No cabe duda alguna que el ejercicio del poder siempre genera controversias, envidias, celos, enfrentamientos y una alta dosis de altanería y arrogancia por parte de quienes habiendo merecido un encargo de importancia no saben medir sus atribuciones o de los que estando afuera reniegan por los merecimientos de quien ha llegado a esa instancia.
De allí que siempre habrá de por medio disputas en torno al manejo de los cargos tanto con los que son pasibles de una denuncia publica como de quienes están dentro de la entidad y pretenden sacar provecho de la posición.
En este marco no se escapa la Subprefectura, que es la representación política de la figura del Presidente de la República, es el ente que representa al poder ejecutivo en una determinada ciudad y aun cuando no cuenta con los alicientes de otras dependencias del estado siempre es materia de cuestionamientos y acusaciones.
Ocurrió hace algunos meses cuando se pudo conocer que los miembros de un movimiento político regional habían “tomado por asalto” las Subprefecturas de la Región Áncash en atención a la presencia de un Prefecto que era cercano al líder de ese movimiento y estaba dispuesto a ponerlo a disposición de los intereses políticos de ese entorno.
La intromisión política era evidente, las escaramuzas se hicieron públicas, hasta que una decisión política nacida en la entrañas del mismísimo Ministerio del Interior, terminó con ese escenario enrarecido por la contaminación partidaria y colocaron a otras autoridades que habría de terminar con ese manejo indebido.
Sin embargo, la semana pasada una noticia llegada desde la misma sede de la región nos alertaba de una inusual protesta por parte de un numeroso grupo de subprefectos de diversas provincias de Ancash.
Se dice que unos 20 subprefectos llegaron a la sede regional para promover un plantón frente a la prefectura regional y demandar de esta manera el cese de la prefecta Eunice Dextre Castillejo, a quien endilgaban graves acusaciones, quien sabe la principal era el cobro de cupos para decidir los nombramientos en sus cargos.
Los protestantes no se guardaron nada y señalaron con el dedo acusador a Henry de Paz, una persona que se afirma sería la pareja sentimental de la Prefecta y que es quien estaría detrás de estos cobros que, por su naturaleza misma, caerían en el campo de la corrupción, de allí que no estábamos ante una simple protesta de tipo político sino ante hechos que ameritan la intervención de otras autoridades.
Incluso, los medios de comunicación no habían escuchado esa clase de quejas recién en esta ocasión sino que ya se señalaba al citado personaje como parte de ese tinglado que, aparentemente, había colmado la paciencia de las autoridades políticas y debieron ponerle coto denunciándolo no solo ante la prensa, sino demandando el cese de la prefecta que, de acuerdo a su denuncia, permitiría que estos malos manejos enturbien su gestión.
Sin embargo, la prefecta no se quedó de brazos cruzados y apenas dos días después de esta desconcertante manifestación, convocó a la prensa huaracina para rechazar las acusaciones de la autoridad política y, reconociendo que se trata de autoridades en ejercicio, aseveró que solo responden a los intereses del ex prefecto Alex Cordero que es quien estaría detrás de esta asonada a decir de la Prefecta.
De la misma manera rechazó los cargos relacionados con el cobro de cupos y consideró que las denuncias solo obedecen a la desesperada actitud de autoridades que han tomado conocimiento que van a ser removidos de sus cargos, pues afirma que se trata de subprefectos de la zona sierra que están identificados con Alex Cordero.
En realidad, no nos puede sino llamar la atención que la prefecta Eunice Dextre responda una denuncia con otra. Que se preocupe de quienes son los que promueven estas quejas lejos de deslindar responsabilidades frente a las incriminaciones que se hacen en su contra y que son bastante delicadas.
Con esta actitud demuestra que se preocupa de los mensajeros lejos de responder el mensaje, cuando lo que se quiere en estos casos es que se haga alarde de probidad y transparencia y para ello se requiere desvirtuar cualquier posibilidad que extraños utilicen su nombre para sacar provecho económico en perjuicio de terceros.
En tal sentido, donde si ha acertado la prefecta es en recurrir a la fiscalía anticorrupción con la finalidad de demandar que se realice una investigación frente a los hechos que se le imputan, por lo menos eso demuestra su plena y absoluta disposición a que se investiguen los graves cargos formulados por los subprefectos de su jurisdicción.
Justamente, este es otro hecho que no deja de llamar la atención pues se afirma que estos subprefectos estarían aliados al ex prefecto regional, empero, la remoción de esta autoridad y el ingreso mismo de la actual prefecta data ya de muchos meses atrás y no se entiende cómo es que autoridades de confianza de quien ya no se encuentran en el cargo continúan en sus puestos, en ese caso la única responsable que la prefecta se encuentre “durmiendo con el enemigo” es ella misma al no haber demandado que se designe a otras autoridades que resulten de su entorno.
Y en medio de todo este escandalete que ha transcendido públicamente como consecuencia de la decisión de los subprefectos de realizar un plantón, no se ha advertido que la oficina de gobierno Interior del Ministerio del Interior, que es la dependencia que tiene que ver con la designación y evaluación de las autoridades políticas en todo el país, no ha dicho hasta el momento “esta boca es mía”, se supone que ante las protestas realizadas la semana pasada en Huaraz debería haber tomado alguna actitud.
Por lo menos, el Ministerio del Interior debió haber renovado la confianza en la prefecta o retirarla del cargo, empero, no ha hecho nada de ello, se mantiene aparentemente al margen cuando lo que se quiere es que intervenga de una buena vez para que no se agrave el enfrentamiento y para que se disponga una investigación a fondo y se deslinden responsabilidades. Esto es imperativo para acabar con toda clase de especulaciones.