SEGUNDA PARTE
Por: CPC Sergio Agurto Fernández
- EL COLEGIO DE ABOGADOS
El Abogado cumple un papel muy importante en la administración de justicia, como defensor de la legalidad, cuidando que se cumpla con el debido proceso y no obstaculizando como habitualmente ocurre, presentando recursos dilatorios con el fin de ganar tiempo. Cuando un Abogado asume la defensa de un caso cualquiera, si fuera uno de flagrancia, por ejemplo, revisa el expediente con el fin de armar su “estrategia de defensa”, que generalmente consiste en emplear argucias legales para conseguir la libertad de su defendido, librado de toda culpa, a pesar de existir la confesión de parte declarando su culpabilidad.
Creemos que en casos así, el patrocinio legal debe estar orientado a proteger los derechos humanos del procesado y no con malas artes tratar de evadir, dilatar, influir o entorpecer el proceso. Una defensa que proteja la consumación del delito, debe ser definitivamente erradicada, creándose en el Poder Judicial un filtro que impida la admisión a trámite de todos los escritos tendenciosos, carentes de motivación y de nuevos aportes jurídicos, evitándose con ello que los juicios sufran las inclemencias del tiempo o el ocaso de los litigantes.
Finalmente, el Colegio debe agregar en su Código de Ética, si es que todavía no existe, un artículo que penalice y sanciones a los miembros de la Orden que incurran en infracciones como las que se indican y que no hacen sino mancillar la prestancia de tan ilustre gremio profesional.
- EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
A nuestro entender, creemos que los señores congresistas han perdido el compás de los acontecimientos, al no haber intentado desde su óptica, hacer un acertado diagnóstico de la realidad nacional, con el fin de proponer soluciones imaginativas, considerando que el Congreso de la República, es un importante Poder del Estado, y no el primero como un político de viejo cuño nos hizo hace creer, aunque ahí es donde se decide el destino del país.
Es obvio que los mayores problemas son: la inseguridad ciudadana, la corrupción y el vergonzoso accionar de los organismos jurisdiccionales, que con sus erradas decisiones generan inseguridad jurídica. Hay en el Congreso, parlamentarios que fueron altos oficiales de la PNP y de las Fuerzas Armadas, nadie mejor que ellos están en la capacidad de diseñar medidas estratégicas para acabar con la delincuencia común y traducirlo en normas legales; asimismo hay parlamentarios abogados, y es de suponer que alguna vez habrán litigado, como para poder interiorizarse de la problemática del sector y proponer medidas para una reforma judicial, o a los vergonzosos fallos judiciales que no guardan equilibrio con el delito cometido; o legislar para permitir que el bolsón de jóvenes desocupados que buscan un empleo, logren encontrarlo, porque hay trabajadores que aún permanecen en sus cargos no obstante haber superado ya la edad límite de jubilación , o sea los 65 años, sin todavía esperar cumplir los 70 años y ser “invitados” (obligados) a renunciar, etc.
Lástima que ellos han caído en la tentación de ser parte de la burocracia congresal, distrayendo el tiempo en actividades intrascendentes, que en nada nos beneficia como ciudadanía, pero delegando en sus asesores la delicada tarea de pensar por ellos, en la formulación de los proyectos de ley; claro siempre habrá excepciones y bien por ellos.
Pero también creemos que el Congreso siempre debe estar por encima de todo relajo o podredumbre moral y permanecer vigilante monitoreando la marcha del país. No basta con aprobar leyes y dejarla a la de Dios su cumplimiento, no señor; con el poder político que tiene, puede intervenir en todas las instancias de la administración pública, sin que esto signifique intromisión, y con un acertado golpe de timón, señalar el camino por el cual debemos de transitar.
- LA CIUDADANIA
La participación de la ciudadanía en este tema es fundamental, es una obligación que todos debemos asumir patrióticamente, ya sea como delatores o informantes de posibles movimientos sospechosos que hubiera en el barrio. Nadie conoce mejor a un vecino que su propio vecino. Para el efecto se debe facilitar al público un número telefónico gratuito, para que pueda brindar información importante, y así se pueda extirpar a esta lacra que tanto daño nos hace como sociedad.
También hay otro elemento adicional a tenerse en cuenta y que consiste en efectuar una consulta al ciudadano común, vía referéndum, para que se pronuncie sobre la conveniencia o no, de volverse a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, la aplicación de la pena de muerte para todas aquellas personas cuyos delitos constituyan un claro desprecio por la vida humana, previo juicio sumario naturalmente, aunque para ello se tenga que efectuar el retiro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) y de cuanta institución exista y de las que el Perú sea suscriptor; quien sabe si cuando se suscribió tales documentos, se hizo o por la presión de los países miembros o porque la incidencia delictiva de entonces no era tan sanguinaria como ahora. Por lo menos permitirá ir eliminando a tanta delincuencia que tiene las manos manchada de sangre, con lo que también se iría ganando espacio en los penales con el fin de recibir a nuevos “huéspedes”.
Pero el referéndum no solo debe estar referido a consultar a la ciudadanía sobre los temas de coyuntura, cuanto mejor sería si fuera por la posibilidad de instalar una asamblea constituyente que reformara íntegramente la Constitución, y no seguir con las modificaciones rutinarias, que más parecen parches o remiendos de una carta magna, algo así como si se quisiera vestir a nuestra sagrada constitución, con harapos legales. Vistamos a ella con un atuendo de gala (normas y principios que perduren en el tiempo), para verla desfilar siempre por la alfombra roja del desarrollo.