con otro magistrado.
Cabe recordar que, con la finalidad de desvirtuar la resolución de la Sala Penal, tanto la ex alcaldesa como el suspendido alcalde plantearon sendos recursos de Casación con la esperanza que se deje sin efecto la sentencia de vista, empero, la Corte Suprema desestimó este pedido y por ello se ha retomado este caso.
Muchos deben recordar que el caso “Nehalem” responde a las graves irregularidades que se detectaron en la adjudicación y ejecución de la obra “Mejoramiento del Sistema de Desagüe del Sector I y II de Chimbote, así como Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de los sectores III, IV y V ascendente a la suma de 13 millones 864 mil 75 soles, la misma que fue adjudicada al consorcio Nehalem representado por el empresario Oscar Robles Camarena, pese a que tenían domicilio en la ciudad de Lima, cuando ello era una cláusula que los excluía.
Justamente, al retomarse el juicio oral ninguno de los cuatro condenados que se encuentra como prófugos de la justicia se hizo presente, solo se llevó a cabo la causa con la presencia del empresario Robles Camarena en la medida que el ex funcionario edil Aquior Mendoza justificó con un certificado médico que se encuentra delicado de salud e impedido de poder presentarse en el juicio.
Sin embargo, este escenario permitía legalmente al juez Joseph Arequipeño poner en marcha el proceso penal, sin embargo, declaró como reos contumaces a los procesados ausentes, es decir, a la ex alcaldesa Victoria Espinoza, el suspendido alcalde provincial Julio Cortéz y los funcionarios ediles Micaela Flores Gómez y Jorge Menacho Méndez, justamente los cuatro que han sido condenados a penas efectivas en el caso de “los semáforos inteligentes”.
Esta es pues la segunda requisitoria que ostenta la ex alcaldesa, una medida que la mantendrá nuevamente al margen de la ley y que representa una providencia que pone de manifiesto el delicado panorama que le espera más adelante, al margen de la sentencia de vista de impugnación que atenderá la sala penal de apelaciones el día de mañana.
No puede pasar desapercibido el hecho que una autoridad que ha ostentado en dos periodos el máximo cargo representativo de la provincia y que esperaba convertirse en la gobernadora regional en los comicios del próximo domingo, se encuentre fugada y perseguida por la justicia con dos órdenes de captura sobre sus espaldas.
Cierto es que sus parciales afirman que se trata de sentencias que aún se encuentran en grado de impugnación y que pueden ser revertidas, empero, si sacamos cuentas la ex alcaldesa ha sido ya sentenciada hasta en dos oportunidades a penas efectivas y se ha visto precisada a tener que ocultarse para revertir esta situación.
La primera ocasión fue en el mes de mayo del 2015, cuando fue condenada a siete años de cárcel efectiva junto a su conviviente Wuilmer Agapito Vásquez, sentencia que fue confirmada por la Sala de Apelaciones de la Corte del Santa en setiembre de ese mismo año y por cuyo mérito Espinoza García se vio precisada a tener que ocultarse de la justicia, fue suspendida del cargo por mandato de la ley y se mantuvo en la clandestinidad por espacio de 11 meses.
Recién en julio del año 2016, en una ejecutoria sumamente polémica y que ha generado muchos comentarios por la forma como se concibió, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por magistrados que hoy son sumamente cuestionados porque se les ha encontrado escuchas y grabaciones en las cuales negocian sentencias definitivas, la ex alcaldesa resultó siendo absuelta y quedó libre de los cargos delictivos.
Luego fue procesada por malversación de fondos, en el cual tanto la justicia de Áncash como en la instancia final de la Corte Suprema fueron absueltos, lo que no ha ocurrido en el caso de los “semáforos Inteligentes” y en el “Caso Nehalem” en el cual vuelven al banquillo de los acusados.
Esto significa que después que la ex alcaldesa Victoria Espinoza se mantuvo al margen de la ley por once meses entre los años 2015 y 2016, ahora nuevamente ostenta la misma condición jurídica, esta fugada y escondida de la justicia desde el 04 de Julio de este año y no se sabe si se mantendrá así por mucho tiempo más.
Controvertido camino y reprochable trayectoria para una autoridad que debería mantener una línea de conducta y de trabajo que estén al margen de estas contingencias judiciales, más aun cuando los más afectados resultan siendo los ciudadanos que se ven privados de sus autoridades y de los servicios que deben recibir de las instituciones ediles por esta clase de sentencias condenatorias que difícilmente pueden responder a intereses ajemos que no sean otros que los que sanciona la justicia.
Veremos qué es lo que sucede mañana en el caso “semáforos inteligentes”, empero, no se puede perder de vista que, al margen de aquella decisión, existe aún otro proceso penal en ciernes que ha dado lugar a una nueva requisitoria contra la ex autoridad edil y aun cuando ella haya sido minimizada por su defensa, se debe tener en cuenta lo que ha dicho el procurador anticorrupción: que esta clase de medidas solo complican aún más la situación de la ex alcaldesa y su co procesados.