Cuando hace exactamente dos meses atrás la televisión nacional propalaba un meticuloso reportaje que daba cuenta de las turbias obras ejecutadas en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, en una de las cuales se encuentra involucrado el Gobernador Regional Juan Carlos Morillo Ulloa, muchos apostábamos a que esta pesquisa debería adquirir la gravedad que ella realmente representaba.
Las propias imágenes propaladas por la televisión nacional, mostrando la obra del canal integrador Santa San Bartolo inconclusa pero que al final se había pagado más del doble de lo que se había presupuestado, era un clamoroso indicio de un escandaloso contubernio que en su oportunidad y en medio de la última campaña electoral se mostró en su real dimensión, empero, las ambiciones políticas no le dieron la importancia que realmente tenía.
Por ello a muchos no extraña que el último fin de semana el Ministerio Público haya informado que el Fiscal a cargo de la carpeta del caso del canal Santa San Bartolo, decidió comprender a los empresarios que tomaron parte en dicha negociación, es decir, al consorcio formado por cuatro empresas, una de las cuales es del Gobernador Morillo.
El fiscal a cargo de la investigación, Wilder Delgado Flores, indicó que se decidió incluir a la actual autoridad regional en calidad de representante de la empresa JJM Minería y Construcción SAC. Además, se comprendió en la formalización al representante de la empresa AyR SAC Contratistas Generales, Francisco Argumedo Druett, y a la titular de la empresa JJM Contratistas Generales SRL, Janet Etelvina Morillo Ulloa.
También, se consideró a la representante de la empresa Project Constrution SAC, Yuri Valery Manrique Rivera. Todos los antes mencionados integrantes del consorcio San Bartolo.
Y es que el Ministerio Público ha reaccionado demasiado tarde para cumplir con esta formalización de cargos en la medida que era más que evidente que las empresas que ejecutaron esa obra tenían que responder por las graves irregularidades detectadas en la adjudicación y ejecución de la misma.
Ello porque hay una premisa que la puede dilucidar cualquier alumno del primer año en la facultad de derecho, y, es que si la Contraloría detectó responsabilidad penal en los funcionarios que tomaron parte en esta obra, es más que evidente que los empresarios deberían seguir el mismo camino ya que la colusión es entre dos partes.
Los ex funcionarios regionales tenían que coludirse con otros para beneficiarse y ellos no eran otros que los empresarios, por ello llamó poderosamente la atención que en octubre del año pasado la Fiscalía haya iniciado la Investigación sin tomar en cuenta a los representantes de las empresas.
Esto fue lo que advirtió el Procurador Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia en el famoso reportaje propalado por el programa “Cuarto Poder”, no solo mostró los canales artesanales que estaban utilizando los agricultores porque la obra no fue terminada sino que mostró las escandalosos cifras que se pagaron por entonces, los arbitrajes manejados con la connivencia de los propios funcionarios que permitieron que se autoricen los cobros millonarios que se embolsó el consorcio hasta por 36 millones de soles en total.
Obviamente, el Gobernador optó por la mediocre estrategia de atacar al mensajero, la emprendió contra el Procurador cuando los cargos fueron formulados por la Contraloría General de la Republica, es el organismo de control el que detecta este escandaloso manejo de la obra del canal integrador y emite un informe final que representa una prueba pre constituida en el marco procesal de una investigación.
Por lo tanto, esa informe ameritaba el inicio de una inmediata investigación con la posible aplicación de medidas restrictivas, sin embargo, el año 2015, cuando llega este informe, se suceden una serie de hechos extraños que han derivado en la dilación de los plazos y la demora en la tramitación de los cargos.
Curiosamente, hace dos meses atrás el gobernador dijo que le extrañaba que a estas alturas se saque una acusación de una obra realizada hace nueve años atrás, sin embargo, debería saber que la contraloría trabajó esta auditoría el 2014 y el año siguiente remitió el informe señalando la responsabilidad penal de 49 funcionarios implicados.
Pero ocurre que el Ministerio Público extrañamente derivó este informe a la ciudad de Huaraz, cuando los hechos ocurrieron en la jurisdicción del Santa y en materia penal la jurisdicción se dilucida por el lugar de los hechos de la comisión del delito, eso también lo sabe un alumno del primer año de derecho, pero aquí se impusieron manejos turbios para dilatar el caso.
Justamente, el gobernador salió a declarar a los medios que la Contraloría General de la República no había encontrado responsabilidad en las empresas que ejecutaron la obra, que ellos entregaron la misma y se liquidó por lo tanto no había nada que reclamar, empero, el titular de la Región debe saber que la contraloría no emite opinión respecto a la responsabilidad de personas naturales o jurídicas particulares, solo se ocupa de los funcionarios públicos pues de los otros se encarga el Ministerio Público, como lo ha hecho recién que se ha entregado a la carpeta a otro magistrado.
La teoría del caso del Ministerio Público dice que los integrantes de dicho consorcio se habrían coludido con la exautoridad regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado con la obtención de la buena pro a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Además, para beneficiarlos durante la ejecución de la obra con el pago irregular de adelantos directos pues la obra fue licitada por 17 millones 786 mil 118.66 soles y terminó costando más de 36 millones de soles.
Es lamentable pero hay que reconocer que nuevamente las más altas investiduras de Áncash se ven envueltas en pesquisas y procesos judiciales que podrían derivar en decisiones que dejen a la región en situación precaria, ya ha ocurrido antes y todo parece indicar que los ancashinos no podemos sacudirnos de estos estigmas de la corrupción que siempre terminan involucrando a las autoridades. La previsible decisión del ministerio Público deja a un Gobernador en apuros.