Una serie de autoridades y entidades públicas cuya labor está relacionada con la preservación del medio ambiente, realizaron la semana que pasó una inspección a los Humedales de Villa María, ese pequeño lunar ecológico de nuestra ciudad en donde la ambición de ciertos empresarios viene reduciendo cada día más sus límites.
Ello porque poco a poco se viene ganando terreno a la laguna que existe en los límites del P.J. Villa María, en aquella zona que se encuentra dentro de las delimitaciones del Parque Metropolitano de Chimbote que fue creado mediante una ordenanza municipal que tiene rango de ley y como tal debe promover su protección y conservación.
Con este motivo llegaron hasta los Humedales de Villa María representantes de las organizaciones ambientales de las municipalidades del Santa y Nuevo Chimbote, Ministerio Público, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Universidad Nacional del Santa, y el Instituto Natura, en la visita de inspección que organizó el despacho de la congresista María Elena Foronda en la zona.
Entre los presentes se pudo observar a Esneider Bustamante, de la Fiscalía Especializada de medio Ambiente; Milton Sosa, Rolando Quito, Jorge Luis Bayona, de la Municipalidad del Santa; Jorge Ferradas de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote; Nelson Sinche, de SERFOR; Rómulo Loayza, de la Universidad del Santa; Guillermo Martínez, del Instituto Natura; el regidor del Santa Alejandro Carrera; el Brigadier PNP Wilder Vásquez, encargado de la Policía de Medio Ambiente; y pobladores de los alrededores de los humedales.
La propuesta que se concibió en esta visita es la declaratoria de emergencia de los Humedales de Villa María frente a las acciones de empresarios y gente que lejos de proteger esta zona ecológica lo que hace es perjudicarla, menoscabar la presencia de una flora y fauna que ha sido debidamente identificada por estudiosos.
Justamente, uno de los problemas más serios que afrontan estos Humedales de Villa María es el lanzamiento de miles de toneladas de desmonte que se ha realizado a través de los años en este lugar, tratando de ganar más terrenos para la construcción de almacenes y establecimientos industriales diversos, sin que haya existido una firme oposición por parte de las autoridades, especialmente de las Municipalidades de Chimbote y Nuevo Chimbote.
De allí que una de las primeras medidas que deberán plantearse es el control y la vigilancia del acceso de vehículos con carga de escombros y residuos sólidos; la identificación de espacios en la provincia para el uso como escombreras, esto es, para que arrojen el desmonte, así como brindar mayor apoyo para el cumplimiento de sus responsabilidades a la oficina del Proyecto Especial del Parque Metropolitano de Villa María (PROPAR).
Entre los posibles lugares para que este objetivo es el denominado La Carbonera, una zona definida por las municipalidades provincial y distrital para convertirla en escombrera, en donde puede realizarse un mejor manejo de residuos de la construcción, sin embargo, esta será una tarea difícil pues depende del Gobierno Regional de Áncash que hasta la fecha solo ha entregado parcelas en ese lugar al municipio de Nuevo Chimbote para la implementación de un relleno sanitario y está pendiente la misma gestión que hace la comuna provincial.
Creemos que este tema es fundamental, más aun cuando se ha advertido que las empresas constructoras no cuentan con protocolo alguno para la eliminación de desmontes, especialmente aquellas que laboran en la rehabilitación de pistas y veredas, pues las envían de inmediato al sector aledaño a los humedales de Villa María o también a las márgenes de la carretera Panamericana Norte que ha sido colmado de este material de deshecho generando una mala impresión a cualquier visitante.
Si se ha decidido ver este tema es sumamente importante, tanto así que cuando los visitantes realizaban una inspección en la zona advirtieron la presencia de un volquete de propiedad de una entidad financiera que llegaba con una carga de desmonte a efectos de eliminarla en el lugar.
El chofer fue inmediatamente infraccionado por el representante de la Comuna, sin embargo, esa ha sido una muestra palpable de la manera como las grandes empresas vienen destruyendo las áreas calificadas como ecológicas por la autoridad edil y que se supone tienen una protección legal. Esta visita es un primer paso, se espera que puedan concretar los objetivos que se han trazado, al margen de cualquier consideración publicitaria a la que aspiren algunas de estas organizaciones.
OTRA PERLA MÁS
Aun cuando se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, el exalcalde de la vecina provincia de Casma, José Luis Lomparte Monteza, ha sido comprendido en un nuevo juicio oral que se ventila por ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones y que corresponde al paquete de juicios que quedaron pendientes cuando se desempeñó como burgomaestre.
En esta oportunidad se trata de un juicio que se le sigue junto al también ex alcalde Michael Enzo Daniel. Rosales Pérez, así como contra varios ex funcionarios de la comuna casmeña que fueron descubiertos en malos manejos en la ejecución de obras de pozos tubulares, construcción de casetas de bombeo y una serie de obras en el sector agrícola en la cual se advierte contubernio con los que se encargaron de ejecutarla.
Como se sabe, el año 2015 el ex alcalde de Casma fue sometido a un proceso penal por el fraude registrado en la construcción de la denominada “Paradita San Martin”, obra que no se hizo pero en la que se pagó casi dos millones de soles a la empresa constructora, un escandaloso hecho que determinó que la justicia lo condene a cinco años de pena efectiva de cárcel, incluso, a despecho que fuera elegido consejero regional, cargo que quedó vacante luego que decidiera lanzarse a la clandestinidad y quede como prófugo de la justicia, condición en la que se mantiene hasta la fecha. No cabe duda que este juicio es otra perla más de la azarosa gestión edil del conocido “Chacui”.