RESPALDO
La asamblea nacional de Gobiernos Regionales emitió ayer un pronunciamiento público mediante el cual rechaza de manera categórica las medidas judiciales que han derivado en la detención preliminar del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa y en el pedido de destitución del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Y es que el gremio que agrupa a los gobernadores de todo el país está advirtiendo que los jueces y fiscales pretender responsabilizar a los gobernadores de la crítica situación del sistema sanitario del país y de las graves consecuencia de pandemia, es mas existe allí un tufo de criminilización de las acciones de los gobernadores para disponer los recursos que la ley autoriza en esta emergencia. Este parece ser el quid del asunto, pues los jueces están direccionando los cargos contra los gobernadores bajo supuestos de COLUSION, es decir, el contubernio del funcionario público con los empresarios para aprovecharse de los recursos que se destinan a la emergencia del Covid 19. Sin embargo, los fiscales y jueces parecen no advertir que no existen procesos de selección en la compra de equipos y ejecución de obras que se han realizado, justamente, una emergencia establece que se hagan compras directas para impedir que un proceso de adquisición se vea trabado por la formalidades de una licitación. Si esto es así, como calificar de colusión a lo que la ley autoriza, es decir, una compra directa, y, es que desde anteanoche estamos escuchando en los noticiarios nacionales que habían detenido al Gobernador de Ancash por haber “direccionado” las licitaciones hacia determinadas empresas. Esto no existe en el caso de Ancash y de ninguna otra dependencia pública porque la emergencia sanitaria los eximió de procesos de selección y si la ley lo dispone así los jueces y fiscales no pueden exigir lo contrario. Por ello es que la ANRG no solo expresa su solidaridad con el gobernador de Ancash sino que sentencia de manera expresa “los jueces no pueden generar causales no previstas en la ley para pretender destituir u ordenar la detención de un gobernador que ha sido elegido por el voto popular”.
DIVIAC
A propósito de la medida de decisión preliminar que se ha dictado contra el Gobernador Regional y varios de sus funcionarios, no puede pasar inadvertida la observación que ha hecho el abogado defensor del Gobernador, Carlos Fernández Beltrán, respecto a la participación de la DIVIAC de Lima en la ciudad de Huaraz, para ejecutar el arresto y los allanamientos solicitados por la Fiscalía. Ya con antelación el letrado había deslizado la presunta motivación política que existe detrás de las actuaciones que se realizan contra su patrocinado, inclusive, advirtió que la Fiscal Adjunta que incursiona en las oficinas regionales es hermana de un ex funcionario que la actual gestión destituyó por irregularidades en sus funciones, lo que dejaría margen para pensar que hay allí una posibilidad de vindicta. Sin embargo, el caso de la DIVIAC si es sintomático en la medida que es una Policía política, es una unidad que se ha formado para disponer los actos de gobierno, ha sucedido con los casos de los ex gobernantes del país, como la frustrada detención de Alan García, quien se suicidó para evitar la humillación a la que pretendían someterlo con esta unidad. ¿que hacia la DIVIAC en Huaraz? ¿Cómo viajaron la noche anterior a Huaraz sino se conocía la resolución de detención preliminar del Juez? ¿es acaso solo una coincidencia o es que ya se sabía lo que venía y desplazaron unidades especializadas para perseguir a los funcionarios regionales? Esperemos sea solo una coincidencia, sin embargo, no lo parece.
TANGAY
Ha sido un acierto del alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas Egúsquiza, disponer el traslado de una de las modernas unidades del Serenazgo hacia la zona rural de Tangay, a efectos que se realice un patrullaje y custodia en las calles de este centro poblado. Es acertada porque de esta manera demuestra el interés que ninguna otra autoridad depositó en una zona alejada pero que forma parte del distrito, en donde viven y residen miles de familias que constantemente están expuestas al accionar de los delincuentes en la medida que en ese lugar no existe un patrullaje policial. Ahora, los serenos tienen contacto directo con la Policía en caso se requiera su participación, empero, su sola presencia evitará que los delincuentes actúen a sus anchas y por lo menos se garantice la tranquilidad de una zona que tradicionalmente ha sido postergada.