Hace solo unos meses los chimbotanos quedaron conmovidos con la secuela de un feroz ataque de un perro de raza pitbull contra un niño de 11 años de edad a quien le desfiguró el rostro luego de morderlo cuando su dueño lo paseaba por las calles del A.H. “Balcones de San Pedro”.
En aquella ocasión los médicos debieron hacer esfuerzos sobrehumanos no solo para curar tan terribles heridas sino para reconstruir los órganos que había sido dañados, en este caso la nariz y una oreja del menor que fueron virtualmente arrancadas por el animal.
De allí que la indignación pública demandaba que de una buena vez las autoridades castiguen como corresponde estos casos de ataques de animales cuyos dueño no toman las precauciones mínimas para impedir que se produzcan hechos de esta naturaleza, con las graves consecuencia para la salud e integridad de un menor.
Y, es que lo primero que se toma en cuenta en estos casos es la naturaleza del animal y las razones por las cuales puede provocar semejante resultado y ello no puede ser materia sino de una grave irresponsabilidad de los dueños que, conforme a la normatividad, deben responder por los daños que generan.
Por ello es que este caso se llevó a juicio y muchos mostramos nuestras dudas cuando el Ministerio Público renuncia de buenas a primeras a un juicio inmediato que determine las causas, establezca las responsabilidades y sancione los graves daños que se había generado a un menor cuya vida corrió serio peligro al ser atacado por un animal cuyos dueños no le colocaron el bozal como corresponde.
Por el contrario, se dejó que este caso se postergara hasta después de las vacaciones judiciales y solo hace una semana llegó a una audiencia en la cual la Fiscal a cargo de la carpeta había llegado a un acuerdo con la propietaria del animal, María Morales Aranda, a efectos de evitar un juicio prolongado y someterse a la terminación anticipada.
Como ya es de dominio público, esta figura procesal permite a una persona sujeta a una imputación, asumir las consecuencias de sus actos y reconocer culpas, por lo se exime la necesidad de llevar a cabo un juicio y actuaciones probatorias que ya resultarían innecesarias y se determina la sanción que se le debe imponer.
Por ello es que la Fiscalía llegó a esta audiencia planteando una acusación por el delito de lesiones graves culposas contra la dueña del can, y para quien solicitó un año con 4 meses de prisión como sentencia condenatoria, además de comprometerse a un pago de 25 mil soles por concepto de reparación civil en favor del menor agraviado.
La Fiscal Angélica Bayez Antunez planteó además su requerimiento de llevar este caso como proceso inmediato, sin embargo, el juez Aguilar Ponce rechazó la petición por considerar que falta más información para mejor resolver y además que a su criterio el caso correspondería al delito de lesiones graves con dolo eventual.
Esta posición del magistrado es sumamente interesante y responde a las perspectivas que muchos asumimos tras conocerse este hecho y surgía la demanda de castigar al dueño del animal por semejante irresponsabilidad que lindaba con el accionar doloso de alguien para provocar un daño grave que pudo prever.
Para el magistrado del Poder Judicial el dolo estaría implícito en el antecedente del ataque del mismo pitbull a una joven el 31 de diciembre del año 2018 y que pese a ello la dueña del perro no tomó las medidas preventivas del caso que lleve a evitar otro ataque a personas.
Por ello es que declaró infundado el pedido de juicio por proceso inmediato y la propuesta de terminación anticipada y el Juez determinó que este caso se tramite como un proceso común realizándose previamente varias diligencias que considera que no han sido consideradas por el Ministerio Público que conlleven a reunir mayor información que posibilite la proyección del pago de la reparación civil por el daño causado al menor.
Obviamente, la Fiscal mostró su disconformidad con lo dispuesto por el Juez y presentó un recurso de apelación que fue sustentado en la misma audiencia, por lo que se ha dispuesto que el expediente se remita a la Sala Penal de Apelaciones a efectos que resuelva quien tiene la razón en este peliagudo caso.
Será importante conocer la decisión final de la Sala Superior en la medida que dejará sentado un importante precedente jurídico en razón que se desconoce que aÂÂ nivel judicial exista una controversia jurídica de estas características, empero, la posición del organismo jurisdiccional será clave y trascendental para el tratamiento de estos casos en el futuro, especialmente, cuando estén de por medio lesiones sumamente graves.
Un oportuno acuerdo
El gerente del gobierno regional de Ancash, Luis Luna Villarreal, y el alcalde provincial Roberto Briceño Franco, suscribieron la semana pasada un convenio para llevar adelante un ambicioso proyecto turístico para Chimbote que pretende unir la Isla Blanca con el cerro de la juventud a través de un teleférico.
Esto que en alguna oportunidad parecía ilusorio, ha comenzado a tomar cuerpo con la entrega de un consolidado que ha realizado el gerente regional en el que se incluye los datos necesarios para la elaboración de un perfil, luego de ello se elaborará el expediente técnico que estará cargo de la Región y finalmente la ejecución con el aporte de recursos públicos cuyo gasto se justifica por sí solo.
Este proyecto incluye el asfaltado de la carretera que conduce a lo alto del cerro de la juventud y un trabajo de ingeniería espectacular que permita abrazar la hermosa vista que existe desde lo alto de la isla blanca y la ciudad en su integridad.
Se ha dado el primer y efectivo paso para esto. Hasta entonces solo se conocían buenas intenciones de personas que apostaron por este proyecto, como el organismo PROCTURSA que lo ha gestionado desde un primer momento. Esperemos que tanto el Municipio como la región hagan efectivo este oportuno acuerdo que le dará otro brillo y realce a la atracción turística de nuestra ciudad.