La jefa del área de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, ha informado la semana pasada que las discotecas que funcionan en las primeras cuadras de la avenida Anchoveta, con frente a la plaza de la Cultura, deberán ser reubicadas si es que sus propietarios quieren seguir manteniendo su giro comercial.
La funcionaria Yuriko Kuroda García, responsable del área de fiscalización, fundamentó esta posición precisando que se aplica la ordenanza municipal 07 – 2012 que prohíbe terminantemente el funcionamiento de locales nocturnos a poco metros de un centro educativo, como es el caso de las discotecas “Eisha” y “Katana”.
Justamente, estos dos establecimientos nocturnos se encuentran clausurados por orden de su mismo despacho, que sancionó a los propietarios por permitir el funcionamiento de su establecimiento más allá de las 3.00 de la madrugada.
Esto no ha sido difícil de probar a los funcionarios ediles en la medida que estos establecimientos, haciendo tabla rasa de la norma, siguen atendiendo a parroquianos al promediar las primeras horas del día, ocasión en la que suelen promover discusiones, peleas y escándalos de toda clase.
Sin embargo, nada de esto permitirá la actual gestión de Domingo Caldas proceda al cierre definitivo de estos establecimientos pues de acuerdo a lo que ha informado la funcionaria, la ordenanza que será aplicada en estos casos estuvo vigente desde hace 7 años, de allí que la pregunta que se cae de madura es ¿Qué han hecho las autoridades ediles durante todo este tiempo? ¿Qué ha hecho la Municipalidad de Nuevo Chimbote al darle un cheque en blanco a estos malos empresarios que supieron sacar provecho de esta situación?
Pues es evidente que no solo no hicieron nada para detener el atropello a la tranquilidad y el sosiego de su comunidad sino que hasta se permitieron encubrir estas actividades ilícitas en la medida que jamás fiscalizaron su actividad y menos aún se realizaban los operativos de rutina para verificar la presencia de menores y otras infracciones.
Todo ello a despecho de las quejas y denuncias de vecinos y de la comunidad educativa del colegio “Señor de la Vida” que se encuentra a solo unos metros de lugar donde se ubican esta dos discotecas.
Los medios de comunicación fueron los mudos testigos de estas protestas de moradores cansados del ruido y el escándalo, se trata de discotecas que carecen de los más mínimos dispositivos de protección acústica, de tal suerte que el ruido que generan los equipos de música son estridentes y no permiten que los vecinos puedan cerrar los ojos durante todas las noches en los fines de semana.
Lamentablemente, las quejas de los moradores cayó en saco roto, ninguna autoridad edil fue capaz de ponerle la mano a estas actividades que se desarrollaban al margen de la ley en tanto y en cuanto no cumplían los requisitos que establecen las normas.
Y es que este tema ya resulta trillado, muchos deben recordar el triste final de un ex jefe de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa, que fue descubierto negociando con el propietario de una discoteca el famoso certificado que expide este organismo, incluso, en este trance se denunció la intervención de un servidor edil que hacía las veces del “enganche”.
Lo cierto que unos audios pusieron al descubierto a uno de los funcionarios de confianza de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y no le quedó otro camino que renunciar a cargo, aun cuando estuvo a punto de ser enviado al Penal de no haber sido porque su abogado, de manera cuerda y ponderada, le aconsejó que se someta a la confesiónÂÂÂ sincera y reciba los beneficios de la ley para ser condenado con una pena condicional y de esta manera se evite tener que ir preso a la cárcel.
Desde entonces se sabe que estos certificados se negocian, que tienen su precio y por ello es que las discotecas siguen funcionando a pesar que existen normas que lo prohíben, ellos sacan a relucir estos documentos que, en el colmo de la desfachatez, los corruptos los extendieron de manera indefinida.
En el caso de la discoteca “Eisha”, por ejemplo, el propietario esgrimía una licencia que había obtenido por silencio administrativo, es decir, porque su pedido no fue respondido en el plazo de ley por la comuna distrital y, por ende, se entendía que le extendieron la autorización, una jugada muy audaz que tiene todos los ribetes de la arraigada corrupción en los negocios nocturnos de la ciudad.
Lo que no sabía el propietario del local es que esos contubernios que le permitían tener la licencia por omisión a la respuesta de parte de la comuna, solo tienen vigencia de un año, de tal suerte que este año debieron renovarlo pero no lo hicieron, claro, ellos sabían que con esta gestión no les ratificarían el permiso e intentaron hacer valer el antiguo documento como uno permanente.
Sin embargo los funcionarios no cayeron en su cuento, les mostraron las copias de los reglamentos y las ordenanzas, por ello es que fueron cerrados con una clausura transitoria, que no tiene plazo definición y que es difícil de sortear porque jamás podrá regularizar en adelante su licencia porque se ubican en una zona que no está destinada al funcionamiento de discotecas y toda clase de locales de diversión.
Lo cierto es que las funcionarias ediles han demostrado, con reglamentos en la mano, que estas dos discotecas qué le han quitado el sueño a cientos de pobladores de Casuarinas, no podrán reabrir sus establecimientos por la ubicación del colegio “Señor de la Vida”, en realidad nadie se burla de la desgracia de los demás solo saludamos la valentía y jerarquía de funcionarias que no se han detenido ante las presiones y las maldades de elementos del lumpen que han reventado las redes sociales con denuncias y diatribas en su afán de desanimarlas moralmente.
En este caso el alcalde Caldas es consciente que existe un sabio aforismo que dice “la ley es dura, pero es la ley”, es decir, aun cuando la norma implique medidas drásticas y contundentes se tiene que aplicar porque vivimos en un estado de derecho en donde todos tenemos que empezar a respetar las normas.