Toda actividad económica se debe ejercer libremente pero dentro del marco de la ley, lo que quiere decir que nadie puede hacer lo que se le da la gana y menos aun cuando su actividad resulta abiertamente infractora de la normatividad.
Uno de estos casos se ha advertido en las últimas semanas del año pasado y en los primeros días de este año con el transporte informal de pasajeros entre Chimbote y Trujillo, actividad que han acogido jóvenes choferes que por el solo hecho de contar con un auto creen tener derecho a realizar una actividad de transporte cuando ella está regulada por la ley.
Los accidentes que han provocado con lamentables secuelas de muerte solo es la resultante de la ilegalidad de esta actividad que no tiene respaldo alguno, que se ejerce al margen de los controles de las autoridades y del cumplimiento de normas que protegen al consumidor, por ello es que ha debido intervenir unÂÂÂ organismo del estado para ponerle corto en la medida que las autoridades locales no lo hicieron.
Un nuevo caso se ha presentado en el distrito de Nuevo Chimbote a propósito de la ilegal construcción de una estación de servicios de venta de gas licuado de petróleo promovido por la empresa Servicios Logísticos Mochica SAC en los lotes 5, 13 y 14 del A.H “Primero de Mayo”, que viene generando alta contaminación en las aguas subterráneas del humedal y viene alterando negativamente la calidad del aire sobre la fauna silvestre avícola de la zona.
Ocurre que este proyecto se viene constituyendo desde el año pasado a pesar que no cuente con la licencia correspondiente y, sobretodo, pese a la existencia de informes y documentos que advierten la ilegalidad de su ubicación.
En efecto, existen sendos informes del área de la subgerencia de ecología del Municipio de Nuevo Chimbote y de la gerencia de salud pública y gestión ambiental de la Municipalidad Provincial del Santa que han ordenado la paralización de obra, sin embargo ninguno de los dos Municipios hicieron efectiva esa recomendación en la gestión de los alcaldes Valentín Fernández Bazán y Julio Cortés Rojas que luego fue remplazado por Humberto Ortiz Soto.
Los informes están firmados por Manuel Murriel Cabezudo en Nuevo Chimbote y Juan Villarreal Olaya en la Provincial del Santa, los cuales hicieron suyos un lapidario y contundente informe del jefe del PROPAR, biólogo Milton Sosa Arnao, concluyendo que dicha obra debe ser paralizada, sin embargo, hasta la fecha, se sigue construyendo a vista y paciencia de las autoridades locales.
Esta documentación formal que ordenaba la paralización y clausura de los trabajos, no se ejecutó nunca a pesar que el avance físico de la obra que perjudican los pantanos de Villa María, eso lo señalaron en su debida oportunidad quienes advierten el serio peligro que representa un proyecto que aparentemente está promovido por gente de mucha influencia y que tiene cierto privilegio en la administración municipal.
Sin embargo, producido el cambio de gobierno, tanto en Nuevo Chimbote como en la Municipalidad Provincial del Santa y habiéndose probado que sus propietarios se siguen burlando de la ley, corresponde que los nuevos funcionarios actúen de inmediato ante este atentado contra el medio ambiente.
No se puede dejar de soslayar que la autoridad municipal suele hacerse de la vista gorda cuando aquellos que promueven la ilegalidad tienen amistades o consiguen influenciar en quienes tienen el deber de proteger el derecho de los ciudadanos.
Lo hemos visto de manera grotesca y repudiable en la actividad nocturna de la ciudad, tanto en el centro de Chimbote como en el distrito sureño, en donde funcionan establecimientos nocturnos que hacen tabla rasa de la ley, que permiten el consumo indiscriminado de licor y que son fuente permanente de escándalos y peleas de borrachos que perturban el sueño y la tranquilidad del vecindario.
Los moradores de la urbanización Casuarinas y Miguel Grau son los testigos de excepción de todo esto, ellos han padecido por años el funcionamiento escandaloso de las discotecas de esa zona y han tramitado y gestionado reiterados pedidos de clausura ante las autoridades ediles sin resultado alguno.
Han debido soportar una y mil incomodidades, inclusive, los escándalos desatados en estos establecimientos nocturnos deberían haber generado su cierre y clausura, sin embargo, siguen funcionando como si nada pasara, como si la tranquilidad de la comunidad estuviera en la parte final, postergada ante poderosos intereses que infringen las normas legales.
Sin embargo, los vecinos entienden que si esto ha sido así fue por la presencia de funcionarios y autoridades que se parcializaron con los propietarios de esos negocios, esa situación ha cambiado radicalmente en estos días, han accedido a los Municipios otros funcionarios y otras autoridades, existen otros parámetros y es momento que se cumpla con la ley, que se haga respetar el sosiego de los vecinos.
Así como las escandalosas discotecas, creemos que le ha llegado la hora a esa ilegal construcción del grifo de gas natural que se viene levantando en el P.J. Primero de Mayo, la ilicitud no la califican o deciden los medios de comunicación, está contenida en sendos informes en los cuales advierten el serio peligro que representa para el equilibrio ecológico, más aun cuando se ubica a pocos metros de los humedales que están sujetos a una protección natural.
Esperemos que este caso del grifo ilegal, que estalló hace ya más de medio año atrás pero que nadie le puso la mano, tenga una estelar preocupación por parte del alcalde de Nuevo Chimbote y se disponga su definitiva clausura, no se puede permitir que a pesar de la existencia de informes legales y recomendaciones, se sigan realizando trabajos de ingeniería que a la larga afectarán seriamente el hábitat de la zona.
La ley se debe aplicar en igualdad de condiciones para todos, ya no se debe permitir extraños privilegios como los que se ha observado con esta construcción ilegal de un grifo a lo largo del año pasado en ambos municipios. Es momento de imponer el principio de autoridad.