Los recursos del canon minero representan una gran posibilidad de desarrollo para la región Ancash, especialmente desde que se desató el “boom” que se generó con la empresa minera Antamina, cuyos niveles de producción y de utilidades en el mercado internacional permitieron que las contribuciones representen una envidiable partida para los organismos de desarrollo que se benefician con su distribución.
Muchos deben recordar que en las postrimerías del gobierno de Alejandro Toledo se convocó a los presidentes regionales y se dio cuenta de la primera millonaria transferencia que hizo Antamina y que representaba un cheque de 46 millones de soles para Ancash, dinero que fue recibido por el entonces presidente del gobierno regional Ricardo Narváez Soto, quien también ya estaba de salida en su gestión.
Luego llegaría César Álvarez Aguilar quien se encontró con transferencias millonarias, la región Áncash recibía por encima de los mil millones que se distribuían entre la administración regional, los municipios y las universidades, de acuerdo a los porcentajes señalados por la ley.
Muchos deben recordar que cuando Álvarez llegó a la presidencia dispuso que se cambien millones de soles a moneda extranjera en el mercado informal generando un terremoto en el movimiento financiero por la inyección extraña de dinero que no era habitual en el movimiento de la banca nacional.
Lo cierto es que el canon ha representado una oportunidad de desarrollo que se ha desperdiciado para la región. Ya todos saben la triste historia de los recursos derrochados en las dos gestiones de Cesar Álvarez Aguilar y los movimientos que generó la presencia de presupuestos millonarios en los municipios.
Empero, ese lado de la torta del canon no es que interesa ahora, sino aquel porcentaje que se destina a las Universidades y que en el caso de Ancash se entrega a las Universidades Nacionales “Santiago Antúnez de Mayolo” de Huaraz y la Universidad Nacional del Santa de Chimbote, las cuales se reparten el 20% de lo que recibe por canon la región Ancash, una cifra nada despreciable.
Para darnos una idea, las dos universidades reciben anualmente poco más de 100 millones de soles, en las épocas doradas esa cifra casi se duplicó, de allí que sería pertinente preguntarse a donde han ido a parar esos millonarios recursos y como han sido utilizados por las autoridades universitarias.
La semana pasada, el Instituto Peruano de estudios económicos, ha publicado un informe relacionado con las investigaciones que ha realizado entorno al manejo de este presupuesto y se ha llevado una desagradable sorpresa al corroborar que de los millones que reciben ambas entidades apenas si han ejecutado el 19% del total que perciben.
En otras palabras, lejos de aprovechar la existencia de presupuestos para la promoción de la investigación científica y mejorar los niveles de estudio de sus estudiantes, las Universidades no consiguen ni siquiera aplicar la quinta parte de los recursos que reciben por concepto de canon minero.
Existe dinero pero no capacidad para manejarlo, de allí que por ejemplo en el caso de la Universidad Nacional del Santa, que es el que nos interesa, ha señalado este informe que el presente año que termina las autoridades han recibido por canon 47 millones de soles, lo que en cifras reales representa el 46% del presupuesto total que se le asigna a esta universidad para el desarrollo de sus diferentes actividades académicas.
De este monto la Universidad no ha conseguido ejecutar más de un tercio, es decir un promedio del 30% que si bien es cierto supera en algunos puntos porcentuales a la capacidad de gasto registrada el año 2017, que fue de 26%, sigue siendo sumamente baja, tan es así que se ha establecido, por ejemplo, que no se han avanzado proyectos importantes que estaban previstos como el mejoramiento de la Escuela de Ingeniería, el mejoramiento de la unidad médica de la Universidad.
De la misma manera, precisa este informe que de los recursos que sí se han ejecutado, es decir, ese tercio del presupuesto, se ha establecido que el 62% fue destinado al mejoramiento de la escuela de Medicina Humana y el 12% a la ampliación y mejoramiento de la Facultad de Ciencias, el resto solo corresponde a proyectos de menor escala.
Como se advertirá, y como lo han hecho los investigadores del IPE, la Universidad no prioriza la aplicación de estos recursos a la investigación científica, a la promoción de espacios para la innovación y al estímulo de sus estudiantes a desarrollar proyectos de productividad.
El objetivo del canon minero es justamente crear las herramientas necesarias para el desarrollo de la investigación en las Universidades, si bien es cierto se requiere de infraestructura adecuada para poder implementar laboratorios, también es cierto que la inversión debe orientarse esencialmente en la investigación y eso no está ocurriendo en las dos universidades que cuentan con la posibilidad de desarrollar proyectos ambiciosos que pueden explotarse a nivel internacional.
No se entiende cómo es que los estudiantes peruanos deben salir del país para capacitarse y para mejorar su nivel de profesionalismo cuando existen universidades que tienen los suficientes recursos para poder implementar los programas educativos necesarios para desarrollar al estudiante.
Lo grave es que existiendo recursos, existiendo partidas específicas para el desarrollo de esos programas universitarios, se dejen de lado para levantar obras de fierro y cemento, mientras que un cálculo muy sencillo nos dice que están quedando millonarias cifras sin ejecutarse y seguramente guardadas en el erario nacional. Se debe determinar cuál es la causa de este lúgubre escenario para las universidades ancashinas con el canon minero, nos debemos preguntar si es un problema de mediocridad o incapacidad, lo cierto es que las cifras no mienten y dicen de una exasperante ineptitud en el manejo de recursos que debería beneficiar directamente al estudiante.