Juan Carlos Gallo en capilla:
Ex gerente de Sub Región, Juan Carlos Gallo Zegarra.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa programó para el martes 18 la audiencia única de apelación de la sentencia que condenó al ex gerente de la Sub Región El Pacífico Juan Carlos Gallo Zegarra a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por irregularidades en la obra “Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal-Culebras”, en Huarmey, ejecutada a medias en el año 2012.
Los magistrados Daniel Vásquez Cárdenas, Mardelí Carrasco Rosas y Raúl Justiniano Romero programaron la audiencia para las 11 de la mañana del martes 18 de diciembre y en caso se confirme la condena, recién se ejecutará la prisión efectiva en contra del ex gerente de la Sub Región El Pacífico en la nefasta gestión de César Álvarez Aguilar.
Como se sabe, Gallo Zegarra fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por irregularidades en la obra “Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal-Culebras”, en Huarmey, sin embargo, la medida no se ejecutará hasta conocer el pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones.
La decisión fue adoptada por el Juez Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fernando Joseph Arequipeño Ríos, quien a la vez decidió absolver a uno de los empresarios Juan Carlos Alvarado Fiestas, mientras que un segundo extraneus, Luis Miguel Razurí Cabrera, permanece reo contumaz al no presentarse al juicio oral y se le ha reservado su proceso penal.
Para el magistrado Arequipeño Ríos, los actos colusorios en dicha obra licitada y ejecutada a medias por Consorcio Cobra, que agrupa a Construcciones Civiles y Portuarias S.A, Oca Contratistas Generales S.A y Arpigra S.A., están probados, sin embargo, la mayor responsabilidad penal recaería en el empresario Luis Miguel Razurí Cabrera y no en Juan Carlos Alvarado Fiestas, quien únicamente habría gestionado las cartas fianzas falsas.
Sobre esta postura, el Fiscal Carlos Roncal Cancino mostró su abierta discrepancia y dijo que Juan Carlos Alvarado Fiestas, hijo de una conocida activista de “Cuenta Conmigo” y brazo derecho de César Álvarez Aguilar, Deysi Fiestas Miñano, fue el verdadero beneficiado con la obra y que Razurí Cabrera únicamente prestó el nombre de su empresa (Arpigra S.A) para ganar la buena pro.
Por esa razón, la Fiscalía solo interpuso recurso de apelación en el extremo que absuelve a Juan Carlos Alvarado Fiestas, pues considera que con dicho imputado se iniciaron los actos colusorios, lo que se vio reflejado en la presentación de cartas fianzas falsas que el mismo tramitó.
A Juan Carlos Gallo Zegarra, ex gerente de la Sub Región El Pacífico se le impuso además, una reparación civil de 200 mil soles, la obligación de devolver el monto defraudado que asciende a 1 millón 432 mil 656.74 soles y la inhabilitación de contratar con el Estado por 3 años.
Según la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los imputados concertaron voluntades para defraudar las arcas de la Sub Región El Pacífico en una obra valorizada en 7 millones 549 mil 298.55 soles, permitiendo que se festinen cartas fianzas falsas, además de permitirle dolosamente que empiece la obra, dos meses después de la buena pro, sin ningún tipo de penalidad.
Esta licitación se convocó el 29 de noviembre del año 2011, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal-Culebras”, en Huarmey, habiéndose otorgado la buena pro el 9 de abril del año 2012. Luego de haber transcurrido casi dos meses desde que se otorgó la buena pro, la Sub Región El Pacífico, en forma concertada cursó una carta a Consorcio Cobra de fecha 13 de junio, informándose que se habían adjudicado la licitación y que tenían plazo hasta el 27 de junio del 2012 para firmar el contrato.
Los empresarios, al solicitar un adelanto de materiales (20% del monto adjudicado) presentaron otra carta fianza de la Cooperativa “Señor de Luren”, la misma que también resultó falsa. Como ya tenían dinero, intentaron cambiar la carta fianza por una verdadera, pero la misma no estaba a nombre del consorcio Cobra, sino de la empresa Arpiga.