Ahora por Coliseo Cerrado:
Juez Jorge Chávez Tamariz ayer emite decisión judicial.
Monumento de la corrupción. Siete exfuncionarios “comandos” y dos empresarios de la construcción, recibieron prisión preventiva por 9 meses en el marco de las investigaciones por las irregularidades en la licitación y ejecución del Coliseo Cerrado de Chimbote, obra abandonada por la que se pagó más de 23 millones de soles.
Tras un arduo debate que se prolongó por varios días, el Juez Jorge Chávez Tamariz consideró que se cumplen los presupuestos de graves y fundados elementos de convicción, peligro de fuga y obstrucción a la justicia para 9 de los investigados, rechazando similar pretensión para otros 2, que afrontarán el juicio oral bajo comparecencia con restricciones.
Se dictó prisión preventiva por 9 meses contra los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez (actualmente prófuga de la justicia) y Juan Carlos Gallo Zegarra, así como a los ex integrantes del comité de selección, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia Del Rocío Alfaro García.
También recibieron prisión preventiva, los ex funcionarios Giovanni Alfonso Montoya Siles y Milton Carlos Meléndez Lujan y los empresarios Anamelba Jacay Peña y el ciudadano español Javier Perez Claramunt, representantes legales del Consorcio SALEM.
Para quienes no prosperó el pedido de prisión preventiva fue para el exjefe de estudios y proyectos de la Sub Región, Segundo Francisco Moncada Saucedo y el ex supervisor de obra, Ángel Ancajima Timaná, cuyos abogados supieron demostrar el arraigo familiar y laboral de ambos, que en ningún caso ponen en riesgo las investigaciones.
Existen otros 9 investigados para quienes no se solicitó ninguna medida coercitiva gravosa y afrontarán el juicio oral, previsto para iniciar en el mes de marzo próximo, bajo comparecencia simple. Estos son Oscar Salgado Olivo (actualmente preso por caso Desratización), Samuel Méndez Siccha, Luis Caipo Paredes (actualmente preso), Luis Ponce Díaz, Samuel Minaya Prieto, Zelmar Chávez Quispe y los empresarios Oscar Omar Pantoja Barrero, Rafael Gerardo Villarreal Romero y Ricardo Guillermo de la Flor Estrada.
Según consta en la investigación fiscal, los exfuncionarios de la Subregión Pacifico favorecieron al Consorcio SALEM en la suscripción del contrato pese a una serie de irregularidades advertidas, tales como no existir un acuerdo del Consejo Regional, disponibilidad presupuestal y certificación para la ejecución de obra, además de haber variado injustificadamente el valor del expediente técnico, bases irregulares, valor referencial sin cotizaciones, documentos falsificados, expediente técnico deficiente.
Además, los funcionarios no aplicaron penalidades y aceptaron como garantía cartas fianzas de COOPEX, una entidad que no estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, contraviniendo a la normativa vigente y permitiendo que la entidad quede desprotegida ante cualquier contingencia económica que se presentara durante la ejecución contractual, como el abandono de la obra pese al pago de más de 60% del costo total que ascendía a 33 millones 416 mil 668.48 soles.