Tras analizar su pedido en audiencia virtual, el Juez de Investigación Preparatoria, John Pillaca Valdez, decidió revocar la orden de prisión preventiva que pesaba contra el ex alcalde de Nuevo Chimbote, Juan Gascó Barreto y, reformándola, dictó en su contra una orden de comparecencia restringida, en la modalidad de arresto domiciliario.
La decisión obedece a la situación por la que atraviesa el ex alcalde sureño, quien ha cumplido ya tres años y tres meses de reclusión sin que hasta el momento la justicia fuera capaz de dictar una sentencia en su contra y si lo hizo ella fue anulada por la inoperancia de una acusación floja y totalmente confusa.
El ex alcalde solicitó se revoque la medida de prisión debido a su edad y el estado de Salud precario que presenta, pues padece un cuadro de asma complicado por su condición de diabético.
Este solo cuadro es suficiente para que la justicia dicte medidas en preservación de su salud, de allí que, si le sumamos a todo ello la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, y, en particular, la situación preocupante del Penal de Cambio Puente en el que se ha detectado un brote epidémico del COVID 19, entonces era inevitable que se atienda el pedido de excarcelación que viene reclamando hace muchos meses el ex burgomaestre.
Ello porque el establecimiento penitenciario se ha convertido en un grave riesgo para el contagio del COVID 19 y se sabe que cuando esta enfermedad encuentra un cuadro vulnerable el resultado es la muerte de la persona.
De allí que la justicia no se puede convertir en cómplice a la mortal secuela que viene sembrando el nuevo coronavirus y ha decidido que Gasco Barreto afronte el proceso penal que se le sigue en su domicilio, aun cuando ha fijado que este beneficio se extiende por diez meses, lo cual nos parece absurdo si se tiene en cuenta que nos hallamos ante una amenaza mundial que se mantendrá por uno o dos años más.
Sin embargo, estas medidas están sujetas a una ampliación de plazos y eso se verá en su debido momento, lo principal es que se ha cumplido con el ex alcalde de Chimbote un acto de justicia, una excarcelación que debió ejecutarse hace ya más de tres meses, cuando la Sala Penal anuló la sentencia que se dictó en su contra y se encontraron que el acusado ya había cumplido el plazo de prisión señalado en el expediente, empero, la desidia e inoperancia de la dilación de los plazos por parte del Ministerio Público procuraron que se amplíe el plazo de prisión por 10 meses más.
Con la tranquilidad de regresar a su hogar y de alejarse de la amenaza de contagiarse de un mal que le podía provocar la muerte, el ex alcalde Juan Gasco Barreto habría de convertirse en una víctima de un aparato judicial que no cumple la ley, al haberlo mantenido tras las rejas por más de tres años cuando la ley señala que nadie puede ser recluido más allá de ese plazo sin ser objeto de una sentencia. La justicia tarda pero finalmente llega.