A pesar de permanecer en la clandestinidad, la alcaldesa suspendida Victoria Espinoza García, pretendió impugnar el archivo de una denuncia penal que formuló en contra del Procurador Anticorrupción, Richard Asmat Urcia, sin embargo, lo hizo en forma extemporánea y finalmente su escrito fue rechazo de plano.
Se trata de la denuncia que interpuso Victoria Espinoza García junto a los alcaldes de la provincia de Casma, Huarmey Nuevo Chimbote, sobre un presunto abuso de autoridad y denuncia calumniosa, al cuestionar al Procurador Anticorrupción, la designación ilegal de la Junta Generales de Acciones de SEDACHIMBOTE (que la integran los 4 alcaldes mencionados) del gerente Manuel Rodríguez Senmanche, lo cual finalmente fue rechazado por Registros Públicos.
Ocurre que la Fiscal Carmen Arana Álvarez, luego de las investigaciones preliminares correspondientes, determinó el pasado 3 de noviembre, declarar No Ha Lugar a formalizar ni continuar investigación preparatoria en contra de Richard Asmat Urcia y Liliana Otero Salinas, disponiendo que se archive esta carpeta fiscal.
Sin embargo, luego de haber sido válidamente notificada con fecha 20 de noviembre la alcaldesa Victoria Espinoza García en su domicilio procesal y real, interpuso con fecha 2 de diciembre el recurso de queja para que la Fiscalía Superior revise la decisión de la Fiscal Provincial.
Sin embargo, Victoria Espinoza García solo tuvo cinco días hábiles para impugnar dicha resolución de archivo de la investigación, es decir, tuvo plazo hasta el 27 de noviembre, pero su escrito, que lleva su rúbrica, pese a estar en la clandestinidad, lo presentó el 2 de diciembre, siendo por ello, declarado improcedente por extemporáneo y archivándose en forma definitiva.
Fuentes de la Procuraduría Anticorrupción del Santa confirmaron ayer que el Procurador Richard Asmat Urcia, formulará una serie de acciones legales contra los cuatro alcaldes que firmaron la denuncia en su contra, porque la misma no tuvo ningún asidero legal y únicamente tuvo como propósito, perjudicar su imagen y bloquear su acción fiscalizadora, habiéndole generando un daño irreparable que buscará resarcir en las instancias correspondientes.