Efectivos de la Policía nacional y de la Fiscalía especializada en delitos ambientales, intervinieron un predio abandonado en el sector La Carbonera en donde describieron que se había instalado un campamento de minería informal, en el cual se venía explotando la extracción de un recurso que se presume que es oro.
El accionar de las autoridades obligó a los dueños y trabajadores de este campamento informal a darse a la fuga antes de ser identificados y detenidos, por ello es que la autoridad procedió a levantar un acta y destruir los enseres y equipos que se encontraron en el lugar porque alteran el medio ambiente.
Por los indicios hallados en el lugar se presume que esta extracción minera ilegal aparentemente se habría estado realizando desde hace varios meses atrás, pues se hallaron herramientas y materiales de explotación minera valorizados aproximadamente en medio millón de soles.
Lo que las autoridades encontraron fueron dos socavones, construcciones rústicas tipo vivienda de material de esteras, triplay y palos, un pozo de agua, un quimbalete, treinta sacos de polietileno conteniendo al parecer mineral metálico molido y húmedo.
También dos carretillas metálicas, cinco bidones de plástico vacíos, una geomembrana, un dino de plástico, un rotoplas, entre otros. Además, se incineraron esteras, colchones, mesas y otros enseres que eran utilizados por los colaboradores para el desarrollo de sus labores diarias.
Esto nos da una idea que la gente que estaba trabajando en este lugar no solo tiene tiempo haciendo esto sino que ha obtenido algún recurso mineral en esa zona árida, pero lo que no puede pasarse por alto es el uso de mercurio, sin la protección necesaria para su manipulación.
Esto si es peligroso en la medida que esta sustancia es un elemento químico cuya adquisición y utilización está sujeta al control de las autoridades, lo que corrobora la actividad ilegal que se venía realizando en la zona.
Empero, lo que llama la atención es que nadie había denunciado hasta la fecha la existencia de este emporio de minería ilegal en una zona en donde no se sospecha ni siquiera que existan minerales valiosos, inclusive, ni siquiera los dueños de los terrenos sobre los cuales se estaba realizando esta minería ilegal.
Nos estamos refiriendo al proyecto especial Chinecas que es propietario de todos esos terrenos y como tal debería haber conocido que extraños habían usurpado sus tierras y las estaban utilizando con fines ilícitos, manipulando elementos químicos que no están autorizados para cualquier persona.
Si la memoria no nos traiciona en un predio aledaño a los terreros de Chinecas, en esta extensa zona de La Carbonera se estaba explotando yacimiento de materiales de construcción, se extrae allí tierra y arena y lo hacían en denuncios que empresarios han obtenido en el tiempo y que hace solo unos meses estaban reclamando por la incursión de un personaje que había invadido sus propias tierras y las del proyecto Chinecas, sin embargo, esas son actividades diferentes.
La minería informal ha crecido de manera fulgurante en la vecina provincia de Casma, allí existen hasta 40 asientos mineros informales que ha hallado oro en las partes altas del distrito de Yaután, por ello ha crecido los índices de delincuencia y prostitución, mientras que las autoridades no puede hacer nada para controlarlos.
De allí que ha sido oportuna la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente en razón que no se puede permitir que esta actividad ilegal cobre un origen en la provincia del Santa, específicamente en la zona de La Carbonera que es tan lejana que los trabajos que se han realizado hasta la fecha habían pasado inadvertidos.
Aun cuando en esta oportunidad no se encontró a nadie y que los promotores de esta minería informal en ciernes no han sido identificados, será prudente que las autoridades no le quiten el ojo a lo que ocurre en estos sectores alejados, se tiene que impedir que esta actividad informal que ha generado tanto daño en todo el país por el grave perjuicio ecológico que genera, encuentre un punto de partida en nuestra ciudad.
Se tiene que cortar de raíz esta actividad ilegal, más aun cuando estos predios de La Carbonera deben se incorporados a la actividad agrícola cuando se consolide el proyecto especial Chinecas. Estas tierras no pueden echarse a perder por los mineros informales.
 Derecho a protestar
En las últimas semanas algunos gremios que forman parte de los sectores de transporte y construcción civil, salieron a las calles para manifestar su rechazo a las pretensiones del frente de defensa de promover una revocatoria que tiene objetivos, a todas luces, de sumarse a los designios de desestabilización que buscan los enemigos y adversarios del alcalde provincial Roberto Briceño.
El hecho que hicieran estas protestas en las ceremonias cívicas dominicales en las cuales se encuentra el alcalde, se asoció estas manifestaciones a presuntas manifestaciones interesadas y dirigidas por gente de entorno del alcalde.
Sin embargo, estas reacciones han sido descalificadas por los grupos contestatarios del alcalde provincial, cuando solo han apelado a un derecho natural y consustancial con nuestro régimen democrático y lo hacen dentro del marco de la ley, cosa distinta a la forma como procede el frente de Defensa.
En efecto, el alcalde provincial apenas ha cumplido 10 meses en el cargo, sin embargo, ni siquiera había llegado al medio año de gestión y estos mismos promotores de la revocatoria ya venían cuestionando abiertamente su gestión, lo cual no tiene nada de malo aun cuando se requiere tiempo para hablar de cumplimiento de promesas.
Lo que no se puede hacer es aprobar pedidos de revocatorias o poner en marcha maquinarias para emprender un proceso de esta índole cuando estamos en el primer año de gestión de burgomaestre y la ley es clara en ese sentido al precisar que un pedido de revocatoria solo se puede formular en el segundo año de gestión pública.
Esto quiere decir que a la fecha el planteamiento del frente de Defensa es irregular, es ilegítimo y debería adecuarse marco que le otorga la ley. Las facciones de los gremios de construcción civil y de los transportistas tienen derecho a protestar, más aun cuando se percibe a leguas el tufo politiquero que tiene el pedido de revocatoria antes de los plazos que autoriza la ley.