Por presunto conflicto de intereses:
Pedro Arenas Palomino.
Los cuestionamientos formulados hace algunas semanas al ex congresista Carlos Domínguez Herrera por supuesto conflicto de intereses y tráfico de influencias relacionados con la promoción de una ley con nombre propio, llegaron a la Presidencia de la República a efectos que se investigue a nivel de Contraloría General y el Ministerio Público.
Este documento dirigido al Presidente Martin Vizcarra Cornejo, ha sido tramitado por el miembro de la Asociación Nacional de Cesantes de la Empresa Nacional de Puertos (ANC ENAPUSA), Pedro Arenas Palomino, quien ha entregado en mesa de partes del despacho Presidencial copias de los cargos que formula.
Bajo el membrete de denuncia pública, Arenas Palomino se dirige al jefe de estado para dar cuenta de lo que denomina como “actividades sospechosas” del otrora congresista Carlos Domínguez en la promulgación de la ley 30781 que declara de interés nacional y necesidad pública la Modernización del Terminal Portuario de Chimbote.
Lo que expone el denunciante es una suerte de enroque político mediante el cual el congresista desde su escaño promueve un proyecto de ley con nombre propio, con el último objetivo de favorecer a la empresa de su familia con esa iniciativa legislativa.
Arenas señala que con fecha 21 de Junio del 2017 Domínguez Herrera presenta el proyecto de ley 1277/2016-CR que buscaba “declarar de interés y necesidad pública la creaciónÂÂÂ del terminal de Contendedores y Modernización del Terminal Portuario de Chimbote” que no ocultaba su finalidad de favorecer a unÂÂÂ particular (creación de Terminal para contenedores).
Y es que, a decir de la denuncia, paralelamente se tramitaba en PROINVERSION una iniciativa privada de estas características, por lo que esta parte de proyecto fue retirada por el pleno del congreso bajo la premisa que no se puede legislar con nombre propio en favor de tercero.
Arenas afirma que “esto no solo es ilegal sino impropio para un legislador porque en la práctica estaría haciendo lobby”, pero tras el traspiés Domínguez insistió fusionando su proyecto con uno de la congresista María Melgarejo, con el cual de aprueba la ley 30781 que fue publicada en el Diario El Peruano en Junio del año pasado.
Pero a decir del denunciante de esta manera no conseguiría su propósito inicial, por ello hizo incorporar una Única disposición complementaria que a la letra dice “encárguese al Poder Ejecutivo para que mediante el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía y Finanzas, priorice la ejecución de la presente ley”, ello a sabiendas que el propietario del Terminal Portuario de Chimbote es el Gobierno Regional de Áncash.
“Esta ley es meramente declarativa, toda vez que no dispone ningún beneficio económico de parte del Gobierno Central para la modernización sino que solo facilita las acciones de concesión de dicho Terminal Portuario desde el Gobierno Central a un postor que podría tener nombre propio y eso se confirma ahora que la empresa familiar del congresista OIL INTERNATIONAL SAC, de la cual es socio fundador, sería una de las principales beneficiarias de esta ley en la localidad de Chimbote”, señala Pedro Arenas.
Concluye señalando que esto se demostraría porque después de aprobarse la ley, dicha empresa amplió su giro de negocio para poder ser dueña y administradora de Terminales Portuarios y de Contenedores según lo demuestra con las copias de los asientos registrarles, lo que evidencia el conflicto de intereses.
El denunciante pide a la Presidencia de la República trámite estas pruebas ante los organismos competentes.