El Instituto de defensa de la Competencia y propiedad Industrial, más conocido por sus siglas INDECOPI, ha sancionado a 24 empresas de venta de combustible de la provincia del santa luego de detectar que se habían concertado para manipular el precio del combustible diésel y gasolinas que se oferta al público.
En realidad se trata de una sanción en primera instancia impuesta por la comisión de defensa de la libre competencia de este organismo protector de los derechos de los usuarios, quienes han revelado que estas acciones ilícitas se han desarrollado entre mayo de 2012 y octubre de 2014, en la ciudad de Chimbote, razón por la cual han procedido a multar a esas empresas hasta con más de 12 millones de soles.
Esta información la proporcionó un alto funcionario de INDECOPI en el marco de una conferencia de prensa en la cual describió la gravedad de los hechos que ha sancionado su entidad a extremo que no vaciló en calificar como “cartel de concertación de precios” a la actividad realizada por las empresas chimbotanas y por 8 de sus representantes legales que han sido multados aparte.
De acuerdo a lo que se ha informado a los medios de comunicación, la infracción cometida por las 24 empresas chimbotanas se detectó a partir del monitoreo de mercado realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de la Libre Competencia, lo cual dio lugar a una investigación preliminar en el año 2014.
Para poder verificar estas actividades ilícitas y obtener pruebas que lo acrediten, los representantes de INDECOPI realizaron inspecciones sin previo aviso a las empresas investigadas, obteniéndose copia de correos y registros electrónicos, con lo cual se determinó la existencia de un presunto acuerdo secreto de precios.
Con esta información se inició un procedimiento administrativo sancionador contra diversas empresas, en la medida que estas prácticas lo que representan son presuntas conductas anticompetitivas, le hacen daño al mercado, desnaturalizan la ley más natural que existe en el mundo como es la oferta y la demanda, por lo tanto, se tiene que sancionar a los que promueven estas actividades.
Según que se ha explicado en nuestra ciudad, este cártel habría operado de manera secreta entre el 2012 y el 2014, por medio de coordinaciones efectuadas entre funcionarios y empleados de estaciones de servicio competidoras y miembros de la Asociación de Estaciones de Servicios Áncash Costa, quienes determinaron el precio que cobrarían, en soles, por el litro de diésel y gasoholes de 84, 90 y 95 octanos.
Con esta maniobra, el cártel habría impuesto a sus clientes incrementos de precio (sobreprecio) hasta en 7%, para el litro de diésel y gasoholes de 84, 90 y 95 octanos, lo que representaría una afectación a la competencia en el mercado de combustibles líquidos en Chimbote.
Esta acción desleal de fijar de manera concertada del precio de venta del diésel y los gasoholes de 84, 90 y 95 octanos, habría impactado en el costo del servicio de transporte brindado por vehículos de transporte pesado y liviano y, en consecuencia, afectado a los consumidores que utilizaron dichos medios de transporte, en la medida que los proveedores del servicio habrían trasladado dichos incrementos a sus clientes.
Lo que ha referido el funcionario de INDECOPI tiene entornos sumamente delicados en la medida que no es la primera vez que las empresas de combustible de Chimbote son sancionadas por prácticas desleales en el mercado, ya ocurrió lo mismo en enero de este año, cuando el mismo funcionario reveló en nuestra ciudad que 16 empresas del rubro de venta de combustible habían sido sancionadas y se les impuso multas que llegaron a los 11 millones de soles.
Se trata de las mismas empresas y en aquella primera ocasión fueron sancionadas por concertar precios en la venta de GLP, es decir, el gas licuado de petróleo que es un insumo que abastece el transporte público de pasajeros, mayormente.
En esa oportunidad todos recordaron que en nuestra ciudad se había generado una suerte de psicosis por la escasez del GLP, las colas de los vehículos de transporte público eran enormes, los empresarios alegaban que el barco que transporta el combustible hasta la planta de Petroperú en El trapecio se había demorado y tantas cosas que nunca convencieron a los usuarios, empero, la crisis llegó al extremo que los choferes de los vehículos de transporte público no dejaron de aprovecharse con la misma ligereza que los empresarios de la venta de combustible y cargaron al usuario el incremento de las tarifas, inclusive, generándose enfrentamientos con los pasajeros.
De allí que la actividad ilegal de estas empresas no es desconocida para el gremio que regula la competencia en todo el mercado, por el contrario, ellos ya sabían cómo procedían y aquello fue fácil de comprobar porque los propios choferes decían que cuando viajaban a Trujillo preferían tanquear sus vehículos en esa ciudad porque allá el precio era más barato.
Como era posible esto si los precios de los combustibles están establecidos por el organismo supervisor de OSINERGMIN y se regulan por la ley de la oferta y la demanda, era absurdo que a muchos kilómetros de distancia los propietarios de vehículos puedan encontrar un combustible más barato si las reglas de juego de la comercialización estaban dadas por igual para todos.
Hay que tener en cuenta que en esta oportunidad el INDECOPI no solo ha multado a las empresas sino que ahora ha sancionado a ocho empresarios son sus respectivos nombres y apellidos, colocándolos como infractores de la norma y como tal agentes de una conducta que amerita una sanción pecuniaria.
Hay que tener en cuenta que la primera sanción de la sala de la Libre Competencia no ha sido aun dilucidada por la instancia superior, el Tribunal de la Libre Competencia, que expedirá su decisión en instancia definitiva, lo que quiere decir que esta segunda sanción tampoco será revisada en lo que queda el año.
Sin embargo, es realmente lamentable que la mayoría de establecimientos surtidores de combustibles formen parte de esta escandalosa concertación que lo único que ha conseguido no solo es que un pequeño grupo empresarial se lucre, sino que los usuarios se vean afectados con la venta del combustible más caro del país. La ley se encargará de deslindar las responsabilidades ante lo que se avizora como una reiterancia punible.