Según abogado especialista:
*Reconocido abogado Jesús Gonzales Rentería señala que podrían ser denunciados por omisión de funciones al poner en riesgo la salud de los ancashinos.
Abogado Jesús Gonzales Rentería.
Los consejeros regionales de Áncash que votaron en contra de las compras de emergencia para afrontar la pandemia del Covid-19 desconocen la Ley de Contrataciones del Estado y están incurriendo en el delito de omisión de funciones, así lo aseguró el reconocido abogado Jesús Gonzáles Rentería, quien lamentó que no se está actuando en beneficio de la población ancashina.
“El artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado explica claramente dos causales para las excepciones en adquisiciones, una es por desabastecimiento y la otra por emergencia. Así que la actitud que han tomado deja mucho que desear y quiero pensar que lo hacen por desconocimiento de la norma, porque es evidente que estamos en una situación de emergencia, donde urge hacer compras y no hay tiempo para licitar”, aseveró.
Ante los argumentos que votaron en contra porque los documentos presentados no justificaban la compra inmediata y menos la presencia de las empresas constructoras, Jesús Gonzales señaló que el Consejo Regional de Áncash debe entender que aprobar las compras directas, no significa que los compromete con las personas a quienes se les asigna la obra o el servicio, porque eso corresponde a una segunda fase de su labor y en pleno ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
“Lo único que necesitaron los consejeros para aprobar la compra directa, era tener en mano el informe legal, el informe técnico del área usuaria y la documentación que sustente el estado de emergencia, nada más. No era necesario sustentar la documentación de las compras y señalar al proveedor, solamente que sustente la causal de la emergencia, que es público y se dio con el Decreto de Supremo N° 008-2020”, argumentó.
Por último, el abogado exhortó a los consejeros aprobar las compras de emergencia, porque se necesita actuar de manera urgente y rápida, evitando trámites engorrosos que pongan en riesgo la salud y la vida de la población ancashina. Además, agregó que, de no hacerlo, el Ministerio Público podría actuar de oficio, denunciándolos por el delito de omisión de funciones por poner en riesgo la vida de la ciudadanía.