CONTROL
La Contraloría General de la República, por intermedio de su oficina regional de Ancash, ha comenzado a dar a conocer anteayer miércoles los resultados de la campaña de control que inició el pasado mes de abril con la finalidad de verificar las contrataciones y nombramientos que han realizado las entidades públicas, como el gobierno regional y los municipios provinciales y distritales. Y los resultados no podían ser menos sorpresivos y en varios casos apresurados e innecesarios. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial del Santa ha adelantado que existen 20 funcionarios de confianza que no cumplen los requisitos establecidos por la norma y otros 18 “que ocupan cargos que no existen”. En realidad si se presenta el resultado de su evaluación de esta manera sorprendería a cualquiera, sin embargo, el gerente municipal Jesús Rodríguez Fuentes ha cuestionado el proceder del organismo de control, por lo menos en lo que compete a su entidad, señalando que ha efectuado reparos en función a un Reglamento de Organización y Funciones (MOF) que ya ha sido derogado. El funcionario señaló que la Oficina de Control Interno ha calificado a los nuevos funcionarios de confianza en función a un MOF del año 2010, cuando a la fecha está trabajando con un MOF que se aprobó el año 2013 que es el que, precisamente, derogó el antes mencionado del 2010. Esto sería un clamoroso yerro que pone de manifiesto que la Contraloría viene evacuando informes sin que antes haya otorgado el derecho más elemental que tiene cualquier persona y, por ende un funcionario o una gestión publica, que es el derecho a la defensa. La Oficina de Control Interno de la comuna provincial del Santa ya no es más una dependencia edilicia, es un órgano dependiente de la Contraloría General de la República, por tanto, lo primero que debe hacer cuando observa un procedimiento es demandar un descargo, de esa manera nos imagínanos, por ejemplo en el caso de la Municipalidad Provincial del Santa, es haber exigido una explicación a la administración edil y de esa manera se hubieran evitado sindicaciones que han afectado la gestión.
EXTEMPORANEO
Pero si en la Municipalidad Provincial del Santa se encuentran incómodos por el accionar de la Contraloría, las cosas no son mejores en el gobierno regional de Ancash. Ello porque se ha evacuado un informe dando a conocer a la prensa en general del hallazgo de un excedente de hasta 27 funcionarios de confianza y que ha generado un egreso adicional de poco más de dos millones de soles. Al margen de otros cuestionamientos relacionados con los requisitos y experiencia para un cargo público, lo que no ha dejado de incomodar a los funcionarios regionales es el hecho que se haya lanzado esta información cuando ellos ya han levantado la observación, a diferencia de los documentos emitidos en los Municipios, el informe de control del gobierno regional tiene fecha 01 de abril, de tal suerte que ya el gerente regional ha levantado las observaciones en el sentido que la contraloría calcula el número de funcionarios de confianza en función a la cantidad de servidores que tiene la sede central sin embargo, muchas dependencias tienen oficinas en las diferentes provincias, de tal suerte que se tiene que hacer el cálculo en función a esa cifra que es más elevada y de allí que no existía el exceso de personal de confianza que alega control interno. La pregunta que se cae de madura es ¿si la administración ya absolvió este cuestionamiento, porque razones se tendría que haber difundido a esta altura?, salvo que para los auditores ese argumento no resulte válido, empero, en ese caso lo que debieron hacer es un nuevo informe y no dar a conocer uno que a estas alturas ya resulta desfasado.
REQUISITOS
En realidad, la Contraloría no está detectando irregularidades, lo que advierte es el hallazgo de incoherencias de los funcionarios elegidos con los instrumentos de gestión y todos han advertido que lamentablemente esos reglamentos internos como el CAP, el MOF o el ROF están desfasados, ya no responden a los requerimientos de la actualidad y no se pueden actualizar desde que está en vigencia la ley Servir, es decir, del año 2013. Sería interesante que a partir de esta intervención de la Contraloría se actualice todo este aparato reglamentario porque es el que está poniendo muchas trabas en la gestión de las entidades públicas.