Editorial

EDITORIAL ::SECUELA INEVITABLE::

Hace unos dos años atrás, cuando la ex alcaldesa provincial Victoria Espinoza García fue incluida por el Ministerio del Interior en la lista de los delincuentes más buscados del país y ofreció una recompensa por información que permita dar con su paradero, uno de los que puso el grito en el cielo fue el entonces Alcalde Julio Cortéz Rojas, hoy suspendido del cargo, quien alegaba que había planteado un recurso pendiente para revertir su delicada situación jurídica.

Eran los tiempos en el que Espinoza García se lanzó a la clandestinidad y era considerada por primera vez como una prófuga de la justicia, cuando la justicia la había condenado a siete años de cárcel efectiva por cargos de Enriquecimiento Ilícito en fallo confirmado en doble instancia en la corte del santa.

Ya todos saben cuál fue el final de aquel capítulo aciago que le tocó vivir como preámbulo a la ex alcaldesa quien tras superar de manera sorpresiva y polémica esa delicada condición jurídica, hoy vuelve a revivir aquellos momentos porque la semana pasada se ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel que el pasado mes de julio le impuso el Segundo Juzgado Unipersonal de nuestra ciudad.

La Sala Penal, en extensa sentencia de vista en la cual desmenuzó cada uno de los medios probatorios que demuestran la responsabilidad de Victoria Espinoza y sus co acusados, ha ratificado el fallo y dio lugar nuevamente a que las autoridades policiales encargadas de la persecución de los requisitoriados apele al sistema de las recompensas para poder facilitar la captura de todos ellos.

Y es que uno de los que protestó por este sistema hace dos años atrás es ahora uno de los protagonistas de este sistema en la medida que el Ministerio del interior también le ha puesto precio a su cabeza, ha lanzado la búsqueda bajo el mismo mecanismo para facilitar información que les permita aprehenderlos todos ellos y ofrece 10 mil soles por informes que descubran sus paraderos.

Además de Victoria Espinoza, han sido condenados en doble instancia el suspendido alcalde Julio Cortez y los funcionarios ediles Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez, los cuales se pusieron a buen recaudo y se ocultaron desde el 04 de julio pasado, apenas se pudo conocer la decisión del Juez de condenarlos a cuatro años de carcelería por el caso de los “semáforos Inteligentes”.

En realidad, este es uno de los cuatro juicios que arrastraba la ex alcaldesa Victoria Espinoza antes de iniciar esta gestión, incluso, durante la campaña electoral del año 2013, los medios de comunicación fueron claros y reiterativos en advertir al electorado ya que existía un prontuario pendiente que podría generar serios contratiempos en caso la elegida en los comicios de ese entonces fuera Victoria Espinoza.

Lamentablemente, la mayoría electoral no escuchó y la ex alcaldesa se hizo del cargo con resultados electorales sumamente cuestionados, en medio de denuncias de fraude electoral y de una aparición de actas que le permitieron a la candidata de “Río Santa Caudaloso” voltear los resultados que le eran adversos tras el conteo rápido de los personeros, algo realmente incomprensible y que solo el tiempo se ha encargado de dejarnos las pistas y señales que efectivamente algo turbio ocurrió aquella vez.

Y es que no somos visionarios o quiméricos, basta un poco de sentido común para colegir que aquellas denuncias y pesquisas de entonces necesariamente se iban a convertir en investigaciones y juicios que terminarían con una sentencia.

Y esto es lo que ha ocurrido en todos estos dos años y medio de gestión de Victoria Espinoza, desde que asumió el cargo la hemos visto desfilar elegantemente por los estrados judiciales y ser pasibles de sentencias de todo calibre, como aquella que la llevó a la clandestinidad en el 2015 o como aquella que el año pasado la eximió de cargos en el caso conocido como “malversación de fondos”.

Sin embargo, el trajín judicial de Espinoza García y sus principales colaboradores, como lo dijimos siempre en este espacio, aún no termina, por el contrario ha concluido el caso de los “semáforos inteligentes” y está pendiente de calificarse un recurso de casación planteado por su defensa, pero ya se inició otro juicio más a la ex autoridad edil y sus mismos funcionarios y no es otro que el caso conocido como “Nehalem”.

Aun cuando se encuentren “viviendo a salto de mata” y escondiéndose de la persecución policial, el juicio seguirá con la presencia de sus abogados y, presumiblemente, dentro de algunos meses más se escuchará un nuevo fallo judicial que responderá a los medios probatorios que se hayan actuado en juicio, aun cuando ya la Sala Penal nos ha dejado entrever que ellos existen y por esa razón anuló la sentencia absolutoria que había dictado una juez supernumeraria que no habría dado la talla como para llevar adelante un juicio tan complicado como “Nehalem”.

Y es que en este caso existen una serie de acusaciones relacionados con el direccionamiento de la obra y la ejecución irregular de la misma, partiendo del hecho mismo que se admitió una carta fianza que no tenía respaldo alguno y otras irregularidades que deberán deslindarse en el juicio oral.

Por lo pronto los ojos de la ciudadanía están concentrados en el trabajo que haga la Policía Judicial, de allí que la incorporación de la ex alcaldesa Victoria Espinoza, del suspendido alcalde Julio Cortez Rojas y de los funcionarios ediles Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez en la lista de los delincuentes más buscados del país, no debe sorprender a nadie, es la secuela inevitable de todos estos fallos judiciales que han determinado que la corrupción nuevamente le ganó la batalla a la probidad y la transparencia en la gestión pública de quienes recibieron la investidura municipal.

A los condenados por el caso de “los semáforos Inteligentes” ya no les queda sino esperar que la Sala Penal Superior y la Sala Penal de la Corte Suprema admitan el recurso de casación que han planteado para aspirar a que se revise la condena, empero, es oportuno advertir que para que ello suceda se deben cumplir una serie de requisitos, como la posibilidad de evaluar doctrina jurisprudencial, pues las condiciones ya no son las mismas que las del año pasado, especialmente, porque no están los mismos jueces supremos y la actuación de aquellos está bajo el escrutinio de todo el país. Veremos qué es lo que sucede en el curso de estos días aunque justo es reconocer que la condena contra la ex alcaldesa no solo liquidó sus posibilidades en las últimas elecciones, sino que podría sellar su futuro político, personal y profesional.