Mientras que la Sala Penal Especializada en delitos de corrupción de funcionarios escucha los últimos alegatos de la impugnación contra la sentencia que ha condenado a 8 años y tres meses de cárcel efectiva al ex presidente regional César Álvarez Aguilar por el caso de la carretera Chacas San Luis, en el Colegiado A de la Sala Penal Nacional ha ingresado a la fase decisiva el juicio que se le sigue al mismo Álvarez y su cúpula regional por el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
En efecto, la semana pasada el Ministerio Público ha concluido su requisitoria oral aquella que expide luego de haberse oralizado todas las pruebas aportadas en este proceso, no solo por la parte acusadora sino los descargos de quienes se encuentran investigados, de tal suerte que la fase intermedia comienza a ingresar a su fase final.
Y en este estado el Fiscal Superior Vilmer Morillas Neira, con las pruebas actuadas en el contradictorio, ha ratificado su pedido de 35 años de prisión en contra del ex presidente regional, César Álvarez Aguilar y la misma penalidad ha solicitado para el ex alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, a quienes considera como autores intelectuales del crimen del ex consejero.
La larga ponencia del magistrado del Ministerio Público, la misma que se prolongó por más de tres horas, tuvo la misión de exponer las razones de su pedido, resaltando que los imputados formaron parte de una organización criminal que planificó la muerte de Ezequiel Nolasco Campos como una de las formas de mantenerse en el poder.
Morillas Neira solicitó para César Álvarez Aguilar una pena 6 años 11 meses 29 días por asociación ilícita para delinquir y 29 años 9 meses 3 días por homicidio calificado y como quiera que la suma de ambas supera el máximo permitido en la ley peruana, la pena concreta quedó en 35 años.
Lo mismo sucedió, por ejemplo, con Luis Arroyo Rojas para quien se pidió las mismas penas que en total alcanzan los 36 años 10 meses 1 día, pero como en el Perú nadie puede ser condenado a más de 35 años, esta última cantidad de años quedó solo como una solicitud.
En el caso de Rubén Moreno Olivo, delincuente más conocido como “Goro”, quien fuera recapturado luego de protagonizar una fuga de corte novelesca, la Fiscalía solicitó una pena de 33 años 3 meses 12 días que corresponden a la sumatoria del pedido de 4 años por asociación ilícita para delinquir y 29 años 3 meses 12 días por homicidio calificado.
Para Jhonny Saavedra Acosta se le pidió 32 años 10 meses 14 días de cárcel, que es la sumatoria de 3 años 10 meses 15 días por el delito de asociación ilícita para delinquir y 28 años 11 meses 29 días por homicidio calificado. Para Jorge Loloy Valencia, más conocido en el lumpen como “Chino Malca”, se solicitó una pena de 33 años 3 meses 12 días (4 años por asociación y 29 años 3 meses 12 días por homicidio calificado).
Mientras tanto, para el autor confeso del asesinato de Ezequiel Nolasco, el delincuente Christian Joel Cruzate Pereda se le pidió también una pena de 35 años de prisión, que es el máximo permitido por ley, pues en la disgregación de los delitos se solicitó 3 años 10 meses 15 días por asociación, 28 años 4 meses por homicidio y 6 años 5 meses 1 día por lesiones graves.
Todos los mencionados son considerados por la Fiscalía como los ejecutores del crimen, los que lo planificaron y los que lo ejecutaron, sin embargo, existe otro grupo de casi 20 acusados más para los cuales se ha solicitado penas menores al ser considerados como parte de la organización criminal, aquellos que sin tomar parte en la planificación y menos aún en el atentado, deben responder porque se prestaron a encubrir estos hechos, promovieron desde la posición en la que se encontraban una serie de acciones que buscaron que desviar la atención del crimen y de sus verdaderos mentores, una maquinaria perfecta que no puede quedar al margen de una ejemplar sanción.
Tras la requisitoria oral del Fiscal se ha iniciado la última semana las exposiciones del procurador del estado, como parte civil en este proceso quien está demandando se incrementen los montos de reparación civil y que se fijen como montos que condicionan la pena.
Luego se escucharán los alegatos de los abogados de la defensa, en este momento se juegan su última carta para tratar de convencer al magistrado de la inocencia o la responsabilidad menor de sus patrocinados, lo que tratarán es que por lo menos ellos no queden sujetos a una pena que los prive de su libertad.
Finalmente, la sala escuchará a cada uno de los acusados, ellos tendrán la posibilidad de dirigirse a sus jugadores para exponer lo que piensan, no solo de la drástica pena solicitada por el Fiscal, no solo de las pruebas que se han presentado en su contra, sino que podrán exponer sus emociones que los lleva en ese momento a estar al frente de una posible privación de su libertad.
Solo entonces, cuando se hayan cumplido con todas estas diligencias la Sala estará en condiciones de dictar una sentencia y lo hace señalando los lineamientos generales de ella, precisando el quantum de la pena para cada uno de los acusados o si les alcanza alguna absolución, es el preámbulo a una exposición detallada y con la precisión de elementos probatorios que se deja para una fecha posterior.
Lo cierto es que urge que estas diligencias no se frustren y que se concluya con este largo proceso, Ezequiel Nolasco ha sido asesinado hace ya cinco años, no es justo que sus deudos tengan que seguir esperando que se haga justicia porque ella debió decidirse hace ya mucho tiempo.
No se puede soslayar que esta semana que pasó ha salido en libertad el ex dirigente de construcción civil Víctor López Padilla, quien en este caso tiene una orden de ex carcelación por exceso de prisión mientras que en otro juicio ha cumplido con la pena que le habían impuesto,
De allí que este proceso ha ingresado a una fase decisiva, ya se actuaron todas las pruebas, ya se escuchan los alegatos de las partes, los magistrados ya saben que es lo que pasó y quienes tienen responsabilidad. Es solo cuestión de esperar para conocer el primer final de uno de los juicios emblemáticos de Chimbote.