Por: CPC Sergio Agurto Fernández
La tecnología que no se renueva al compás del tiempo, cae en la obsolescencia y la empresa deja de ser competitiva; igual ocurre con la mano de obra. Más allá de las consideraciones de tipo afectivo, es importante tener en cuenta que el relevo generacional es básico en toda organización empresarial y también en el Estado; es la oxigenación del área de recursos humanos con refrescantes “piezas de recambio”. La tecnología (capital), la mano de obra (trabajo), junto al Estado, participan activamente en el proceso productivo, creando bienes y servicios expresados en valor monetario y constituye lo que conocemos como Producto Bruto Interno (PBI), o sea el nivel de crecimiento alcanzado por el país en determinado periodo.
En toda la secuencia que va desde la fabricación hasta llegar al mercado, la participación de la mano de obra es fundamental, tanto así que siempre ha merecido la preferente atención del Estado, protegiéndola a través de leyes, normas, reglamentos y costumbres convertidas en derecho, que han asignado al trabajador un status de privilegio, antes y ahora: comunidades laborales, presencia en el Directorio de las empresas, participación anual de las utilidades, etc.
Las largas jornadas de trabajo sin estandarizar el tiempo entre las empresas, desde siempre han sido muy conflictivas, generalmente marcadas por el abuso de la parte patronal, y su regulación hasta llegar a la jornada diaria de las ocho horas, no fue un acto generoso de los gobiernos, sino que obedeció a largas jornadas de luchas callejeras con muchos años de duración, escrita con la sangre de los héroes anónimos que se inmolaron para conseguir este ideal, del que ahora todos disfrutamos.
Pero este rosario de luchas heroicas, también justificaban para reivindicar otro viejo anhelo, como lo es la Ley de Estabilidad Laboral, con la que el Estado protege a todos los trabajadores por igual, evitando los despidos arbitrarios; pero ocurre que la conducta anti laboral de sectores radicales de muchos gremios sindicales, no ayuda en lo absoluto a mantener la paz laboral, con el riesgo de debilitar la vigencia de esta bien ganada ley de protección laboral.
1. SECTOR PRIVADO
Quienes iniciamos nuestra vida laboral a temprana edad, efectuando tareas manuales y trajinando por diferentes empresas, podemos dar fe que casi siempre el trabajador estable, por suerte minoritario pero sí bastante bullanguero, no honra con dignidad la oportunidad que le dieron para hacerse de un puesto de trabajo; muy a menudo y arrastrando a la mayoría a fomentar actuaciones desleales, pone en práctica vicios y malas artes (ocio, paros, huelgas, poco rendimiento y hasta sabotajes) que atentan contra la producción de la empresa; no obstante a constituir un delito y ser una causal de despido, siempre encuentra el reprochable amparo del gremio sindical que lo cobija.
Hasta las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, todas las remuneraciones sin importar el monto, eran pagadas por planilla y contribuían con los aportes sociales; era una buena costumbre que se ha ido perdiendo en el tiempo, hasta llegar a la informalidad de hoy, que se paga con recibo. Por aquel entonces era frecuente mudarse de una empresa a otra en busca de mejoras económicas, porque había trabajo. Este auge empresarial dio lugar a la migración del campo a la ciudad, de familias enteras que llegaban buscando alcanzar mejores niveles de vida. Claro, los tiempos han cambiado; ahora hay muchos miles de jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral, donde los puestos de trabajo escasean y el bolsón de gente desocupada, aumenta inconteniblemente. Todos pugnan por conseguir un empleo formal, cuyo logro equivale más o menos al premio mayor de una lotería.
2. EL SECTOR PUBLICO
Aquí el asunto es mucho más crítico, la administración pública está sobredimensionada, en ella conviven diversos regímenes laborales con desiguales escalas remunerativas. Han tratado de unificarlas a través de la Ley Servir, pero los engreídos de siempre empezaron por alborotar el ambiente y elevaron sus reclamos ante el Tribunal Constitucional, exigiendo la “intangibilidad de sus derechos”, olvidando la horizontalidad (igual para todos) en la aplicación de la ley. La presión que se ejerce en contra del TC, es muy fuerte; hay una indolente burocracia dorada que no se resigna a perder sus privilegios de antaño y siempre está batallando para impedirlo.
En la administración pública existen sindicatos conformados generalmente por gente conflictiva y de bajo rendimiento laboral, que han hecho del ocio remunerado una desvergonzada forma de “trabajar”, salvo pocas excepciones, cuyos dirigentes gozan de injustificados privilegios, amparados por la ley que los encasillan en el cargo ilimitadamente. Se autoproclaman de fiscalizadores con derecho a cogobernar, proponen y exigen cambio de autoridades, colocan a nuevos trabajadores previo pago de sobornos, con la venia de la autoridad, se supone; esto se da en todo el aparato estatal; se debe investigar y sancionar a todos los corruptos. Disfrazados de aparentes demandas laborales empujan a la masa a efectuar paros, huelgas y hasta tomas de local, sin que nada ni nadie los detenga. Es decir que todo es un verdadero caos. Las autoridades con capacidad de decisión, miran tangencialmente al problema, sin la intención de abordarlo.
