La Fiscalía Anticorrupción del Santa solicitó 6 años de prisión efectiva en contra del trabajador de la Dirección Sub Regional de Transportes, Segundo Roberto Torres Muñoz, intervenido con 600 soles, que le exigió a un aspirante a chofer categoría AII, para que lo apruebe en su examen de manejo.
El Fiscal Carlos Roncal Briceño también ha solicitado se le imponga una inhabilitación para ejercer cargo público por el lapso de 4 años así como se le imponga una multa de 365 días, equivalente a la suma de 1262.29 soles en favor del Estado. En cuanto a la reparación civil, la misma deberá ser fijada por la Procuraduría Anticorrupción apersonado al proceso como agraviado en representación del Estado.
La acusación Fiscal por el delito de cohecho pasivo propio, ya fue derivada al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha el Juez Eudosio Escalante Arroyo quien ha corrido trasladado por el lapso de diez días a todas las partes involucradas, con la finalidad de que formulen sus observaciones y cuestionamientos al mismo, antes de programar la audiencia de requerimiento de control de acusación (etapa intermedia) de este proceso judicial.
Segundo Roberto Torres Muñoz fue denunciado el pasado 22 de diciembre del año 2014 por el ciudadano Douglas Allemant Prince, quien lo sindicó de exigirle el pago de 600 soles como requisito para que le apruebe su evaluación práctica de manejo y acceda a tener su brevete de categoría AII.
Para ello, Torres Muñoz quien fungía de evaluador, participó del examen de manejo y estando sentado a su derecha en una camión que alquiló para pasar dicha prueba, lo indujo a realizar una maniobra indebida, con lo cual, inicialmente lo descalificó de su pretensión. Luego, el propio funcionario público le propuso la entrega de la suma de 600 soles y el examen podría cambiar de desaprobado a aprobado, para lo cual sólo iban a borrar unas letras con corrector para que así figure en su expediente.
El agraviado Douglas Allemant Prince, formuló la denuncia ante las autoridades y se citó el 29 de diciembre del año 2014 con el funcionario público para hacerle entrega del dinero pactado, no sin antes, fotocopiar los billetes para el operativo de la Fiscalía que resultó contundente.
Segundo Roberto Torres Muñoz viene afrontando esta investigación en libertad y anteriormente, su pretensión de acogerse al beneficio de la terminación anticipada de proceso, reconociendo su responsabilidad penal de los actos, fue desestimada por el Poder Judicial en dos instancias, pues se había considerado un delito distinto en el acuerdo previo que no sancionaba realmente lo que verdaderamente ocurrió.