Finalmente la novela de la clausura temporal del Mercado Dos de Mayo llegó a su final, justamente cuando se cumplía el plazo de 30 días de cierre que había decretado la comuna como una medida preventiva y como un plazo para que se levanten las observaciones que dieron lugar a la sanción.
El alcalde (e) Humberto Ortiz Soto y el jefe de la plataforma forma de Defensa Civil suscribieron un acta con la dirigencia del mencionado centro de abastos, mediante la cual se levanta la orden de clausura temporal y se autoriza la reapertura de sus actividades a pesar que no se habían terminado los trabajos de mejoras que se había establecido en las observaciones formuladas por los técnicos de defensa civil.
Esto es elocuente, no solo lo sabían los funcionarios y el alcalde (e) de la Comuna provincial sino que era de dominio público en la medida que estas mismas autoridades recorrieron las instalaciones del mercado en compañía de la prensa y habían advertido que no se cumplía con las observaciones formuladas
Incluso, el propio alcalde Humberto Ortiz había señalado que las desavenencias internas del mercado no facilitaban un correcto trabajo de mejoras, pues existían dos plataformas que han avanzado de manera significativa con los trabajos mientras que la tercera no hacia absolutamente nada porque mantenía diferencias con la dirigencia de turno.
Sin embargo, a pesar que esta situación se mantenía de esta manera irregular, apenas dos días después el alcalde decide levantar la sanción al mercado Dos de Mayo y accede a firmar un documento mediante el cual se le otorga un nuevo plazo a los comerciantes hasta el próximo mes de diciembre a efectos que terminen de levantar las observaciones que aun han quedado pendientes.
Esta es la misma actitud pusilánime que ha caracterizado la actuación de la comuna provincial en las acciones similares que ha emprendido en otros mercados, la decisión medrosa que le quita piso a los que firman y suscriben sus funcionarios y técnicos.
Ya ocurrió antes con la sanción temporal que se impuso al mercado Modelo que se levantó apenas a las 12 horas de expedida porque surgieron los factores políticos que dominan el accionar de las autoridades.
En esa oportunidad fue la ex alcaldesa Victoria Espinosa y su entonces gerente municipal Julio Cortéz quienes hicieron escarnio y trapearon el piso con los informes de los técnicos de la Municipalidad, al extremo que dispusieron que se reabra el mercado el mismo día que se había clausurado temporalmente porque los comerciantes no cumplieron con subsanar observaciones mínimas de seguridad y salubridad.
Los dirigentes fueron emplazados a lo largo de todo un año y jamás se molestaron siquiera de responder las múltiples notificaciones de las áreas competentes de la comuna, sin embargo, las autoridades de aquel momento prefirieron ganar adeptos quedar bien con los comerciantes y sus familias y ordenaron la reapertura del mercado bajo la promesa de cumplir con los requerimientos de las áreas técnicas en más plazos.
Ha pasado ya más de dos años de todo ello y en el mercado modelo es muy poco lo que se ha mejorado, incuso, las advertencias que se dejaron para que se vuelva a tomar una medida drástica jamás se cumplió porque no existía voluntad política del despacho de alcaldía de hacer cumplir la ley.
Es decir, el mismo argumento que hoy esgrime el alcalde (e) Humberto Ortiz para salvar el pellejo de un mercado que ha nacido en la informalidad u se mantiene en ella a pesar que en su oportunidad les propusieron alternativas de modernidad que ni siquiera se molestaron en revisar.
El mercado Dos de Mayo funciona en medio de una serie de irregularidades que no han sido totalmente subsanadas, en medio de un clima de permanentes enfrentamientos por las disputas internas entre la dirigencia y grupos de comerciantes, por ello es que lejos de exigir que esto se solucione de manera conveniente a efectos de no trasladar estas anomalías a los usuarios del mercado, la comuna permite que ellas sigan vigentes.
Y es que lamentablemente, en la Municipalidad Provincial del Santa no se hace respetar el principio de autoridad, aquel régimen bajo el cual los administrados debemos cumplir con los requerimientos de la autoridad y si lo hacemos sencillamente quedamos en falta ante la norma y debemos asumir las consecuencias de ella.
Por ello es que los mercados son sancionados con el cierre pues no existe otra manera de exigir a los comerciantes que se sometan a las leyes si no se cierran sus negocios y demandando que se hagan las mejoras, que se concreten los trabajos que exigen las normas en materia de seguridad, salubridad y comodidad.
Para nadie es un secreto que la mayoría de los mercados funcionan en medio de serias carencias, con instalaciones eléctricas clandestinas y otras de manera superficial sin que exista un protocolo de seguridad en caso de alguna falla o corto circuito.
De la misma manera, la tugurización es uno de los serios problemas que se convertirán en un factor contributivo a los daños y perjuicios ante una desgracia de la naturaleza, pues los pasillos de los centros de abastos permanecen siempre invadidos por los propios comerciantes o por informales que lejos de ubicarse en algún puesto prefieren colocarse en medio de los pasajes por donde de transitar las personas.
Por ello lo que se exige es que las autoridades respalden los requerimientos que formulan los profesionales, los entendidos en la materia, si ellos dicen que se tiene que corregir porque es la única manera de prevenir, entonces hay que obligar que eso se haga y no recibir solo una promesa que se hará en el plazo de dos meses.
¿Cree el alcalde que los comerciantes del mercado “Dos de Mayo” cumplirán con todas las observaciones cuando venza el plazo que se les ha otorgado hasta el mes de diciembre? Si lo piensa así es porque están totalmente desubicados, la experiencia nos dice que llegado el momento los comerciantes solicitarán un nuevo plazo y así se seguirá extendiendo esta obligación, por lo que es válido pensar que la decisión del alcalde no ha buscado sino que sacudirlo de este problema y dejarlo para que el alcalde electo se ocupe de esta contingencia el año próximo.
Todo indica que este ha sido el verdadero motivo de la suscripción de una nueva acta que prolonga el problema, que no lo soluciona sino que lo transfiere a otros, de allí que en esta oportunidad un plazo más si importa y es nocivo para la colectividad y para la vigencia el principio de autoridad.