Los activistas de estos gremios son los que menos trabajan, pero quieren ganar más, los aumentos remunerativos eran horizontales, igual para todos, tanto para los que trabajan como para los que no trabajan. Cada quien debe forjar su propio destino laboral, y el trabajador que se identifica meritocráticamente con el puesto asignado, será de justicia percibir un sueldo y aumentos salariales diferenciados. Todo esto nos consta, por haber sido testigos presenciales y por provenir laboralmente del sector público.
Entonces, ¿Qué hacer? Entre otras acciones sugerimos lo siguiente:
a) Hacer extensiva en toda la administración pública, lo aplicado en el Sector Educación: cesar a todos los trabajadores que ya cumplieron los 65 años de edad, a fin de oxigenar el aparato estatal con nuevos recursos humanos, incorporándolos a la carrera pública y con ello disminuir los elevados índices de desempleo.
b) Se debe eliminar la “licencia sindical”, que beneficia a toda la cúpula dirigencial, so pretexto de brindar defensa a los trabajadores, vegetan en la institución los 365 días del año, cobrando sin trabajar. Sino pasen revista a estos elementos luego de dejar el cargo, ¿Dónde están?, simplemente amontonados como inservibles en un rincón del almacén; y si no les asignan funciones, por algo será, ¿No creen? El empleado público no necesita que nadie lo defienda, administrativamente, conoce el camino para defenderse solo, cuando siente los rigores de la injusticia.
c) También se debe eliminar la “licencia sin goce de haber”, que hacen uso y abuso los trabajadores de la administración pública, para incursionar en la vida política del país.
d) Impedir que la empleocracia estatal, indebidamente siga disfrutando de las multas que imponen al sector privado, infractor de alguna norma, bajo la denominación de “productividad”, para distribuirlo entre todos los trabajadores cada fin de año, como una forma de reparto de utilidades, tal cual lo hacen las empresas. Entonces esto explica por qué tales funcionarios son tan empeñosos en sancionar y cobrar las multas, muchas veces mal habidas. Las multas que se aplican a Petroperú, por ejemplo, por el derrame de petróleo en la selva, obligatoriamente debe ser utilizada en reparar el daño social de las comunidades nativas afectadas; y por analogía debe de procederse de la misma forma con otras entidades. Resulta moralmente injustificado que multas así, vayan a parar a los bolsillos de una burocracia, que muchas veces no justifica su presencia en el aparato estatal.
Todas las multas generadas por los organismos públicos, deben ir a un fondo especial que puede llamarse: “Apoyo a las Fronteras Vivas”, existentes en los tres puntos cardinales (norte, este y sur), a fin de que la presencia del Estado se deje sentir, efectuándose obras de infraestructura física, para sacar del aislamiento a muchos de ellos, que por su atraso son una vergüenza frente a las fronteras vecinas, a las que nuestros connacionales recurren buscando soluciones a sus problemas de salud, o en la necesidad de conseguir vínculos laborales, o a efectuar actos de comercio pero utilizando la moneda de esos países.
e) Implantar una vigilancia permanente y sancionar a los corruptos que actúan cuando se sacan a “concurso” (subasta al mejor postor) las plazas vacantes. Por ejemplo, las plazas orgánicas tienen un precio y las del CAS tienen otro precio. En provincias el jefe de personal es el funcionario corrupto, y también lo son o el director o el administrador o los dos a la vez, porque es difícil creer que no sepan del robo descarado que hace su subalterno. En los gobiernos regionales son o la esposa o los parientes del gobernador, pero alguien cobra y hacen tráfico de influencias, porque no es fácil ni gratis conseguir empleo; en las municipalidades se procede igual. En la administración pública nada es gratuito, por los altos niveles de corrupción que existe. Las acciones de personal, por ejemplo, (destaques, permutas, traslados, entre otras) tienen un precio, algunas veces muy oneroso por su cuantía.
Es un escándalo que ningún afectado lo denuncia, por precaución o para evitarse represalias. Cada vez que hay un concurso público, ya sea para la adjudicación de plazas o para el ingreso a la Escuela de Sub Oficiales de la PNP, por ejemplo, la inquietud de los participantes es saber, “cuánto se tendrá que pagar esta vez”. En cada uno de estos eventos, los órganos de control, no sé de qué nivel, deben infiltrarse para conocer de buena fuente esto lo que aquí se dice y que es de dominio público por ser un problema nacional; o previo convenio con SERPOST, se debe instalar en una dependencia policial un “buzón anticorrupción” con conexión directa a la Contraloría General de la República, para que quienes se sientan afectados en sus derechos o detecten signos de corrupción , puedan formular sus denuncias, las que serán tratados con la más absoluta confidencialidad.