No hay regulación normativa:
• Debemos acabar con la opacidad en los arbitrajes con el Estado.
Contraloría busca prevenir conflictos de intereses en contrataciones públicas.
La Contraloría General de la República presentó un proyecto de Decreto de Urgencia (DU) que establece una serie de medidas que garantizarán una mayor transparencia en las actividades que desarrollan los actores vinculados a procesos de contrataciones con el Estado, mecanismos de solución de controversias y defensa de sus intereses.
Tal como había adelantado el contralor general Nelson Shack en su presentación ante un subgrupo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República, esta propuesta nace debido a la problemática ocasionada por la falta de transparencia de los actores vinculados a procesos de contrataciones públicas. “Es necesario transparentar todavía más las actuaciones en la administración pública a la hora de contratar. Debemos acabar con la opacidad en los arbitrajes con el Estado”, afirmó el Contralor.
La norma considera como actores a los supervisores de obra, procuradores públicos, los árbitros, miembros de tribunales arbitrales, conciliadores, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y Amigable Componedor, abogados contratados para defender los intereses del Estado y procuradores públicos.
En ese sentido, comentó que la falta de regulación de medidas de transparencia en los actores clave genera el riesgo que su actuación cause un perjuicio al Estado, ya que sus decisiones impactan en el destino de los recursos públicos.
“Si bien en la actualidad se han hecho esfuerzos por transparentar los arbitrajes, los mismos resultan insuficientes, razón por la cual ponemos a disposición nuestro Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses ya que es el único Sistema que interopera con más de 20 bases de datos públicas (RENIEC, SUNAT, SUNARP, MIGRACIONES, etc), lo que hace posible una fiscalización efectiva. Este sistema viene siendo aplicado, actualmente, en la Contraloría y en algunos Gobiernos Regionales a quienes hemos cedido su utilización”, señaló el Contralor.
Entre las medidas relacionadas a actores vinculados a la solución de controversias derivadas de contratos con el Estado figura la presentación anual de una Declaración Jurada de Intereses ante la Contraloría General de la República (CGR), la misma que será objeto de ratificación o actualización al momento de asumir cargo. “Los árbitros, conciliadores, procuradores y demás tendrán la obligación de contestar los pedidos de información que formule la CGR en el marco de una auditoría”, precisó Shack.
Otra obligación será que las entidades que cursen controversias, publiquen información sobre las actuaciones de los sus procesos arbitrales en trámite o concluidos, por ejemplo, laudos arbitrales, actas de conciliación, propuestas de designación, honorarios profesionales o peritajes pagados, entre otras.
Para el objetivo planteado en la propuesta normativa, se propondrá la flexibilización del principio de confidencialidad que actualmente cubre con un manto de opacidad las actuaciones realizadas, cuando en realidad lo que debería probar es el interés público y por tanto la transparencia por tratarse de recursos del estado, explicó el Contralor General.