El alcalde la Municipalidad Provincial de Casma, Luis Alarcón Llana decidió anular la buena pro de la adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria 2019 que estuvo plagada de serias irregularidades.
Al mismo tiempo, Alarcón Llana ordenó que el proceso de subasta inversa electrónica se retrotraiga a la fase de convocatoria y dentro de cinco días hábiles volverá a ser licitado con una serie de recomendaciones y mayor celo en la evaluación de toda la documentación que presenten los postores.
Estas decisiones guardan estrecha relación con la denuncia periodística aparecida en este medio de comunicación y que dieron cuenta de una escandalosa compra de más de 260 mil soles de alimentos que fue direccionada por los miembros del comité de adquisiciones con la finalidad de favorecer a una empresa.
Esta típica componenda no se sostenía únicamente en la versión antojadiza de algunos postores que quedaron rezagados, sino que se puso en evidencia en documentos que demostraban que se festinaron trámites, se emitieron decisiones de escandaloso favorecimiento y se admitieron documentos falsos.
La denuncia periodística señalaba que el consorcio Sagitario no solo fue beneficiado con la adjudicación de la buena pro a pesar de no haber presentado la mejor propuesta, sino que se eliminó a otros cuatro postores que tenían una mejor oferta que aquel con argumentos triviales y que solo demostraban que lo que buscaron es favorecer al mencionado consorcio.
De esta manera, la Municipalidad Provincial de Casma terminaba comprando arroz al precio más alto de la subasta y con maniobras que dejaban mucho que desear, no solo para eliminar a los postores que manejaron mejor ofertas con decisiones que distaban de la realidad, es decir, inventando infracciones, sino admitiendo a otros postores que deberían ser descalificados por haber presentado documentos falsos con la única finalidad de justificar una oferta mayor.
Por ello es que apenas un día después de publicarse la denuncia periodística el alcalde de la vecina provincia de Casma convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer que tras revisar este procedimiento de selección habían decidido anularlo por haber hallado irregularidades que se sumaban a los cuestionamientos que aparecieron en las publicaciones de la prensa.
Por ello había decidido anular el proceso de subasta inversa y sobre la marcha decidieron programar una nueva convocatoria a efectos que se elija a un nuevo postor con las recomendaciones para que se tenga mayor cuidado en la evaluación de los documentos.
El alcalde ni siquiera se molestó en señalar si los miembros del comité de adquisiciones de esta nueva subasta serían los mismos o habían sido removidos y cambiados por otros, pues de las denuncias públicas se infiere que ha existido una escandalosa colusión para pretender pagar más de 30 mil soles por encima de la mejor oferta que tenía a la mano en la primera convocatoria.
Y si es resulta ya bastante extraño, lo que llama la atención es que el alcalde borre con el codo todo lo bueno que hace con la mano, es decir, que tras anular con reacción felina una subasta que se evidenciaba estaba contaminada con un escandaloso contubernio, ni siquiera dispone que los órganos de control investiguen o que la procuraduría municipal proceda a denunciar ante el Ministerio Público los presuntos actos delictivos que se infieren de los hechos que en su oportunidad fueron expuestos.
Y es que si se ha señalado que existió una escandalosa colusión que se traduce en el direccionamiento del proceso de subasta interna y que se ha admitido documentos falsos, como una constancia de una entidad pública que llevaba la firma de un funcionario que a esa fecha ya no estaba al frente del cargo, se pone en evidencia la presunta comisión de hechos sancionados como delitos.
De allí que lo que correspondía no era solo anular un proceso plagado de ilicitudes, sino remitir lo actuado al Ministerio Público y cesar de inmediato a los funcionaros responsables de ese desaguisado.
No basta con anular los actos administrativos cuando estos están plagados de ilicitudes sino denunciarlos penalmente, ignorar este extremo solo equivale a imponer una mano blanda frente a situaciones en las que se requiere demostrar no solo imparcialidad sino deslindar responsabilidades por hechos que son protagonizados por funcionarios de confianza del burgomaestre y cuya ausencia solo puede dar lugar a pensar que existe cierta connivencia. Esperemos que no exista la intención de blindar a funcionarios que demostraron mala fe.
INCRIMINACIÓN VÁLIDA
Todo indica que la Diócesis de Chimbote tendrá que proceder con el suspendido párroco de “Nuestra Señora de Guadalupe” de la Urbanización Garatea, R.P. Marco Antonio Huaripata Medina, como lo hizo con su antecesor Luis del Carpio, a quien expulsó al haberse acreditado que había incurrido en un acto contra el honor sexual de una menor de la parroquia.
Esto a la luz de la última prueba realizada con la agraviada, una menor de 16 años de edad, que la semana pasada ha sido sometida a la evaluación psicológica en la “Cámara Gesell” a cargo de profesionales del Ministerio Publico y en la cual, de acuerdo a lo expresado por fuentes confiables, habría ratificado su denuncia de tocamientos indebidos contra el mencionado sacerdote.
La prueba en Cámara Gesell es una de las más importantes cuando se trata de delitos sexuales en la medida que es allí en donde se puede descubrir si una menor esta mintiendo o exagerando respecto a una imputación de esa índole, por ello es que al pasar esta evaluación las incriminaciones se hacen más sólidas contra el denunciado.
Mientras que en la vía penal las pruebas se consolidan, en la vía clerical la investigación está empantanada en la medida que la Vicaria de la Diócesis de Chimbote no recibía hasta la semana pasada la denuncia formulada por el padre de la adolescente, por lo que hasta entonces no podrían proceder a investigar. Esperemos que se corrijan las deficiencias y se demuestre la plena voluntad de la Iglesia para castigar estos hechos repudiables.