En medio de una gran expectativa, el pasado lunes 18, al promediar la medianoche, se cumplió el plazo otorgado por el organismo electoral para la presentación de las fórmulas de candidatos para el congreso de la república.
Y, de un primer momento a los periodistas nos parecía haber retrocedido uno o mas años, pues la cantidad de listas de Partidos y movimientos políticos y de candidatos, nos dejaba una sensación a la misma ambición y voracidad de gente que desea ingresar a la política con la sola idea de hacer dinero.
Y es que de 24 movimientos de carácter regional y nacional que tienen inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones, 22 se inscribieron con candidatos en la región Áncash, lo que indicaba que teníamos a 110 posibles candidatos teniendo en cuenta que cada formula lleva a cinco aspirantes.
La cifra es astronómica si se tiene en cuenta que estábamos saliendo de un proceso político contaminado de personajes que solo desacreditaron a la política nacional, de ex congresistas que no solo no dieron la talla para ostentar ese privilegiado cargo, sino que dieron vergüenza ante el país.
Justamente, una de las motivaciones que esgrimió el Presidente de la República para que el pasado 30 de setiembre decida disolver el congreso, al más puro estilo fujimontesinista de los primeros años de la década del 2000, fue la carencia de un Congreso de calidad y de congresistas totalmente desacreditados que solo conspiraban para desestabilizar el país.
Ello implicaba que los objetivos del ejecutivo no eran promover un nuevo congreso “a su medida” sino conseguir que se presenten en la nueva representación legislativa profesionales preparados, personas de trayectoria intachable, candidatos que se encuentren al margen de antecedentes penales y judiciales.
Se buscaba cambiar ese esquema putrefacto en el cual se negociaban los cupos en las listas de los partidos o movimientos, se trataba de dejar atrás las cúpulas que manejan todo a su antojo, se quería que no tengan lugar aquellos que solo buscan que aprovecharse de los cargos y de los beneficios de la condición parlamentaria, como la tristemente célebre inmunidad parlamentaria.
Pero las primeras señas que nos ha dejado la presentación de las listas de candidatos no despeja nuestras dudas, por el contrario, nos muestra que existen las mismas caras de siempre y la incorporación de algunos nuevos rostros que tendrán que hacer denodados esfuerzos para que, por lo menos, un sector de la población electoral de Áncash los conozca y pueda respaldarlos en las urnas.
Sin embargo, en una primera revisión el Jurado Electoral Especial de Huaraz ha detectado que existen hasta 18 candidatos que tienen antecedentes penales, es decir, que han merecido alguna sentencia por diversos juicios, especialmente de pensiones alimentarias y delitos patrimoniales, algunos por abuso de autoridad o por conducir en estado de ebriedad y hasta hay aquellos que han metido la mano en la gestión pública, pues los han juzgado por delito de concusión.
Sin embargo, en estas condiciones no pueden ser habilitados hasta que el organismo electoral determine si cuentan con los documentos que acrediten que se han rehabilitado de las sentencias, que pueda corroborar que se han cumplido con las penas, no solo en lo que respecta a la cantidad de años que se le impusieron sino en las obligaciones accesorias, como el pago de la reparación civil, de multas, etc.
Esto es importante en la medida que .la ley no autoriza a una persona que ha sido pasible de una sentencia judicial condenatoria a postular al cargo, sin embargo, para que ello sea posible se debe tratar de un antecedente superado y que las sanciones que la justicia le impuso a ese candidato hayanÂÂ sido totalmente superadas.
Hay que tener en cuenta que este tema ha sido materia de una amplia discusión y existen proyectos de reforma electoral que buscan que dejar sentada la necesidad de cerrarle el paso a esta clase de candidatos, que advierten que no es posible que alguien que haya sido condenado por la justicia, aun cuando ese antecedente haya sido ya superado, puedan aspirar a ocupar un cargo público.
Solo aquellas personas que arrastran juicios penales pero que no han recibido hasta la fecha de la elección una sentencia en su contra, pueden ser habilitadas para postular en la medida que en estos casos prima la presunción de inocencia.
Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que estos casos deben ser tomados con pinzas pues en el caso de la elección de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García se recuerda que fue ungida cuando ya tenía abiertos haya cuatro juicios penales y muchos decíamos que se tenía que tener en cuenta estos antecedentes que, al final de cuentas, resultaron fatídicos para los intereses de la provincia en la medida que la ex autoridad edil debió permanecer más tiempo como prófuga de la justicia que al frente del cargo, pues fue sentenciadas en dos oportunidades por esas pesquisas pendientes.
Lo mismo ocurrió con el ex Gobernador Waldo Ríos Salcedo, quien hizo denodados esfuerzos para poder jurar el cargo, se endeudó hasta los tuétanos y hasta suscribió un oscuro acuerdo para que 9 personas que hacían alarde de un “extraordinario altruismo”, le “donen” poco más de un millón de soles para pagar su reparación civil. Finalmente, Ríos salcedo tampoco terminó su mandato, fue vacado porque estando en ejercicio de funciones fue condenado por los juicios que tenía pendientes por delitos cometidos en su condición de alcalde de Huaraz.
Lo cierto es que aún no se supera las serias deficiencias en el control de los candidatos que arrastran denuncias y sentencias, es preciso que se legisle con medidas categóricas que no eliminen la posibilidad que entre la gente honesta y dedicada, que tiene muchos deseo de servir al pais, y, por el contrario, se mezclen los mismos rostros de siempre a los cuales les interesa un pepino que en su hoja de vida aparezca algún anticucho que lo convierta en un indeseable.
Veremos que es lo que sucede esta semana pues el Jurado Electoral Especial de Huaraz ingresará a la fase de la calificación de las subsanaciones y decidirá si habilita o no a los candidatos y movimientos. Que no se cometan los mismos errores del pasado en los cuales las propias autoridades electorales permitieron la candidatura de elementos descalificados que, por increíble que parezca, terminaron respaldados por un pueblo que no tiene la costumbre de emitir un voto informado.