Leyes que desorganizan la educación, el sistema financiero, el transporte
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
La carrera populista que inició el Ejecutivo durante la pandemia y el estado de emergencia comienza a adquirir niveles impensados en el Congreso. La semana pasada, por ejemplo, se aprobó una ley que restablece en sus puestos a más de 14,000 docentes, directores y subdirectores, excluidos de la carrera docente por falta de méritos y mediocridad. Igualmente, en violación abierta del régimen económico de la Constitución, se pretende aprobar topes a las tasas de interés de los préstamos bancarios. Asimismo, una comisión del Congreso pretende aprobar –a tontas y locas– una reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que, en la práctica, combina el sistema de cuenta individuales con el sistema colectivo de reparto, afectando a los fondos de miles de aportantes del sistema. En el transporte se pretende extender la licencia de las combis por diez años –incluida la amnistía a millonarias deudas en papeletas– y se plantea crear una línea aérea de bandera, pese a lo establecido en la Constitución y las tragedias que nos dejó la experiencia de Aeroperú.
¿Cómo entender estas iniciativas? Una sola explicación: el político irresponsable, el partido político sin compromiso republicano, que solo busca el efecto inmediato. Es decir, el voto de una clientela para enfrentar las próximas elecciones generales. En estos sectores la idea de un proyecto de país en el mediano plazo no cuenta para nada.
Por ejemplo, la ley que restablece en sus puestos a más de 14,000 docentes de la escuela pública, en un solo acto, acaba con una política de Estado de carrera magisterial meritocrática que –más allá de avances y retrocesos– se venía implementando desde el segundo Gobierno del presidente García. La carrera pública magisterial se implementaba a través de concursos públicos permanentes y políticas de capacitación para los docentes; y como parte de este proceso, se habían excluido a los 14,000 exdocentes, hoy repuestos en esa condición por el populismo irresponsable del Congreso. ¿Quiénes son los más afectados con esta decisión? Los niños más pobres del Perú, que deben asistir a una escuela pública a recibir clases de maestros reprobados, sin calificación, y que solo son defendidos por las camarillas sindicales extremistas, ahora respaldados por una convergencia de congresistas populistas.
Si bien es cierto que las últimas gestiones del Ministerio de Educación tiene grave responsabilidad en el debilitamiento de la política meritocrática, sobre todo generando conflictos con el sector privado de la educación –que atiende un tercio de la matrícula y en las pruebas Pisa consigue los mejores puntajes de América Latina– y con los padres de familia por la imposición de las teorías de género, nada, absolutamente nada, justifica la increíble decisión del Congreso de aliarse con la mediocridad para conseguir una clientela electoral.
Otro de los proyectos que revela el populismo y la irresponsabilidad con la economía es el predictamen en la Comisión de Economía que establece topes a las tasas de interés, estableciendo un sistema de control de precios en contra del régimen económico de la Constitución. Los justicieros populistas ni siquiera están enterados de a quienes favorecen y a quienes afectan. Si hay intereses elevados en el sistema, estos solo están vinculados a los préstamos de consumo con dos objetivos: desalentar el crédito irresponsable y garantizar un riesgo mínimo. De cada cinco préstamos de consumo, ahora uno paga sus obligaciones y los cuatro restantes no lo hace. Sin embargo, vale aclarar que los préstamos hipotecarios, los préstamos a las pymes y, en general, los productivos, tienen tasas vinculadas a la inflación y los estándares internacionales.
El gran problema de los topes a las tasas de interés: se afecta principalmente al ahorrista, porque el interés que se cobra explica la ganancia y el riesgo que se proyecta al disponerse los depósitos. ¿Qué hacen entonces los congresistas populistas? Favorecen a los irresponsables y enfilan contra los ahorristas del sistema. El resultado: reducción de préstamos, reducción de ahorro formal y la promoción de una nueva ola de informalidad con el surgimiento de nuevos CLAE.
Si a estos despropósitos, que se aprueban y se pretenden aprobar, le agregamos el intento de extender las licencias de las combis por diez años, algo que, también en el acto, liquidaría cualquier posibilidad de formalización del transporte; si le agregamos las iniciativas para reformar el sistema privado de pensiones, como si los electores hubieran otorgado a los congresistas la facultad de disponer de aportes individuales de toda la vida, ya es hora de exigir a los congresistas que no destruyan más el país.
A estas alturas “las reformas políticas” promovidas por el Ejecutivo comienzan a desencadenar el peor Congreso de la historia del Perú. Con legisladores que le exigen al BCR que financie el hueco fiscal de las leyes que aprueban, tal como sucedía en los ochenta y acaece hoy en Venezuela, no se puede dudar demasiado para llegar a esta terrible conclusión.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)