Un numeroso grupo de servidores municipales arremetió la semana pasada en la sala de sesiones del concejo municipal de la comuna provincial del santa, insultando y amenazando al alcalde, regidores y funcionarios que se hallaban participando de una sesión de concejo.
La acción violenta disfrazada de una protesta por falta de pago a un grupo de trabajadores ediles del servicio de seguridad, se tornó violenta desde el hecho mismo que la turba arremetió contra los vigilantes que se hallaban en la puerta y destruyeron la misma para poder ingresar por la fuerza.
La gran cantidad de protestantes que superaban el número de agentes del servicio de seguridad, hizo ceder fácilmente el acceso de los violentos trabajadores que llegaron a pocos metros de la mesa principal, siempre lanzando insultos y amenazas contra el burgomaestres y los funcionarios de la actual gestión,
La actitud matonesca y repulsiva de los agresores dio lugar a que el alcalde Roberto Briceño suspenda la sesión y fuera apartado por los miembros de la asamblea municipal a efectos de impedir una agresión en la medida que los manifestantes ponían en evidencia una violencia irrefrenable y se advertía que cualquier cosas pudiera pasar.
La llegada de efectivos de la Policía permitió desalojar a los agresivos trabajadores que fueron trasladados fuera del recinto municipal, lo que dio lugar a que se pusiera en marcha un operativo de salida del alcalde, regidores y funcionarios, lo que se hizo en torno a un cordón de seguridad que no evitó que los mismos y violentos servidores ediles lanzaran objetos, insultos y toda clase de amenazas contra las autoridades.
Un hecho realmente bochornoso y delictivo a todas luces, la ley no solo sanciona la indisciplina e insubordinación de un trabajador en una entidad pública sino la incursión violenta en una sala de sesiones como el concejo municipal y la califica como delito de Desacato, por lo que se entiende que ya la oficina de asesoría legal de la comuna provincial del Santa debe haber planteado las denuncias penales correspondientes y se tiene que haber identificado a los responsables en la medida que existen imágenes captadas por las cámaras de seguridad así como por los medios de comunicación.
De allí que se hace imperativo que este hecho de violencia no quede impune y que se deslinde de las medidas de protesta de corte laboral que viene emprendiendo el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa que en estos días han emprendido medidas de fuerza en protesta contra el accionar de la gestión del alcalde Roberto Briceño así como del gerente municipal Jesús Rodríguez Fuentes.
Esto último es de dominio público, los trabajadores ediles han emprendido una protesta en rechazo al incumplimiento de un incremento salarial que consiguieron el año pasado a través de un convenio colectivo que no fue suscrito por la autoridad municipal en ejercicio sino por un alcalde encargado que estuvo de paso en el cargo en remplazo de quien lo ejercía, el mismo que solicitó una licencia de 30 días para postular a la relección de su cargo de regidor provincial.
Nos referimos, efectivamente, al ex concejal Neptalí Briceño Porras, quien no solo dispuso cambios de funcionarios en el corto período que le tocó gobernar la ciudad, sino que asumió las tratativas de un convenio colectivo que se negocia con el gremio municipal y para el cual no tuvo reparos de suscribirlo con funcionarios de carrera que no solo están estrechamente ligados sino que forman parte del mismo Sindicato de Trabajadores.
Fue una negociación que resulta de juez y parte, empero, en lo esencial, cuando este convenio colectivo se hizo público este año, ya en la gestión del alcalde Roberto Briceño, se advirtió que este documento se había firmado festinando una serie de trámites, como la necesaria formulación de los informes de las áreas técnicas de la comuna provincial, como presupuesto y administración, las cuales deberían haber autorizado la existencia de asignaciones presupuestales que habiliten los recursos que serían necesarios para cubrir esos incrementos.
La inexistencia de estos documentos descalifica legalmente el convenio colectivo, inclusive, aquel documento se suscribió cuando ya estaba vigente la ley Servir, la misma que prohíbe terminantemente que a través de los convenios colectivos de dispongan incrementos de orden remunerativo, lo que quiere decir que, por angas o por mangas, el aumento aprobado en la gestión anterior resulta inaplicable.
Inclusive, para los efectos de establecer un pronunciamiento imparcial y decisivo, el alcalde ha elevado el mentado convenio y todos los antecedentes relacionados a la protesta del SUTRAMUN al Ministerio de Economía y Finanzas y al organismo SERVIR a efectos que emitan la opinión técnica que servirá para dilucidar este tema, lo que quiere decir que cualquier protesta deberá quedar a expensas de ese pronunciamiento.
Esto parece haber sido asumido por la mayoría de trabajadores ediles que en la última asamblea rechazaron la inmediata convocatoria de una huelga indefinida y decidieron postergar hasta el 12 y 13 de este mes una paralización de 48 horas, decisión que muchos entienden que deja un margen importante a efectos de conocerse el pronunciamiento de los organismos competentes en estas materias.
Entonces si esto ha sido así, si la posición de la propia comuna es comprensible en la medida que existen divergencias en torno a la forma como se aprobó el incremento remunerativo de los servidores, no se entiende como es que un grupo de trabajadores haya apelado a la extrema violencia y arremetiera con furia y brutalidad en la sesión de concejo que se realizaba el pasado miércoles en la sala de sesiones.
Este no es un hecho de protesta laboral, es un condenable hecho delictivo que pretende hacer tabla rasa del principio de autoridad, que busca que arrinconar a la administración edil y sacar por la fuerza decisiones que respalden sus pretensiones sindicales, sin embargo, es evidente que nos hallamos ante una inaceptable intimidación que no puede quedar impune.
No se puede anteponer al dialogo y el trato civilizado las bravatas y ataques delincuenciales, esas acciones de corte delictivo deben ser sancionadas en los tribunales.