El presidente de la república, Martin Vizcarra Cornejo, ha anunciado y puesto en vigencia ayer la inmovilización social a nivel nacional, una nomenclatura que suena mas simpática pero que responde al “toque de queda” que conocemos los peruanos que hemos vivido los estados de excepción que autoriza la constitución política.
Aun cuando el país se mantiene en la “fase 3” de la lucha contra el coronavirus, es decir, en el estado de contaminación social que ha motivado el aislamiento social obligatorio, el jefe de estado se ha visto en la necesidad de implementar el “toque de queda” en la medida que a pesar que el grueso de la población viene acatando la disposición gubernamental, hay un grupo comunitario al que al parecer no le importa un comino su vida y su salud.
Sin embargo, ese pequeño e irresponsable sector de la población no solo expone con esa conducta irreverente su propia salud, sino que está poniendo en peligro la salud de todas las personas, está propiciando que la neutralización de la propagación del virus, que intentan las autoridades y la mayoría de la población, se vaya al tacho de la basura.
De allí que es evidente que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que actuar y hacerlo con las herramientas legales que le confiere la ley, entre ellas los estados de excepción para poder controlar y acabar con los irresponsables que pululan por clubes nocturnos y discotecas que funcionan de manera embozada.
Pero además de este régimen vertical que no permitirá el tránsito peatonal y vehicular durante la noche y la madrugada, el gobierno ha establecido otra prohibición y ella afecta a los vehículos particulares a partir de las 5.00 de la madrugada del día de hoy jueves.
El presidente ha justificado esta medida en razón que se ha advertido que existen muchos vehículos particulares que aun transitan por las calles y lo hacen con el documento que expide el Ministerio del interior a la sola inscripción por la página web, lo que atenta contra los objetivos que se busca para evitar la propagación del coronavirus.
Y es que la estrategia busca que la gente se quede en casa y la existencia de vehículos particulares en las calles desdice ese principio, al margen de los motivos que tenga el chofer para hacerlo, el gobierno quiere que aquel que sale al mercado, a la farmacia o a un centro de salud, que son las tres únicas excepciones que ha establecido este régimen contra el coronavirus, lo haga en los servicios públicos que tiene a la mano.
Esto es contraproducente, por lo menos en nuestra ciudad en donde anteayer vimos a personal policial interviniendo a un colectivero a quien le informaba que no podía circular porque estaba prohibido el desplazamiento de varias personas juntas.
De allí que habrá que acomodarse y ver la manera como se cumplen las restricciones que ha impuesto el gobierno, las cuales se hacen cada vez más estrictas y rigurosas pero que resultan inapelables, lo que lamentamos es que mientras la mayoría de peruanos nos hemos enclaustrados y cumplimos al pie de la letra lo que dispone el gobierno exista un pequeño grupo que se muestra indiferente y como consecuencia de ello se imponen cada día más restricciones.
Como dice el dicho “justos pagan por pecadores” y en este caso se advierte que las medidas responden al castigo contra un pequeño grupo de irresponsables que no ha acatado inicialmente la norma. Se debería ser más estrictos y drásticos contra aquellos y no con la mayoría que pensando en su salud y la de sus familiares dejaron de lado sus propios negocios, sus actividades diarias y sus centros laborales para cuidar y velar por la integridad de todos ellos, pues solo de esa manera se podrá neutralizar el virus que ha provocado una pandemia que muchos jamás vivimos. Esperemos que esta nueva medida cierre el circulo de la prevención que quiere y busca el gobierno.