Nunca es tarde para administrar justicia. Esto lo saben los magistrados del sistema anticorrupción, por ello la semana pasada concluyeron el juicio oral que se siguió contra cinco ex funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa de la gestión del ex alcalde Luis Arroyo Rojas, en el período de la denominada red de corrupción que encabezó el ex presidente regional César Álvarez Aguilar.
La sentencia condenatoria se dictó contra el ex gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial del Santa, Rafú Gadiel Aguirre Escobar, así como contra los ex integrantes del Comité de Licitaciones, José Alberto Barreto Rojas, José Luis Luna Méndez, Efraín Froilán Arellano López de la comuna provincial del Santa el año 2014.
A todos ellos se les impuso la pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, por el delito de Negociación incompatible, ordenándose su inmediata ubicación, captura e internamiento en el Penal de Cambio Puente, además deberán pagar 80 mil soles de reparación civil en forma solidaria, según lo establece la sentencia del Juez Fernando Arequipeño.
Los hechos materia de la condena están relacionados con una serie de irregularidades en el proceso de selección de la obra “Mejoramiento de pistas y veredas del A.H Esperanza Baja” en el año 2014 que llevó a cabo la comuna provincial y cuyo valor referencial estaba estimado en más de 3 millones 600 mil soles, una obra bastante interesante tanto para empresarios como para funcionarios que siempre se frotan las manos en estos casos.
En la misma causa se condenó a Merly Margot Cruz Valladares (esposa del prófugo de la justicia Jack Castillo Castillo), representante de la empresa RMC Ingeniería y Construcciones SAC por el delito de uso de documento falso, imponiéndole generosamente una condena de 2 años de prisión suspendida
De acuerdo a la decisión judicial, quedó acreditado que este proceso de selección, inicialmente fue convocado como Licitación Pública, sin embargo, al quedar desierto se volvió a lanzar, apenas a las 24 horas siguientes, bajo la modalidad de Menor Cuantía, existiendo una clara disposición de direccionar la buena pro en favor del Consorcio ganador.
El Juez sustentó que cuando se trata de una Licitación Pública se debe conformar un comité ad- hoc, sin embargo, se convocó a los mismos integrantes del comité a cargo de las adjudicaciones directas. Además, sostiene que cuando se declaró nula la Licitación, en primera instancia, debió emitirse un informe al titular del pliego para que se reprograme el mismo, sin embargo, se vulneraron trámites y al día siguiente de la declaratoria de desierto, se convocó a un nuevo proceso, pero como menor cuantía.
Otro hecho irregular probado fue que los funcionarios ediles pasaron por alto que Consorcio Esperanza Baja había presentado un Registro Nacional de Proveedores (RNP) falso, por cuanto la empresa RMC Ingeniería y Construcción SAC contaba con un RNP vigente desde el 2 de agosto del 2014 al 02 de agosto del 2015, sin embargo, el contrato Nº 075- 2014 con la Municipalidad Provincial del Santa fue suscrito el 23 de junio del 2019, vale decir, cuando el registro no estaba vigente, con lo cual dicho proceso de selección, debió declararse nulo.
Aun cuando la sentencia es perfecta, lo que ha llamado la atención que en este caso se denuncie a los involucrados solo por delito de negociación incompatible y se haya dejado de lado el delito de colusión, pues es evidente que el descarado favorecimiento de los ex funcionarios hacia el consorcio que se hizo de la buena pro fue consecuencia de un concierto de voluntades.
Esta gente no favorece a una empresa a cambio de nada, tanto así que el favorecido fue realmente el prófugo empresario Jack Castillo Castillo, quien se hizo conocido precisamente por sus estrechos vínculos con el gobierno regional de Áncash en donde fue uno de los habituales privilegiados en la adjudicación de obras,
Aun cuando aparece su mujer como gerente de la empresa, es evidente que detrás de ella estaba este cuestionado empresario que, en su embriaguez de poder, pensó que podría hacer lo que se le viene en gana y terminó ordenando el asesinato del Fiscal Junior Sánchez Colona por cuyos hechos ha sido condenado a 25 años de cárcel.
De todas maneras, al margen de las posiciones jurídicas, lo importante es que la justicia avanza en la necesidad de castigar a quienes valiéndose del poder político efímero hicieron escarnio de la ley y la honestidad. Esta era otra condena predecible.