El día de hoy lunes deberíamos haber vuelto a nuestras actividades diarias. Habría de concluir el período de aislamiento social obligatorio decretado el pasado 15 de este mes por el gobierno nacional con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus.
Y es que el periodo de cuarentena, como se conoce en el vulgo a la medida de aislamiento, comprendía del 16 al 30 de marzo, un periodo en el que se estimaba que podría encapsularse el virus, siempre y cuando este régimen resultase estricto y riguroso, en otras palabras, que no existan transgresiones a la norma.
Y esto ha sido sumamente difícil, miles de personas han violado el aislamiento, de todos los estratos sociales, desde los más humildes que buscaron la manera de sacarle la vuelta a la ley para trabajar y ganarse algo para el día a día, hasta los mas adinerados que creen que la cuarentena se ha hecho para la diversión, la comilona y la chupeta.
Por ello es que al promediar la medida y cuando el Gobierno comenzaba a disponer alicientes para una población que no estaba preparada para un encierro quincenal, se pudo conocer que el virus era comunitario, es decir, que se había expandido desde aquel primer viajero que llegó de Europa y se convirtió en el “paciente cero” hasta muchos otros que llegaron a diferentes puntos del país y no solo contagiaron a sus familiares, sino que regaron la enfermedad por las calles como ha ocurrido en Santa.
Por ello es que el Gobierno se ha visto en la necesidad de implementar otras medidas de asistencia social para poder sostener este nuevo periodo de 13 días que comenzará a computarse desde mañana martes y concluirá el domingo 12 de abril, inclusive.
Estas medidas buscan que amortiguar el fuerte efecto que tiene en la economía doméstica de los peruanos esta paralización prolongada de un mes, se comenzó a través de un bono de subsidio dirigido a los sectores de pobreza y extrema pobreza, que cobraron 380 soles la semana pasada y se aprestan a cobrar otro bono similar esta semana.
Sin embargo, el problema para el gobierno es poder determinar qué familias son las de pobreza y extrema pobreza y para ello utilizó el padrón del SIFOH, Sistema de Focalización de Hogares que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que lo ha elaborado en los últimos años a través de procedimientos nada competentes al extremo que, en su oportunidad, se denunció que se permitió el registro de personas que realmente no tienen esa condición.
Una denuncia relacionada a los padres de una congresista de Piura que aparecían en el padrón de Pensión 65, que es una suerte de hermano del SIFOH, puso al descubierto la precariedad de este registro que, por entonces, no tuvo mucha importancia hasta ahora que muchos afirman y sostienen que hay familias realmente necesitadas que no están en ese registro.
De esto ha tomado nota el Gobierno que, para esta segunda etapa, ha tomado en cuenta a los trabajadores independientes y para ello ha echado mano al Ministerio de Trabajo que en estos años ha registrado a desempleados que buscaron y ocuparon plazas a través de sus programas de “Trabaja Perú”, los programas juveniles, etc.
Pero, en la medida que difícilmente este registro pueda satisfacer todas las necesidades, ha decidido entregar también un bono a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas a través de los registros que tiene la SUNAT y para complementar todo ello ha decidido echar mano de los más de mil municipios provinciales y distritales de todo el país para que distribuyan bolsas de alimentos de primera necesidad a las familias de sus sectores más urgidos.
Para esto ha trasferido más de 200 millones de soles a efectos que los alcaldes se encarguen de comprar y distribuir estos alimentos, empero, la pregunta que muchos se hacen es ¿ha llegado con esto el gobierno a cumplir con todo el país?.
Evidentemente no, hay sectores que debió privilegiar pero que, por cuestiones que nadie entiende, no han sido tomados en cuenta.
Y es que la enfermedad del coronavirus tiene un segmento sumamente vulnerable y son los hombres de la tercera edad, aquellos cuyas defensas no resultan las suficientes como para frenar el mal y suele abatirlos y diezmarlos. Por lo menos hasta el momento las estadísticas señalan que son los hombres y mujeres de edad avanzada los que mayormente han fallecido.
Ello quiere decir que son los llamados “jóvenes del ayer” a los que mas hay que cuidarlos, son ellos los que deben tener a lado sus medicinas y sus dietas propias de esta etapa de su vida y para ello deben contar con los recursos que no le alcanza con una pensión de jubilación que en muchos casos resulta una ofensa en este país.
De allí que tenemos que colegir que el gobierno ha debido considerar este bono solidario a los pensionistas y jubilados de todo el país, ellos están empadronados en la ONOP y no será tan difícil ni complicado disponer su distribución, son los jubilados de la ley 19990 la mayoría en el país, existen otros regímenes menores pero la gran mayoría percibe sumas irrisorias y en este régimen de emergencia deberían ser también pasibles de una asistencia que para su condición tiene mayor justificación.
Existen proyectos de ley que promueven el incremento de las pensiones de los jubilados de todo el país, todos ellos quedaron encarpetados en el anterior congreso y cuando esperaban que se retomen con los nuevos parlamentarios se presenta esta emergencia nacional que ha limitado también las actividades legislativas.
De allí se que el Gobierno debe privilegiar a un segmento olvidado, un numeroso grupo de gente que ha dado todo su esfuerzo y sacrificio trabajando tres y hasta cuatro décadas para obtener una digna jubilación. En tiempos de coronavirus ellos deberían tener una especial atención de nuestros gobernantes.