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MINISTERIO PÚBLICO ABRE INVESTIGACIÓN CONTRA OTROS INVOLUCRADOS EN SISA 2

Tras declaración de testigo en reserva:

Dirsse

Dirsse Valverde Varas e Ismael García Rivera investigados por SISA 2.

SISA 2. A raíz de las declaraciones en juicio de un testigo en reserva, la Fiscalía Anticorrupción del Santa abrió investigación preliminar en contra del ex subgerente de Infraestructura del gobierno regional de Ancash, Dirsse Valverde Varas, el funcionario de la empresa SISA, Samuel Vasconcellos Boggio e Ismael García Rivera, exfuncionario del Proyecto Especial Chinecas y además cónyuge de la fiscal superior anticorrupción, Nancy Moreno Rivera.

La investigación preliminar dispuesta por el Fiscal Anticorrupción del Santa, Wilder Omar Delgado Flores (actualmente de regreso en Fiscalía común), ordena un plazo de 120 días bajo la presunción de la comisión del delito de colusión, teniendo como base el audio y vídeo de la audiencia en la que el testigo en reserva fue interrogado en el juicio oral del mismo caso SISA.

Actualmente la investigación ha recaído en el Fiscal José Olivos Cosio quien ha solicitado a su colega Carlos Roncal (que estuvo a cargo del caso SISA 1), que proporcione información a fin de notificar al testigo en reserva (persona bajo anonimato) para ampliación de su declaración.

Este último dijo en juicio oral que se favoreció a la empresa SISA para que la misma tenga a su cargo después, la ejecución de la primera etapa del Proyecto Especial CHINECAS, “este estudio fue hecho a medida de la empresa brasileña Odebrecht a quien se le iba a entregar la buena pro para la primera etapa de Chinecas, con conocimiento de César Álvarez” señaló el testigo en reserva.

“Para que la empresa Consorcio Servicio e Ingeniería S.A (SISA) se pueda adjudicar el perfil, Samuel Vasconcellos (alto funcionario de esta empresa), Raymundo Nonato, Carlos Ruiz , Jorge Burgos y Belaunde Lossio; realizaron un viaje de Lima a Huaraz para presentar la propuesta de iniciativa pública – privada” señaló en aquella oportunidad.

También dijo que las tratativas se cayeron porque en el gobierno regional de Ancash exigían una coima del 10% y la empresa brasileña estaba dispuesta a pagar únicamente el 2.5% del monto del proyecto. Esta misma modalidad se habría empleado con SISA, pues su representante Samuelos Vasconcellos Boggios participó en todas estas conversaciones de concertación clandestina.