Las incursiones de la contraloría general de la república y sus contundentes informes relacionados con la precariedad de los funcionarios de confianza designados por el gobierno regional de Áncash así como de los municipios provinciales y distritales, dejó en un segundo plano una grave revelación formulada por el vice gobernador regional quien ha acusado de ser potencial víctima de un complot que buscaría que vacarlo del cargo.
Las revelaciones que hizo Henry Borja Cruzado dejaron estupefactos a más de uno, pues hasta donde se sabe su cargo no genera mayores polémicas y confrontaciones, su figura no ha sido jamás puesta en entredicho y su actuación en el gobierno regional se reduce a los periodos de ausencia del gobernador regional y hasta la fecha ha sido sumamente limitada y ha pasado desapercibida.
Sin embargo, el vice gobernador Henry Borja lanzó una advertencia a través de las redes sociales en el sentido que tratarían de presentar una denuncia descabellada en su contra con la única finalidad de descalificarlo, señaló que se trataba de una componenda en la que se buscaría que involucrarlo en un escándalo relacionado con el tráfico de influencias al interior del gobierno regional.
En tal sentido escribió en sus redes sociales que “me acusarán de firmar un documento por una coima de 800 mil soles para beneficiar a unos empresarios con obras del gobierno regional. Alerto que gente inescrupulosa ha falsificado mi firma con el fin de perjudicarme en un documento completamente falso” señaló en esa oportunidad.
Lo más grave y delicado es que al momento de hacer estas advertencias admitió que en este acto de conspiración estarían involucrados algunos consejeros regionales, quienes a decir de la autoridad ancashina, tratarían de generar desgobierno en la región y buscar una posible vacancia en su contra.
Cualquiera podría decir que se trata de una exageración del vice gobernador o una mala interpretación respecto a los conflictos con terceros, empero, esto quedaría descartado en la medida que el propio funcionario ha señalado que ha sido testigo de la existencia de estos documentos que serían presentados como una verdadera bomba que pretendía estallar en el seno de la gestión regional para tumbarla.
“He tenido acceso a un documento falso que personas dañinas han denominado Contrato de Cumplimiento de Compromiso, en la cual se puede observar una falsificación de mi firma tras recibir 800 mil soles por la supervisión y ejecución de la obra del Servicio de Alerta Temprana de la Subcuenca de Quillcay. Voy a exigir un peritaje para desbaratar esta farsa”, ha dicho el vicegobernador al convocar a los medios de prensa para dar a conocer estas movidas que tratarían de desprestigiarlo.
Sería pertinente que las autoridades busquen deslindar estas publicas denuncias, más aun cuando no se trata únicamente de encender el ventilador y comenzar a arrojar lodo por todos lados, por el contrario, el denunciante precisa nombres y numero de documentos de identidad, como los de Carlos Antonio López Huancas, con DNI N° 42909763 y Jorge Yarlaqué Montalvo con DNI N° 17521516, quienes serían los supuestos empresarios que firmaron el falso documento con su persona el 11 de febrero del 2019.
Llama la atención que se denuncie un complot de estas características, con la precisión de identidades de terceros y la existencia de un falso negociado en la adjudicaciónÂÂÂ de obras a terceros, de allí que es pertinente que se investigue hasta donde llega todo este barullo, cuales son las reales motivaciones de quienes han pretendido afectar al vice gobernador y cuan ciertos son estos cuestionamientos.
No se puede soslayar que el cargo del vice gobernador ha sido, es y seguirá siendo solo un membrete, no tiene función específica y solo tiene relevancia cuando por alguna razón se suspende o se declara la vacancia del gobernador, consecuentemente, la vacancia que interesa a enemigos y opositores a una gestión es la de un gobernador, la lógica nos dice que a nadie le debería interesar conspirar o vacar a un vice gobernador porque a la larga no conseguiría absolutamente nada, menos aun desestabilizar una gestión regional.
Esperemos que las autoridades desvirtúen este extraño complot que ha denunciado el vice gobernador porque el prestigio y la reputación de las personas no se pueden desmerecer con componendas y falsas acusaciones como las que ha señalado.
UN PEDIDO PERTINENTE
La semana pasada un pequeño y reducido grupo de psicólogos marcharon por las calles de Chimbote demandando que el Ministerio de Educación cumpla con la normativa que obliga a los centros educativos a contratar a profesionales de la psicología para atender la enorme carga de situaciones que se presenta a nivel de niños y adolescentes en la vida escolar.
Eran poquísimos pero los suficientes como para llamar la atención de los transeúntes respecto a una problemática que no es nueva y que no tiene que ver con la pretensión o aspiración de un gremio profesional sino que estaba basada, fundamentalmente, en la aplicación de una norma legal.
Pero la protesta de estos profesionales no solo debe medirse en función a la magnitud del ruido que puedan hacer en las calles, sino en una realidad que es lacerante y que debería obligar a las autoridades locales a respaldar este clamor en razón de la necesidad que tienen los colegios de contar con profesionales de la piscología.
Los problemas de conducta son el caldo de cultivo en los adolescentes, los caracteres de los niños, las malas influencias, las deficiencias en el comportamiento, la inmadurez, etc., etc, son factores que derivan en problemas de bullyng, de falta de atención en las clases, de bajas notas, etc.
Por ello la presencia de un psicólogo en la planilla de un plantel debe ser tan prioritaria como la exigencia de un docente que dicta el curso más importante de la agenda anual. Si existe una ley que lo estipula, los psicólogos solo están haciendo un pedido pertinente, están reclamando algo que les corresponde, no entendemos que es lo que espera el Gobierno para sancionar esta obligación que solo le haría bien a miles de niños y adolescentes con problemas de conducta dentro del plantel.