INTERPELACION
La próxima semana el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, deberá concurrir al Congreso de la República para responder el pliego de preguntas que se le plantea en el marco de la interpelación a la cual es sometido como consecuencia del escándalo generado por la fuga del delincuente Rubén Moreno Olivo (a) “Goro”. Como se recuerda, este delincuente estrechamente ligado a Chimbote, consiguió eludir la cárcel de “Piedras Gordas” a pesar de hallarse cumpliendo una condena de 25 años de cárcel que se le impuso hace poco más de un año atrás por el primer atentado perpetrado en la vivienda el ex consejero regional Ezequiel Nolasco, ocasión en la que asesinaron a su hijo político Roberto Torres Blas. Lo curioso es que “Goro” salió del Penal por la puerta grande, atendiendo a un pedido de libertad procesal en la medida que había cumplido con los plazos de la prisión preventiva en todos los casos que venía siendo juzgado, y, en mérito a esta resolución de excarcelación es llevado a una vivienda con una orden de arresto domiciliario, aprovechando este régimenÂÂ para fugarse a pesar que deberá estar custodiado por la Policía. En realidad la fuga de “Goro” se produce porque salió de un Penal del cual no debería haber salido porque tenía una codena vigente, la misma que no fue advertida por personal del instituto Nacional Penitenciario, organismo que está bajo las órdenes del Ministerio de Justicia. Después de todas investigaciones que se han realizado a nivel periodístico y congresal, se ha llegado a la conclusión que la responsabilidad de la fuga de “Goro” recae sobre el INPE y por ello deberá responder el Ministro, al margen que ya fuera recapturado y que se encuentre ahora recluido en el penal de Challapalca, en las alturas de Tacna y Puno. No cabe duda que frente a tamaño escándalo, es evidente que el despacho del Ministro de Justicia tiene responsabilidad política sobre estos hechos, ahora habrá que ver si es o no censurado por la mayoría fujimorista.
RECONOCIMIENTO
La semana pasada el alcalde de nuevo Chimbote, Domingo Caldas Egusquiza, ha entregado un reconocimiento especial al ex burgomaestre de este distrito Julio Ostolaza Ganoza, al cumplirse 20 años de su elección como tal. La entrega de la garza de plata y la medalla de la ciudad es un justo reconocimiento a quien fuera el segundo alcalde del distrito, pues sucedió a la ex alcaldesa Luisa Gadea de Alegre luego de ganar dos elecciones seguidas al haberse anulado la primera. Julio Ostolaza, a diferencia de su antecesora y sus sucesores, fue un alcalde que dejó el cargo sin que pese sobre su cabeza denuncias de malos manejos o actos de corrupción, por el contrario, realizó una gestión positiva si se tiene en cuenta que por entonces no se contaba con los recursos del canon como existe ahora. Fue el primer alcalde que implementó la flota de limpieza pública con tres carros compactadores y debió dejar sentada la organización de un municipio que fue creciendo al mismo ritmo del distrito. Nuestras congratulaciones para Don Julio Ostolaza que debe haber regresado con muchas añoranzas a una ceremonia cívica dominical.
DERROTERO
Seguramente que cansado de vivir a salto de mata y ocultándose de la justicia, un Sub oficial de la Policía Nacional se puso a derecho y se entregó a la justicia que había ordenado su captura desde hace más de un año. Se trata del Sub Oficial Eduardo Nicolás Flores Blanquillo quien fue denunciado por una joven de 20 años de haberla violado bajo amenaza con un arma de fuego, en una vivienda a la que acudió en el A.H. “Santo Dominguito”, en donde se realizaba una reunión particular. El efectivo policial había recibido una orden de prisión preventiva de 9 meses, lo que quiere decir que aun cuando se oculte varios años, en caso fuera capturado debería de cumplir la misma medida restrictiva, su propia condición policial lo ha llevado a analizar su caso y determinar que, en estas circunstancias, es mejor afrontar la medida judicial con la cárcel antes que mantenerse escondido como si estuvieras purgando una carcelería. Todos los que se encuentra prófugos de la justicia deberán hacer esta misma evaluación, no solo para respetar un mandato judicial sino por su propia condición jurídica.