Que los niveles de delincuencia y peligrosidad en Chimbote se han incrementado, es una verdad de Perogrullo y se agudiza aún más cuando se verifica que sus organismos de seguridad y protección se encuentran en tal crisis que es difícil poder garantizar la integridad física y patrimonial de las personas.
Los continuos robos y asaltos se suceden unos tras otros, basta echar una mirada a los archivos para advertir que, por ejemplo, por solo citar una modalidad delictiva, los asaltos en la modalidad de “marcas” se han disparado en nuestra ciudad.
No existe una sola semana en la que los medios de comunicación no han dejado de revelar nuevos casos de atentados patrimoniales por parte de sujetos que aparecen en motocicletas que consiguen identificar a las personas que salen con cuantiosas sumas de dinero de las entidades financieras para robarle hasta el último céntimo.
Hace solo dos semanas, en los últimos días del mes de mayo, esta clase de delincuentes se dieron el lujo de perpetrar dos asaltos bajo esta modalidad en un mismo día en agravio de una pareja de empresarios agroexportadores y de un empresario constructor que minutos antes del atraco habían salido de entidades financieras de la localidad con fuertes sumas de dinero que habían retirado por necesidades propias de su actividad, y de las que fueron despojados a punta de amenazas con arma de fuego cuando llegaban a sus respectivas oficinas, una modalidad harto conocida.
Como es que los delincuentes saben de las fuertes sumas de dinero que trasladan los empresarios, esa es una incógnita que la Policía debería resolver a efectos de evitar nuevos hechos de esta naturaleza, sin embargo, todo ello contribuye a elevar el delicado escenario de criminalidad que afronta la ciudad.
Por ello es que a nadie debería de sorprender el informe que la semana pasada ha evacuado el Ministerio del Interior relacionado con un estudio realizado a nivel nacional a efectos de determinar los volúmenes de criminalidad y conocer e identificar cuáles son las ciudades con mayores índices delictivos.
Este informe revela que la ciudad de Chimbote se ubica en el puesto 29, dentro de una lista de los 120 distritos más peligrosos del país, por ser más vulnerables al crimen y la violencia.
Entre las otras ciudades, más conocidas de nuestra región, Huaraz que es la sede de la región se ubica en el puesto 33 y Casma, que se ubica a solo unos kilómetros de nuestro puerto está ya en el puesto 35.
No se puede soslayar que en el caso de Huaraz los índices de violencia y criminalidad se han disparado en los últimos meses y es posible que haya superado hasta Chimbote, pues no se puede olvidar que allí operó el “loco del cuchillo”, un sujeto que gozaba con atacar y asesinar a ciudadanos sin escrúpulos, pero para no ir muy lejos ha sido asesinado un fiscal provincial en una disputa callejera y hace unos días una empresaria a la cual asaltaron para despojarla del dinero que llevaba en su poder porque lo había retirado del banco y, ante su resistencia, la mataron de un balazo.
Justamente, este último hecho generó una escalada de protestas y un pedido da sociedad civil para que se declare en emergencia la ciudad y se demande la intervención directa del gobierno en el control de sus calles, empero, el COPROSEC de la provincia descartó de plano este pedido.
En similares condiciones se encuentra la ciudad de Chimbote, inclusive, aquí los problemas se agudizan porque la entidad que tiene la obligación de velar por la seguridad ciudadana, nos referimos a la Policía Nacional, atraviesa por una crisis que es mucho más delicada aun.
En efecto, en los últimos meses ya más de una docena de efectivos policiales fueron a parar al Penal de Cambio Puente y vienen haciendo frente a procesos judiciales en calidad de detenidos y ello porque traicionaron el uniforme y lo utilizaron para incurrir en actividades ilícitas.
Casos de coimas, extorsiones, violencia sobre las mujeres y hasta tráfico de drogas fueron los hechos que han protagonizado los efectivos policiales y respecto a los cuales la autoridad ha deslindado y tomado distancias, pero que ensombrecen la labor policial y, esencialmente, dejan un pésimo mensaje a la población que no se siente protegida por una institución en la cual existen infiltrados que no inspiran garantía alguna.
Según se ha informado, los indicadores utilizados para elaborar la lista de las 120 ciudades más peligrosas del Perú fueron la tasa de homicidios según lugar del hecho, tasa de victimización y tasa de internos por lugar de residencia.
Son 120 los distritos considerados como los más peligrosos, por ser más vulnerables al crimen y la violencia. Lima es la que reúne la mayor cantidad de distritos en la línea roja, seguida de La Libertad, con 13. Le siguen Cusco y Junín, con ocho cada uno y Ancash con 5 distritos, uno de los cuales es Chimbote que se encuentra a la cabeza.
Esta cifra se dio a conocer tras la elaboración de la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que tiene como finalidad mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica en los territorios focalizados, según se desprende de la resolución publicada por el Ministerio del Interior y rubricada por su titular, Carlos Morán, el pasado 3 de junio.
Es evidente que la actividad comercial e industrial que tiene Chimbote es una invitación para la delincuencia y la criminalidad, empero, las autoridades son las llamadas a controlar estos índices delincuenciales, más aun cuando nuestro Puerto ha sido identificado siempre como una ciudad proclive al delito.
No debemos olvidar que hace solo unos años se registraron más de un centenar de crímenes en solo doce meses, fueron las épocas de la vigencia de la red de corrupción, cuando desde el gobierno regional se promovió una ola delictiva que se generaba en los “chalequeos” de las obras y el cobro de cupos a los empresarios. Fueron tiempos en que hasta la autoridad fue cómplice de esa vorágine delictiva.
Sin embargo aún existen en nuestra sociedad no solo instituciones que están en condiciones de trabajar fuerte para revertir esta situación, que en la propia Policía Nacional existen oficiales y sub oficiales valiosos que tratan de responder a la expectativa de su institución, de allí que tenemos que confiar que todo este escenario debe cambiar por el bien de la tranquilidad de la población y su derecho a vivir en un ambiente seguro y adecuado.