El Proyecto Especial Chinecas se convirtió en los últimos años en la caja chica de los gobernantes de turno, todos los políticos que llegaron a tener el mando de esta entidad dejaron sentadas las bases de un descarado clientelaje y dispusieron de sus recursos para cualquier cosa, menos para ejecutar el anhelado proyecto irrigador.
Esto se hizo más vulgar en la época de la denominada red de corrupción, cuando el gobierno aprista decide desvincular a Chinecas de INADE, que era un organismo del Ministerio de Agricultura que se encargaba de administrar el proyecto irrigador, y lo entrega formalmente al gobierno regional, cuando era presidido por César Álvarez Aguilar.
Quien sabe esta fue la histórica decisión que hizo perder a los ancashinos la oportunidad histórica para hacer de Chinecas una añorada realidad, pues para entonces ya se disponía de los recursos del canon minero y administrados adecuadamente bien pudieron destinarse a la ejecución de la infraestructura agraria.
Lamentablemente, desde el primer día que los “comandos” pusieron las manos sobre Chinecas, el derroche y el despilfarro hizo presa en todas sus instancias y por ello no extraña que a la fecha existan muchos procesos en diversos juzgados de la Corte del Santa en los cuales se encuentran involucrados ex gerentes y ex funcionarios del proyecto irrigador.
Y en medio de todas estas disquisiciones, la semana pasada se dio a conocer las conclusiones de una acción de control realizada por la Jefatura regional de la Contraloría General de la república respecto a la consultoría que se contrató para la elaboración de estudios del proyecto “Adecuación del proyecto Chinecas original al esquema reestructurado”, en el cual se han detectado una serie de irregularidades que han determinado el serio perjuicio al erario público.
Por ejemplo por este estudio se pagó nada menos que 17 millones de soles y se realizó en medio de deficiencias técnicas que no fueron advertidas por los profesionales que se contrataron presumiblemente para verificar su contenido.
Empero, dentro de este estudio se analiza otro aspecto del proyecto irrigador y es el relacionado al saneamiento físico legal de las tierras y los procedimientos que se hicieron para la incorporación de tierras al agro.
Al respecto, la Contraloría señala que no se han acreditado los resultados de las acciones emprendidas para la recuperación de tierras e identificación de las zonas de invasión, habiéndose dispuesto para ello nada menos que de 3 millones y medio de soles en los últimos cuatro años.
“Considerando que el proyecto especial Chinecas es el encargado de implementar acciones correspondientes de la fase de preinversión y que deben ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada su viabilidad, no se acredita fehaciente las acciones que coadyuven al recupero de las áreas invadidas por terceros, aun cuando se contaba con los recursos presupuestales para tal fin”, señala el informe de control.
E inmediatamente describe las partidas presupuestales que los funcionarios de Chinecas aplicaron a estas acciones de saneamiento físico legal, observándose, por ejemplo, que en los años 2016 y 2017 se han justificado gastos hasta de más de un millón de soles en cada período anual, mientras que el total dispuesto entre el 2014 y el 2018 asciende a más de tres y medio millones de soles.
Lo saltante es que estamos hablando ya de periodos de gestión en los cuales no estaba ya el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, de allí que la pregunta que se hace la Contraloría y que nos hacemos todos es ¿Dónde fueron a parar esos presupuestos?.
Y es que es más que evidente que no existen registros de Chinecas en los que se justifique gastos millonarios por saneamiento físico, muchos deben recordar que desde la época de César Álvarez se decía que se formaría una comisión técnica de evaluación de las tierras para los efectos de determinare cuantas hectáreas están aptas para ser subastadas.
Lamentablemente, ni en esa época ni en la actual se han conocido resultados al respecto, por el contrario, lejos de verificarse el recupero de tierras, lo que se ha observado al cabo de los últimos años es la pérdida de tierras para Chinecas.
Primero fueron los invasores que se autocalificaron como posesionarios y un grupo de ellos se denominó “campesinos sin tierra” para ser beneficiados con una ley que se dictó en el gobierno de Alejandro Toledo, mediante la cual se les autoriza a adjudicarse parcelas de 5 hectáreas mediante una adjudicación directa.
Luego se han observado las invasiones en asentamientos humanos, en las famosas 217 y 308 hectáreas que a la fecha se encuentran en trámites de transferencia a efectos de ser entregadas a las personas que carecen de vivienda.
Inclusive, hace solo unas semanas se conoció públicamente que el aun gerente del proyecto Chinecas Edilberto Ñiquen Alarcón se reunió con los dirigentes de los asentamientos humanos que han invadido las tierras de Chinecas y les ofreció su respaldo como lo señala una nota de prensa de la misma entidad.
Entonces, nos preguntamos ¿Si el mismísimo gerente de Chinecas expresa su respaldo a los invasores de tierras, como se pretende justificar los gastos anuales que se hacen para el supuesto saneamiento físico legal o el recupero de tierras del proyecto irrigador”.
No han debido esforzarse mucho los auditores del Contraloría General en la medida que no existe antecedente alguno que demuestre que Chinecas ha incorporado tierras para el agro, que de muestre que haya recuperado tierras que han sido invadidas, de allí que es presumible colegir que esos más de tres y medio millones de soles que figuran como aplicados a programa de saneamiento físico legal hayan ido a parar a manos ajenas.
La Contraloría ha derivado este documento tanto a Chinecas como al gobierno regional en diciembre del año pasado, lo recepcionó el ex Gobernador Luis Gamarra Alor que, obviamente, no hizo nada porque le quedaban cinco días en el cargo, por ende, debe ser el nuevo Gobernador quien adopte medidas al respecto, no solo para adoptar los correctivos que demanda el organismo de control sino para denunciar penalmente a los responsables de este derroche sin roche que se advierte en proyecto irrigador. Esto es inadmisible.