Primera parte:
Por: CPC Sergio Agurto Fernández
Es difícil imaginar a un país libre de la delincuencia, todos lo tienen, unos más y otros menos, pero lo tienen. Se diría que es un problema sociológico y cultural que se anida en la mente del individuo, robotizándolo. El germen del delito se hereda por generaciones y no se inocula de manera casual, salvo cuando se está vinculado a un entorno social perverso, carente de valores. Tiene raíces genéticas que se transmite de padres a hijos; tan cierto es esto porque hay familias que han hecho del delito una fácil y lucrativa forma de ganarse la vida, y con sus similares forman barrios en las ciudades para brindarse protección y corporativamente seguir por la senda del delito.
Todos tenemos que ser parte de la solución del problema de la inseguridad ciudadana, pero la responsabilidad recae en el Gobierno.
- MINISTERIO DEL INTERIOR
Las acciones delincuenciales han ido mutando con el tiempo, al punto de aparecer nuevas figuras delictivas, cada vez más inmunes a la represión policial y a la justicia; antes la de mayor prevalencia fue el terrorismo y ahora son la delincuencia común y el crimen organizado, pero ambos casos han convertido al territorio nacional en un teatro de operaciones policiales.
Es obvio que el problema de la inseguridad no se resolverá desde un escritorio solo con medidas administrativas, sino también con permanentes trabajos de campo, liderados por el Ministro del Interior, en la capital de la república, y por la máxima autoridad policial en cada región del país. Sabemos que, en las ciudades de mayor incidencia delictiva, se ha hecho un mapeo de las zonas rojas, para ser combatidas con constantes patrullajes y con la intervención a los domicilios que brindan protección a los delincuentes, lo que facilita la acción policial.
Cuando una persona infractora es intervenida por la policía, es común ver que, fantaseando y haciendo alarde de supuestos vínculos al más alto nivel, trata de amedrentarlo para salir airoso; esto no puede seguir así, por eso es importante empoderar al policía, restituyéndole la autoridad perdida, inherente a su cargo, libre de influencias dentro de la jerarquía policial. Cuando esto ocurra, el policía debe saber que está en la obligación de denunciar al infractor, sea uniformado o civil, en la instancia pertinente para que sean sancionados con rigurosidad, ya sea con trabajos comunitarios o con prisión efectiva, como una forma de escarmiento y erradicación definitiva del tráfico de influencias.
Para el efecto se debe tipificar como delito la descarada intromisión de la jerarquía policial, que hace prevalecer su voluntad entre el personal subalterno, impidiéndole actuar con arreglo a ley, en el cumplimiento de sus funciones, cuando son ellos o algunos ciudadanos vinculados a ellos, los infractores de la ley.
Además, hay que reconocer que la tentación del dinero fácil, también corrompe a los malos policías; por su situación estratégica son captados por bandas criminales, o que, en sus rutinarios trabajos de campo, abusan del uniforme para “coimear” a los choferes y también a los mismos policías. Dentro de las obligatorias sanciones administrativas y con el fin de frenar este avance delincuencial uniformado, se debe restablecer la degradación pública de estos indeseables, tal como se hacía en décadas pasadas.
De igual forma se hace necesario considerar que, en vista de los altos índices de criminalidad en las modalidades de sicariato y la de los “marcas”, se debe obligar a la población a bancarizar todas las operaciones dinerarias, haciendo uso de los distintos servicios que brinda la banca comercial; y una alternativa viable podría ser que, a solicitud del cliente, el banco emita talonarios de cheques de gerencia negociables de distinta denominación, al portador o con espacio en blanco para escribir la orden y que reemplazaría al dinero en efectivo, totalmente válido para las transacciones comerciales. Esto no es nada nuevo, en la década de los 80, ya se utilizaban simples cheques emitidas por un banco y eran utilizados como dinero en efectivo de curso legal.
Pero también una acertada forma de prevenir el delito sería, obligando a todos los negocios a colocar un sistema de alarma para ser activadas desde uno o más puntos estratégicos, cuando gente marginal tome por asalto a la empresa. Así mismo admitir como legalmente válido, la figura de la “legítima defensa” cuando sean los ciudadanos de bien, con licencia para portar armas, los que aniquilen a los delincuentes, modificándose o derogando para el efecto todo cuanto instrumento legal se oponga.
- EL MINISTERIO PUBLICO
Está en el punto medio entre los ciudadanos de bien y los transgresores de la ley, nos preguntamos entonces, ¿El Ministerio Público de qué lado está? Aun cuando la respuesta es obvia, sin embargo, es de uso corriente ver cómo los delincuentes son liberados por “falta de pruebas”, pese a ser detenidos en flagrancia. Quizás aquí se tenga que validar la versión policial y fiscal, cuando los hechos sean totalmente evidentes, para reducir las exigencias legales ante la imposibilidad de conseguir la prueba material y con ello agilizar el proceso.
Pero esta conducta permisiva de la Fiscalía con el delincuente, resulta ser una suerte de blindaje legal que estimula la proliferación de los actos delictivos, en desmedro del trabajo policial, cuando se libera a un delincuente, siendo inevitable la sospecha de que algo turbio ocurrió.
Para que el binomio Fiscal-Policía funcione, ambas instituciones deben trabajar despojados de todo protagonismo, a fin de lograr óptimos resultados, no dando pie para que, por ejemplo, el Atestado Policial sufra los reparos del Fiscal, tampoco la Acusación Fiscal sea desestimada por el Juez por “falta de pruebas” o por la mala tipificación del delito, como suele ocurrir con frecuencia.
La identificación de los autores de la comisión de un delito, debe ser como resultado de un trabajo honesto y muy profesional y no por la “autoinculpación” del detenido como producto del castigo físico o del chantaje perpetrado por la Policía o por la Fiscalía o por ambos a la vez, cuando no concluyeron a tiempo con las investigaciones. Esto es de conocimiento público.